Hace un mes, el Observatorio Argentinos por la Educación lanzó un llamado a una campaña electoral que haga explícitas las propuestas en educación.
A la hora de evaluarlas, cabe preguntarse en qué situación se encuentra la Educación en Argentina, y sobre todo qué implica esta elección para el proceso educativo que hoy atraviesa nuestro sistema.
Tal como lo expresaron los ex presidentes Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo, en su excelente informe de 2016 Construyendo una educación de calidad: un pacto para el futuro de América Latina, “así como en el siglo XXI el desafío fue expandir la cobertura de los sistemas educativos, hoy el desafío es ofrecer una educación de calidad para todos.”
En Argentina, diferentes políticas contribuyeron a la expansión de la cobertura educativa, así como ciertas leyes le dieron un marco normativo. Desde la ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria para el nivel primario -que este año cumple 135 años- hasta la ley 26.206 de educación de 2006 que establece la obligatoriedad de la escuela secundaria. El marco normativo existente conduce a tener un sistema que abarque y comprenda a cada ciudadano.
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Pero la evolución de la cobertura educativa y los datos sobre la calidad permiten decir que eso no bastó para que su implementación se hiciera efectiva. A diez años de la sanción de la ley de Secundaria, en 2016, la deserción rondaba el 50% en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que la mitad de los alumnos que iniciaban la secundaria no la terminaba.
La calidad de los aprendizajes también presentaba pronunciados desafíos. En los últimos datos de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) disponibles, que comparan los desempeños con una prueba estándar en diferentes países, el nuestro se encontraba entre los 10 últimos lugares, sin alcanzar siquiera el nivel 2 (sobre 6) en matemática, y sin mostrar mejorías entre los resultados del año 2000 y del 2012.
Si realmente el foco estaba puesto en educación, no se había encontrado un camino para consolidar un sistema que retuviera a los alumnos a lo largo de su trayectoria y que lograra transmitir los principales aprendizajes esperados en los niveles obligatorios.
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En los últimos 4 años, un primer cambio de paradigma se tradujo en la decisión de conocer exhaustivamente la situación que atravesaba el sistema. En 2016, se estableció el operativo APRENDER, a cargo de la Secretaría de Evaluación Educativa, para que cada provincia pudiese conocer su desempeño en lengua, matemática, ciencias sociales y naturales. Los resultados develaron, tal como lo habían anticipado las pruebas PISA, la urgencia que atravesaban las aulas, con apenas un 30% que alcanzaba niveles satisfactorios de matemática en secundaria.
La generación de datos permitió basar la política educativa en evidencias y orientarlas en base al conocimiento fehaciente del sistema, contemplando la situación de cada escuela, su desarrollo y su contexto. Se incorporó así el imperativo moral de tener una política educativa diseñada en base a datos.
Diferentes programas dejaron ver, a su vez, una concepción integral de la trayectoria del alumno: desde el nivel inicial hasta la salida del secundario. Se ampliaron las vacantes de inicial, se creó una trayectoria de secundaria articulada con la primaria (Plan Secundaria 2030), se generaron programas de acompañamiento de los alumnos (como el programa Asistiré), se reforzaron los equipos de orientación escolar, se actualizaron las condiciones de estudio (Plan de Robótica y conectividad en escuelas) y se incentivó el vínculo entre el ámbito educativo y el laboral. En definitiva, se incorporó el referencial cultural de un sistema educativo centrado en el alumno y el imperativo moral de adecuación a las necesidades del mundo del trabajo.
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Se buscó fortalecer a la comunidad educativa en su conjunto, con sus diferentes integrantes: los equipos de conducción, de orientación escolar, los docentes, sus representantes gremiales, los alumnos y sus familias. Y sobre todo, se fortaleció el rol del directivo de escuela, principal motor de la autonomía de la escuela y del trabajo sobre el clima escolar. Desde el Instituto Nacional de Formación Docente, se impulsaron formaciones y círculos de directores. En el caso de Provincia de Buenos Aires, el programa Red de Escuelas constituyó un claro ejemplo de empoderamiento de los equipos de conducción, al darle la oportunidad a 2.000 directivos de realizar un postítulo en gestión institucional, además de alcanzar más de 10.000 docentes referentes formados en cinco ejes de perfeccionamiento. En paralelo, se abrieron nuevamente concursos docentes, contribuyendo a transparentar el acceso a cargos jerárquicos. Con todo esto, se incorporó el imperativo moral de un rol directivo orientado a la gestión y al seguimiento de proyectos escolares.
Pero lo más relevante resulta observar estas políticas en base a los resultados de las evaluaciones.
Entre 2016 y 2018, los resultados satisfactorios en lengua mejoraron de 67% a un 75% a nivel nacional. En ese mismo período, se registró una baja de la inequidad registrada en las escuelas públicas. Mientras la diferencia entre el desempeño del sector socioeconómico alto y el bajo representó 43% en las escuelas privadas, esta diferencia fue de 30% en las públicas en 2018. Además, se redujo levemente la brecha de desempeño entre las escuelas privadas y públicas, controlando el nivel socio económico de los alumnos. Se incorporó así el imperativo moral de una política educativa forjada en base a su desempeño real.
Otro punto a considerar es la tasa de egreso de 2018 que muestra una mejora a nivel nacional, es decir, aumentó la proporción de alumnos que terminan el secundario en tiempo y forma. Puntualmente en la Provincia de Buenos Aires, la tasa aumentó un 9% entre 2015 y 2018.
Se incorporaron un millón de adultos a programas de terminalidad educativa únicamente en Provincia de Buenos Aires.
Por último, el fortalecimiento del Consejo Federal permitió extender el alcance de políticas esenciales, como la prioridad atribuida a la Educación Sexual Integral, que pasó de establecerse en 7 a 23 provincias en 2018.
Surge entonces la pregunta: ¿hacia qué sistema educativo queremos ir?
Hoy nos encontramos frente a la disyuntiva entre conservar una retórica que no se traducía en hechos, o bien confirmar un camino cuyos primeros resultados comienzan a verse.
¿Es la educación pública una prioridad en la Argentina?
Un cambio educativo requiere por definición tiempo, y una continuidad en la aplicación de las políticas públicas. Frente a las próximas elecciones, los resultados también definirán el marco de aprendizaje que impactará en la próxima generación. Queda saber si queremos seguir formando para ayer o proponernos consolidar un sistema que pueda responder a los desafíos de mañana.
La historia de Julio César y su cruce del río Rubicón nos ayuda a entender este momento. Cruzar el río significaría la consolidación de un cambio y la imposibilidad de volver a desandar el camino emprendido. Dar el paso que garantizaría cuatro años más en esta dirección sería transformar para siempre nuestra matriz de formación y cruzar el Rubicón de la educación.
- ¿Qué es cruzar el Rubicón?
En los últimos cuatro años, empezó a generarse un cambio de paradigma en todas las dimensiones de la política y se incorporaron nuevos imperativos morales a cada área de gobierno. Cruzar el Rubicón es dar el paso que hace imposible la vuelta atrás y que da a ese cambio profundo un carácter irreversible.
Esta conceptualización deriva de una columna publicada el 9 de julio en el diario La Nación por Ian Sielecki, otro joven pensador del gobierno.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/entre-julio-cesar-y-peronel-dilema-de-la-argentina-cruzar-o-no-el-rubicon-hacia-el-siglo-xxi-nid2265858
* Jefa de Asesores del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
