El mileísmo llegó al poder con una promesa económica, pero su ambición verdadera fue bastante más profunda: modificar el principio alrededor del cual la Argentina había organizado, con avances y retrocesos, buena parte de su vida común. La gran disputa de estos mil días de gobierno excedió al déficit fiscal o al tamaño del Estado. Desde la perspectiva de eso que se llama batalla cultural, Milei vino a disputar la idea de la justicia social.
Desde Davos hasta sus intervenciones ante auditorios empresariales, Milei ha definido la justicia social como una aberración moral, una forma de robo ejercida mediante la violencia estatal. Allí aparece el núcleo filosófico de su gobierno. Porque la justicia social, en la tradición política argentina, señala algo que trasciende la redistribución del ingreso. Expresa la idea de que la libertad jurídica se vuelve una abstracción cuando las condiciones materiales condenan a una parte de la sociedad a vivir a la intemperie. La tradición del constitucionalismo social que comenzó en 1949, sobrevivió en el artículo 14 bis y alcanzó en 1994 una formulación inequívoca: el artículo 75 inciso 19 encomienda al Estado promover el “progreso económico con justicia social”, junto con la investigación científica y tecnológica y el crecimiento armónico de la Nación y sus regiones. Desarrollo, conocimiento, justicia y territorio son entonces dimensiones inseparables de un mismo proyecto nacional.
Cuando el presupuesto destinado a ciencia y tecnología pierde alrededor de la mitad de su valor real respecto de 2023, o cuando las universidades nacionales atraviesan un recorte presupuestario de una magnitud desconocida en décadas, el daño supera a los laboratorios que suspenden proyectos y a los docentes que pierden salario. Se erosiona la capacidad de una comunidad para producir su propio conocimientoy pensar su futuro. El desfinanciamiento científico constituye, en ese sentido, una política de dependencia. Y, sobre todo, en una época en la que se discute el futuro de la humanidad a propósito de los avances de la inteligencia artificial.
La situación de la universidad pública muestra con especial claridad el alcance político de estos mil días. El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y, después de que el Poder Legislativo insistiera con su aprobación, demoró y resistió su cumplimiento. Más tarde, la Justicia ordenó aplicar aspectos centrales de la norma y la Corte Suprema dejó firme esa decisión. Aun así, los actores universitarios, movilizados por sus representaciones gremiales, continuaron reclamando su ejecución efectiva. El problema excede, por lo tanto, la cuestión presupuestaria. Es notable como un gobierno que reclama obediencia irrestricta a las reglas del mercado desconoce una ley sancionada por el Congreso.Yhasta persiste en esa conducta después de una decisión judicial.
Alguien afirmó, apenas asumido Milei,que se empezaba a implementar una suerte de “genocidio por goteo”. Un cambio de régimen que ataca vidas y produce cada vez más desigualdad. Para ello alcanza con retirar persistentemente los pequeños (o no tan pequeños) soportes que hacen posible la existencia: medicamentos, tratamientos, ingresos, transporte, instituciones, cuidados, tarifas. Foucault describió una de las dimensiones más oscuras del poder moderno mediante la posibilidad de “dejar morir”. En estos mil días, hay constantes que se verifican: el Estado convierte el abandono en método y, al mismo tiempo, presenta la vulnerabilidad como un problema estrictamente privado.
Los jubilados y las personas con discapacidad muestran con particular crueldad esta nueva“moral de estado”. Prueba de ello fueron el veto a la recomposición jubilatoria y a la emergencia en discapacidad. El Congreso debió insistir con la ley de discapacidad después del veto presidencial, mientras su aplicación atravesaba nuevas resistencias. En el sistema previsional, el bono destinado a quienes cobran los haberes más bajos lleva más de dos años congelado y perdió más de la mitad de su poder adquisitivo.
La misma lógica alcanza al territorio. El retiro de la obra pública nacional, el repliegue sobre rutas e infraestructura y la arquitectura jurídica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones dibujan otra geografía de la Argentina. Litio, cobre, oro, gas y petróleo adquieren una centralidad extraordinaria mientras pierden densidad las mediaciones destinadas a integrar regiones, agregar valor, poblar, investigar y distribuir capacidades. El problema jamás fueron las inversiones. La pregunta decisiva consiste en saber quién captura la renta, cuánto conocimiento y trabajo argentino producen y qué queda en el territorio cuando el recurso se va.
Mil días después, el mileísmo aparece entonces como un proyecto de cambio de régimen en un sentido más profundo que el institucional. Alcanza con reducir lo común a una suma de individuos que compiten por recursos escasos y sustituir la idea de derechos por la capacidad privada de pagarlos. La democracia social había establecido que ciertas condiciones elementales de existencia debían quedar a resguardo del azar del mercado. En cambio, la democracia de baja intensidad acepta que la salud, el conocimiento, la vejez, el cuidado y hasta el territorio sean organizados crecientemente según la lógica de la rentabilidad. Mientras, y este no es un tema menor, las familias argentinas se endeudan para sobrevivir y la mora llega a cifras históricas en nuestra nación.
En definitiva, la discusión que estamos teniendo hoy es: ¿qué significa pertenecer a una comunidad política? La justicia social expresa, en su fondo más profundo, la convicción de que el destino del otro forma parte de mi propio destino y que la libertad necesita un suelo común para poder ejercerse. De un lado aparece un país concebido como comunidad de destino, capaz de integrar su territorio y gobernar sus recursos con la finalidad de que sus habitantes tengan futuro y puedan vivir. Pero vivir bien.Del otro, aparece una sociedad de individuos librados a sus propios recursos, sobre un territorio cada vez más organizado según las necesidades del capital antes que las de la comunidad. La pregunta que comienza a abrirse ahora es si, después de haber aceptado la discusión sobre el tamaño del Estado, la Argentina está dispuesta a entregar también la idea misma de comunidad.
*Filósofo.
