La “Operación Palak”, presentada por el gobierno nacional como el “decomiso de armas más grande de la historia”, fue motivo de celebración por parte de las autoridades. Pero lejos de ser un éxito, el hecho puso sobre la mesa el descontrol estatal sobre el mercado de armas de fuego.
El operativo, iniciado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y ejecutado por las fuerzas de Argentina, permitió secuestrar más de 2.500 armas y 30 mil municiones cuyo destino final, según surge de la investigación, era Paraguay y Brasil. Pero, ¿qué hubiera pasado sin la señal de alerta estadounidense? ¿Cuántas otras armas circulan en nuestro país sin ningún tipo de control?
Para responder esas preguntas hay que comprender las particularidades de las armas de fuego. A diferencia de lo que sucede con otros mercados, en el caso de las armas no hay fábricas completamente ilegales, por las propias características de su fabricación. El mercado ilegal se nutre de desvíos provenientes de fábricas originariamente legales. Por lo tanto, una política eficaz de control del mercado legal tendría una incidencia directa sobre el mercado ilegal.
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Por ese motivo, el Congreso Nacional sancionó hace cuatro años la ley que creaba la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) en reemplazo del viejo RENAR. El objetivo era salir de la lógica registral del RENAR, cuya eficacia dependía de la buena voluntad de los propios sujetos de control, para crear una agencia con capacidad de llevar adelante políticas proactivas de control del mercado legal y persecución del mercado ilegal.
Sin embargo, eso no sucedió. El Gobierno jamás cumplió con la obligación legal de dotar a esa agencia de las partidas presupuestarias que le dieran la estructura necesaria para cumplir eficazmente su labor. A modo de ejemplo, el organismo cuenta con menos de 30 inspectores a nivel nacional para fiscalizar al millón de usuarios (70% de ellos con autorizaciones vencidas) y al millón y medio de armas registradas, sin contar el mercado no registrado, que según las estimaciones disponibles duplica o triplica esos números.
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La existencia de bandas que comercian ilegalmente armas de fuego, lejos de ser una excepción o una casualidad, es una consecuencia del descontrol estatal, producto a su vez de la falta de voluntad política de implementar las leyes vigentes. Pero en el caso concreto de la “Operación Palak”, a las omisiones en el control debemos agregar la presunta acción directa de al menos un funcionario público perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación, quien habría formado parte de la organización criminal.
En conclusión, mientras el gobierno desfinancia a la agencia que debería controlar el mercado de armas y celebra la detención de bandas cuya existencia es consecuencia directa de la falta de políticas públicas, ocho personas mueren por día en nuestro país por armas de fuego. Evidentemente, no hay nada para festejar.
CP
