En Argentina, los dirigentes políticos buscan diferenciarse tanto por la ideología a la que suscriben —y los rótulos que se autoimponen para definirse como progresistas, liberales, del centro, de izquierda, etc.—como por el proyecto de país que afirman defender y que en los últimos años generó la tan mentada grieta. Sin embargo, a veces las diferencias ceden porque en el fondo, hay que asegurar como sea, el bienestar de nuestros compañeros, correligionarios, camaradas o amigos. Y más aún, si de familiares se trata.
El nepotismo, define la RAE, es la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. En 2018 —y luego de que fuera designada como Directora del Banco Nación la hermana del exministro Triaca en un revival de lo acontecido con Agustina Rossi— el entonces presidente Macri emitió el decreto 93/2018 que buscó prohibir las designaciones de familiares en la Administración Pública por parte del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministros.
Entre los considerandos de aquella norma, se aludió al compromiso "de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante" el Gobierno y la necesidad de "adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos".
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad emitió el decreto 43/2018 que también iba en la misma sintonía aunque, debe decirse aquí, sin demasiados argumentos para justificar su emisión más que mostrarse en la misma línea que el gobierno nacional. Asimismo, la Provincia de Buenos Aires consagró idéntico régimen a través del decreto 61/2018. En este caso, el gobierno provincial señaló que “es necesario que la provincia de Buenos Aires continúe implementando medidas que propendan al fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la ética en el sector público”.
A menos de dos años de haberse consagrado el régimen de tales normas, la realidad electoral es otra y por lo tanto, hay que hacer lugar en las trincheras o “ravioles” a todos los que están del lado que calienta el sol, y en particular, si son más que sujetos cercanos. La Constitución Nacional —lo mismo que la de la Ciudad y la Provincia— no encuentra en la sangre —y menos en el parentesco— impedimento alguno para ejercer cargos públicos. Lo único que importa para ello es la idoneidad que, claro está, se demuestra mediante la selección por concurso público y de oposición.
Recientemente, la titular del Pami, Luana Volnovich, nombró a su hermano Gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de dicho ente., la Ciudad derogó el decreto 43/2018, y el gobierno nacional está evaluando derogar aquél decreto 93/2018. La Provincia es probable que imite esas acciones y algo ya mostró de su capacidad creativa para aplicar el concepto de “lawfare” a supuestos que nada tienen que ver.
Las leyes anti-nepotismo tienen su razón de ser en algo tan sencillo como profundo a la vez, por un lado buscan que las políticas públicas se ejecuten por personas que cuentan con la capacidad y aptitud técnica que el cargo amerita, por el otro, evitar, además, actos que promuevan la corrupción o luzcan frente a la sociedad como cuestionables. En 1967, el presidente norteamericano Johnson promulgó la ley que prohíbe actualmente designar en Estados Unidos parientes "a una posición civil en la agencia en que está sirviendo o sobre la cual ejerce jurisdicción o control".
Por entonces se consideró a la iniciativa, como una clara reacción a la decisión de su antecesor John F. Kennedy de nombrar a su hermano fiscal general. A partir de ese suceso, y salvo lo acontecido en casos resonantes y contados como los de Hillary Clinton en los 90 a cargo del programa de salud y el de Trump con la designación de su yerno, la ley ha sido acatada sin sobresaltos. A contrario sensu, sobran por demás ejemplos —y de todos los partidos políticos— en nuestro país. Se debe ser honesto y se debe parecer honesto.
Junto con el nepotismo, atenta a su lado contra el buen funcionamiento del sistema democrático y la carrera administrativa, la designación de funcionarios públicos en cargos jerárquicos que requieren de cierta experiencia que inevitablemente la exagerada juventud no brinda. Hay jóvenes notables por supuesto, pero no parece razonable que se los premie con cargos de Secretarios o Subsecretarios solo por “pertenecer” o conocer a la persona indicada que puede influir para su nombramiento. De manera tal, hay familias enteras que viven a sus anchas de la “teta mágica” del Estado y basta para comprobar ello, tomarse algunos minutos en leer los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia. No obstante, y entre tanta pesadumbre, siempre se puede encontrar un hálito de esperanza y por caso, en Santa Fe, la Ciudad de Rafaela es un ejemplo a imitar puesto que aún mantiene vigente la Ordenanza 4547 que, desde 2012, impide el nombramiento de familiares.
Saramago nos compele, en su obra inconclusa “Alabardas, Alabardas”, que la única salida posible para una mejor sociedad es la de “adoptar un sentido ético de la existencia”. Lamentablemente, la gran mayoría de nuestra dirigencia —sea de la jurisdicción y partido que sea—; se encuentra muy lejos de ello y mucho más cercana al gatopardismo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa “cambiar todo para que nada cambie”.
(*) Abogados y profesores de Derecho Constitucional.
