Hay algo paradójico en la propuesta que Javier Milei formula para la inteligencia artificial. Mientras las principales potencias del mundo consideran que la IA constituye una cuestión estratégica vinculada al poder nacional, la seguridad, la competitividad industrial y la soberanía tecnológica, el presidente argentino propone exactamente lo contrario: reducir la intervención estatal al mínimo posible y confiar en que el mercado resolverá por sí solo los desafíos de la nueva revolución tecnológica.
Sin embargo, basta observar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, China o la Unión Europea para advertir que la discusión contemporánea ya no gira en torno a cuánto Estado o cuánto mercado requiere la innovación. La pregunta central es otra: quién controla las infraestructuras tecnológicas que organizarán la economía, la información, la producción de conocimiento y, cada vez más, los procesos de decisión colectiva.
La inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión de poder. Poder económico, porque redefine la productividad y la competitividad. Poder político, porque influye sobre la circulación de información y la formación de preferencias. Poder geopolítico, porque determina la posición relativa de los Estados en la competencia internacional. Y también poder cultural, porque modifica la manera en que las sociedades producen conocimiento, construyen sentidos compartidos y se relacionan con la propia condición humana.
Por eso resulta llamativo que la respuesta presidencial consista en recuperar una visión propia de los albores del capitalismo industrial, como si la revolución algorítmica pudiera abordarse con las mismas categorías utilizadas para pensar el comercio marítimo del siglo XVII. El problema de nuestro tiempo no es la escasez de regulación. El problema es la concentración creciente de capacidades tecnológicas sin precedentes en la historia humana.
La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se observan los debates que atraviesan a las propias élites tecnológicas estadounidenses. Buena parte de los autores y empresarios que suelen ser reivindicados por los sectores libertarios han llegado, en realidad, a conclusiones muy diferentes de las que propone Milei. Peter Thiel, una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, construyó buena parte de su reflexión sobre una crítica a la idea de que la competencia de mercado constituye por sí sola el motor de la innovación. Su preocupación central no gira en torno a la reducción del Estado, sino alrededor de la capacidad de Occidente para sostener ventajas tecnológicas estratégicas en un contexto de creciente rivalidad internacional. De manera similar, Alexander Karp, fundador de Palantir y una de las voces más influyentes del actual ecosistema tecnológico estadounidense, sostiene que las democracias occidentales enfrentan un problema de debilitamiento estratégico derivado de la creciente distancia entre las capacidades tecnológicas y los objetivos nacionales.
Lo verdaderamente significativo es que ninguno de ellos imagina un futuro definido por la desaparición del Estado. Por el contrario, ambos parten de una premisa que se ha vuelto cada vez más visible en Washington, Bruselas y Beijing: la tecnología constituye una dimensión central del poder nacional. La disputa por los semiconductores avanzados, las restricciones a la exportación de tecnologías críticas, la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial, las inversiones masivas en infraestructura digital y las nuevas políticas industriales impulsadas por las principales potencias reflejan precisamente esa convicción. La cuestión tecnológica ha dejado de ser considerada únicamente como un asunto económico para convertirse en uno de los principales terrenos de la competencia geopolítica contemporánea.
En este sentido, el debate actual ya no enfrenta simplemente a quienes defienden más Estado contra quienes defienden más mercado. Lo que está en discusión son distintas formas de organizar y gobernar el poder tecnológico. Incluso los sectores más dinámicos del capitalismo digital comprenden que los algoritmos, los datos, la capacidad computacional y las redes digitales constituyen activos estratégicos cuya importancia resulta comparable a la que tuvieron el petróleo, la energía o las infraestructuras de transporte durante las grandes transformaciones industriales del pasado. La cuestión central ya no reside en la propiedad formal de estas tecnologías, sino en la capacidad efectiva de orientar sus usos, distribuir sus beneficios y establecer los límites dentro de los cuales operarán. En otras palabras, la discusión remite a un problema clásico de la política: cómo se organiza y se legitima el ejercicio del poder en una nueva etapa histórica.
Desde esta perspectiva, la propuesta presidencial corre el riesgo de producir exactamente el resultado contrario al que promete. En nombre de la libertad podría terminar consolidando nuevas formas de concentración de poder. En nombre de la innovación podría profundizar dependencias tecnológicas difíciles de revertir. Y en nombre del mercado podría acelerar la transferencia de capacidades estratégicas hacia un número cada vez más reducido de actores capaces de controlar datos, algoritmos, infraestructura digital y recursos computacionales a escala global. No es casual que diversos autores hayan comenzado a describir este fenómeno mediante conceptos como capitalismo de plataformas, capitalismo de vigilancia o incluso tecnofeudalismo. Más allá de sus diferencias, todas estas interpretaciones señalan un fenómeno que debería preocupar especialmente a las sociedades democráticas: la emergencia de actores privados que acumulan niveles de información, capacidad tecnológica y poder de intervención social que, en algunos aspectos, comienzan a rivalizar con atribuciones que históricamente estuvieron reservadas a los propios Estados.
* Politólogo y ex embajador de Argentina en China.
