Luego de un viernes de extrema tensión, por el "corticircuito" entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Federico Basualdo, con versiones de renuncia luego desmentidas, el Gobierno publicó este sábado en el Boletín Oficial el incremento de tarifas energéticas de un 9 por ciento promedio para usuarios residenciales en el AMBA que regirá a partir de mayo.
La interna eléctrica en el seno del Gobierno está al rojo vivo, porque Guzmán pretende separar a Basualdo de la gestión, y este resistió las versiones de su alejamiento este viernes, apoyado en sus vinculaciones con el kirchnerismo, pero la situación puede terminar con el propio Guzmán en una encrucijada, ante la obvia desautorización que significaría no poder echar a un funcionario de nivel inferior de su propia estructura ministerial.
Mientras tanto, la suba oficializada por el Gobierno incluye a las tarifas de transición fijadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) luego de las audiencias públicas realizadas en marzo.
"En el marco de este esquema tarifario de Transición del servicio de Distribución de energía, la Secretaría de Energía entendió oportuno y conveniente que el ENRE, en el marco del proceso de negociación del acta acuerdo de transición, realice una adecuación del nueve por ciento (9%) a aplicar sobre la tarifa final a los usuarios", se indicó en la publicación.
La Resolución 107/2021 aclaró que "la prioridad es acompañar a los sectores populares y a la clase media propiciando la reactivación de la actividad económica y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras". "En ese contexto, el servicio eléctrico es un pilar indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo", consideró.
La norma puntualiza que de haberse mantenido la política tarifaria del Gobierno anterior, sumado a la quita total de los subsidios, "a febrero de 2021 los usuarios residenciales habrían tenido que afrontar un 168% de aumento en sus facturas".
Asimismo se establece que la medida -que alcanza a los usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur- se tomó luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, según se informó el viernes.
El encuentro entre el jefe de Estado y sus ministros, según trascendió, terminó con el pedido de renuncia al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, en el marco de una interna entre quienes querían que las tarifas continuaran sin modificaciones y los que consideraban que debía empezar a actualizarse el precio.
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De este modo, el Gobierno comienza a transitar el sendero del descongelamiento tarifario, a partir de un esquema de ajustes graduales. Las tarifas de electricidad no aumentaban desde diciembre de 2019, cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una de las primeras medidas que aplicó la administración de Fernández.
La última prórroga del congelamiento se dispuso en diciembre de 2020, momento en el cual el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de luz y el gas. Con el congelamiento, en apenas el primer trimestre de 2021 el Estado nacional destinó $185.000 millones en subsidios para mantenerlas congeladas.
Esa cifra implica un incremento de 73% medido en forma nominal con relación a los $107.000 millones del mismo período de 2020, de acuerdo con cifras oficiales. La reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos es uno de los puntos centrales para que el Poder Ejecutivo logre cerrar el año con un déficit primario en torno al 4,5%.
Las audiencias públicas para las "tarifas de transición" de la energía eléctrica se realizaron entre el 29 y el 30 de marzo, a cargo de la interventora del ENRE, María Soledad Manín. En esa oportunidad, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur habían reclamado subas de entre 28% y 34% para clientes residenciales, y de hasta 45% para el resto de los usuarios, en el marco de la audiencia pública en la que se debatió el ajuste que en forma transitoria regirá hasta 2023.
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