El gobierno nacional afronta una compleja situación. A la profunda crisis heredada se le suma el tempestivo Covid19. Con recursos más escasos que lo normal, se piensa en un impuesto a la riqueza para poder financiar la protección a los más humildes y al empleo, y, sentar las bases de una futura recuperación.
Si bien es cierto que nuestro país tiene un sistema tributario grande y desordenado, en donde ya hay impuesto al patrimonio, finalmente parece que se tomará la decisión de ir, por lo menos de manera momentánea, en la urgencia, por una contribución de aquellas personas cuya riqueza supere un determinado umbral.
Las oleadas liberales saldrán en manada a enfrentar con retórica de escritorio la intención. Con argumentos vacíos de realidad, se olvidarán de la excepcionalidad del momento que atraviesa el mundo e intentarán desacreditar a la política.
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Ahora bien, según la CEPAL, a pesar de la diversidad de impuestos al patrimonio establecidos en la región, su desempeño como fuente de ingresos es marginal, representando en promedio 0,94% del PBI (4,94% de la carga tributaria). En comparación con los países de la OECD, se puede señalar que ellos recaudan casi el doble en términos de producto.
En nuestro país, si observamos la evolución del peso de Bienes Personales respecto del PBI, podemos ver que con 0,83% del PBI recaudado por impuestos a la riqueza, se encuentra por encima del promedio simple de América Latina (0,58%), pero por debajo del promedio de los países desarrollados de la OCDE (1,89%). Sin embargo, la serie en los últimos 30 años es creciente tanto para América Latina como para la OCDE, a diferencia de la Argentina.
Es evidente, desde un punto de vista conceptual, que los impuestos que gravan la riqueza y los altos ingresos, además de favorecer la redistribución del ingreso, resultan mucho más predecibles (estables) que aquellos tributos asociados al ciclo económico (impuestos que gravan el consumo y que declinan en contextos recesivos) o a los precios internacionales (impuestos sobre la exportación de recursos naturales).
Con recursos más escasos que lo normal, se piensa en un impuesto a la riqueza para poder financiar la protección a los más humildes y al empleo, y, sentar las bases de una futura recuperación.
Relata un trabajo de la CEPAL que “se percibe que en América Latina la imposición a los patrimonios es mínima en gran parte de las naciones con mayor concentración de la renta. Tal así que, en Argentina, según estudios privados, un impuesto extraordinario de este tipo podría recaudar el 1% del PBI, que en casos como los de hoy, podrían usarse para enfrentar la emergencia”.
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Con raras excepciones, la tributación al patrimonio es una tarea compleja desde la perspectiva administrativa, donde la determinación del impuesto involucra tareas técnicas y costosas de identificación y valuación del patrimonio. A pesar de esto, los estudios sugieren que hay un amplio margen para aumentar los ingresos fiscales provenientes de la imposición patrimonial que contribuiría a mejorar la equidad y progresividad de los sistemas. Situación que podría generar un nuevo panorama en nuestro país para avanzar hacia una Argentina más justa.
Francia, España, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Países Bajos, son algunos de los países del “primer mundo” que cobran este tipo de impuesto. Más cerca, Uruguay y Colombia. ¿Qué pasa en estos países con la desigualdad y la pobreza? Miremos.
Evidente es que aquellos países que cobran impuesto a la riqueza tienen una pobreza considerablemente menor. ¿Qué ocurre con la desigualdad? El índice de Gini indica que cuanto más cercano a 0 más igualdad, cuanto más cercano a 1, menos igualdad.
La evidencia empírica demuestra que un impuesto al patrimonio o a la riqueza no solo se vuelve, en el caso de cobrarlo de manera correcta, un importante ingreso para las finanzas públicas de un país, sino que es el arma recomendada por los organismos internacionales para mejorar la redistribución de la riqueza.
Otro dato que deja palpar la situación es la desigualdad en el mundo expresada en cifras. Según “Reloj Mundial de la Pobreza”, 26 personas tienen más riqueza que los 3.800 millones más pobres. Mientras que los directores ejecutivos de las 200 compañías más grandes de Estados Unidos tienen un sueldo promedio de 18,6 millones de dólares al año, la mitad de las personas en el mundo viven con menos de dos dólares al día.
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Según el Global Wealth Report de Crédit Suisse, el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico. Y para un trabajo de Oxfam, los 2153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4600 millones de personas (un 60% de la población mundial. Cobrar este tipo de impuesto no solo es necesario en situaciones de crisis como la que vivimos, sino que ético.
En un mundo que está cambiando, la Justicia Social toma un papel preponderante. Los países que financian a los ángeles del liberalismo empezaron a tomar decisiones en este sentido y el impuesto a la riqueza se vuelve imprescindible para tener recursos que se destinen a cuidar a las poblaciones más vulnerables, preservar el empleo y cuidar Pymes y las propias compañías de aquellos que harán el aporte.
