Es muy claro, a esta altura, que la crisis de gabinete desatada en torno de las tarifas eléctricas es apenas el emergente de una crisis mayor. En torno de los aumentos de los próximos meses para la boleta de luz, han estallado un conjunto de choques que involucran al régimen político en su conjunto. Una vez más, en el telón de fondo se encuentran la pandemia, y una gestión de Estado vertebrada en torno de intereses capitalistas.
Tarifas, salarios, inflación y ayuda social, los ejes de las internas en el oficialismo
El ministro Guzmán reclama un aumento inmediato de las tarifas eléctricas del 15%. El subsecretario Basualdo, y, según parece, el ala cristinista del gobierno, plantea que ese incremento sólo alcance al 8% ahora, y que un mazazo posterior quede reservado para después de las elecciones. En el manual de maniobras políticas de los partidos del “orden”, el tarifazo postelectoral suele ser un capítulo obligado, sin importar acá la conocida ‘grieta’ entre oficialistas o macristas. En cualquier caso, ambos acuerdan con proceder a la segmentación tarifaria, que suele ser promovida con el argumento de la ‘equidad’ social. En un país donde el 'impuesto a las ganancias' se aplica sobre salarios que rozan la canasta familiar, el destino de esa ‘segmentación’ es previsible: consiste en decargar el peso de los tarifazos sobre los asalariados, a quienes se coloca en la categoría de “privilegiados”. Luego, reservarán una tarifa social a quienes, de todos modos, ya no la pueden pagar. No es un secreto que, en el conurbano profundo, una reanudación de cortes de luz por falta de pago conduciría a un apagón compulsivo. La discusión sobre si un tarifazo debe ser antes o después de las elecciones caracteriza, en verdad, a la orientación social de los bandos oficialistas en pugna.
En esta pelea, sin embargo, hay dos cuestiones que no se dicen: en la ‘segmentación’ no escrita del régimen tarifario vigente en la Argentina, desde las privatizaciones eléctricas, el privilegiado número uno es el gran capital industrial, que obtiene tarifas preferenciales en el mercado mayorista eléctrico.
La segunda cuestión tiene que ver con la base de la cadena energética, que es el gas que alimenta a buena parte de las centrales termoeléctricas. El mismo gobierno que ‘controla’ la tarifa eléctrica se encarga de dolarizar los contratos de extracción de gas, en beneficio de las petroleras. La tijera entre el gas dolarizado y la energía pesificada se cubre con los generosos subsidios que embolsan los Mindlin, Caputo, AES y otros consorcios capitalistas volcados al negocio de la energía. El régimen de subsidios -4500 millones de dólares anuales- sostiene la viabilidad de ese negocio y de sus beneficiarios, y no a los usuarios que en abrumadora mayoría no cubren los gastos de su canasta familiar.
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Al lobby del tarifazo, se ha sumado en las últimas horas el rubro digital. En efecto: una cámara federal ha suspendido el DNU que declaró como ‘servicio público’ a las telecomunicaciones. Como el Ente regulador del gobierno (Enacom) ha apelado a la Corte, el máximo tribunal será el árbitro de otro flanco crucial de la política tarifaria.
Pero la crisis de las tarifases inseparable del debate más general sobre el presupuesto y la política económica oficial. La exigencia de ajuste fiscal que el ministro Guzmán trajo de su gira por Europa pivotea sobre dos ejes: uno, el ya mencionado de los aumentos tarifarios, para reducir los subsidios a la energía. El otro, es el reclamo de ‘no cerrar la economía’ en medio de la crisis pandémica.
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Las informaciones de estos días señalan que el ministro de Economía revisó, con el presidente, los detalles del último decreto presidencial sobre las restricciones a la circulación. Por lo visto, la última palabra sobre la política sanitaria no la tienen los infectólogos que se juntan con el presidente, sino los fondos internacionales y el directorio del FMI, con cuyos representantes europeos Guzmán se había reunido días atrás.
La refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares con el organismo, y algún corrimiento en los pagos que deben hacerse este año, están condicionados a que la política de ajuste fiscal comience a aplicarse desde el vamos. Aunque el Frente de Todos ya concedió la desindexación jubilatoria, en la agenda del ajuste se encuentran otras cuestiones cruciales. Por lo pronto, está la negativa a financiar cualquier asistencia social y sanitaria excepcional en medio de la segunda ola del Covid. El mensaje es claro: el presupuesto nacional debe ordenarse de acuerdo a las exigencias de los acreedores de la deuda pública, no de las necesidades de los centros de salud. La economía ‘no se cierra’, aunque los contagios vengan degollando. Para refrendar esta orientación, la Corte suprema –la misma que entenderá en la cuestión de las tarifas de telecomunicaciones- acaba de avalar la “presencialidad escolar” del macrismo, la nave insignia del aperturismo económico.
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Al igual que con las tarifas, el camporismo-kirchnerismo fantasea con postergar las medidas de ajuste para después de octubre/ noviembre. Pero el capital internacional y los dueños locales del capital agrario e industrial no reciben cheques postdatados. Y tienen recursos para demostrar su impaciencia: Templeton y Pimco retienen 3000 millones de dólares en el mercado financiero local, pero están dispuestos a hacer saltar las reservas internacionales –y la frágil estantería del dólar- en aras de un retiro fulminante del mercado. Los dólares de la soja sólo ingresarán hasta junio, siempre y cuando el capital agrario no resuelva sentarse primero sobre los silo bolsas. El festejado “mercado en pesos” de Guzmán se sostiene a tasas cada vez más altas, y con colocaciones de más breve vencimiento. Mientras tanto, la bola de nieve de las Leliqs se retroalimenta sola, pues el Banco Central se endeuda para absorber los pesos que emite, a su turno, para remunerar los vencimientos de deuda anterior. Es esta acumulación de contradicciones insostenibles en el tiempo, y no sólo las tarifas, las que están agotando el oxígeno político de Guzmán.
En definitiva, asoma la completa incompatibilidad entre un régimen político y social diseñado para los acreedores de la deuda pública, de un lado, y una crisis sanitaria y social que se ha tornado crisis humanitaria, en el país y en el mundo. Cuando la humanidad no ‘respira’, el poder político privilegia a las Leliqs, no a los respiradores.
La reacción de la mayoría laboriosa a esta situación intolerable recorre al continente, y no dejará de manifestarse -como de hecho ya ocurre- en Argentina.
Tenemos que partir de este escenario de conjunto para discutir un programa, una lucha y una perspectiva política superior para el mundo del trabajo.
