La coyuntura económica repercute en las elecciones y en ese sentido el contexto de crisis perjudica a un oficialismo con pocas respuestas. Pero también el resultado electoral incide sobre las expectativas económicas y puede requerir medidas por parte del Gobierno Nacional.
En el más corto plazo, las primeras rondas de las elecciones (incluyendo las PASO) pueden influir en una menor o mayor volatilidad de las variables, sobre todo financieras.
Por el lado más financiero, ambos candidatos mayoritarios han planteado reaseguros a sus intereses. Del lado del oficialismo, simplemente con la continuidad y profundización de las políticas actuales. En el frente de Alberto Fernández, con la afirmación de que cumplirá con los compromisos crediticios, aunque incluyendo cambios respecto de la forma de negociación con el FMI y de una posible financiación de gastos del Tesoro con emisión monetaria.
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Pero las preferencias políticas de los grandes grupos financieros no se explican sólo con lo dicho explícitamente por los candidatos y sus equipos. El temor al retorno de ciertas medidas excesivamente intervencionistas o proteccionistas puede explicar en los próximos días una reacción de alivio o de pánico por parte de esos grupos financieros, en función de qué resultado se de en las PASO. Ahí deberá entrar en juego el Banco Central para guardar la coherencia con su actual criterio de prudencia y gradualismo en el ajuste nominal de las variables más relevantes macroeconómicas. El BCRA tiene el poder de fuego para acotar cualquier atisbo de fluctuación repentina del dólar o las tasas de interés, si logra identificar y atacar esos movimientos a tiempo.
Pero el contexto general no cambia: la economía argentina está en crisis y hoy el sector productivo no encuentra respuestas respecto de cuándo, cuánto y hacia dónde podría encontrar una salida. Las políticas públicas que deberían ayudar a morigerar la crisis están sumamente limitadas, ya sea por la restricción fiscal o por la ideología del equipo económico de Cambiemos.
En definitiva, el mayor síntoma de la persistente crisis sigue siendo la cotización del dólar. Toda la política económica se encuentre volcada a contener las posibles devaluaciones de nuestra moneda. Desde el Banco Central regulan la cantidad de dinero y fijan un piso a la tasa de interés, para así evitar que más pesos puedan volcarse a demandar dólares. Hasta aquí, estas medidas han sido exitosas en ese aspecto.
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Hay un daño colateral: esa política ahoga cualquier atisbo de recuperación de la demanda agregada. Ni las empresas ni las familias pueden pensar en invertir, consumir o pagar capital de trabajo financiándose a tasas que en el mejor de los casos rondan el 45%. Tampoco ha habido ninguna política fiscal que pudiera intentar mejorar la prospectiva para los actores productivos en el territorio nacional.
Por su parte, las medidas tomadas desde el Gobierno Nacional para morigerar el impacto de la crisis sobre las familias tienen alcance corto. Los créditos que ANSES está otorgando a dos millones de personas implican un alivio en estos meses, que están siendo usados mayoritariamente para pagar deudas pasadas (en general, la tarjeta de crédito impaga del mes anterior) o para comprar alimentos y llegar a fin de mes. Pero en unos meses esas mismas familias verán que ANSES les descuenta los pagos por esa deuda directamente de sus ingresos mensuales (jubilaciones o AUH). Sin una mejora a la vista en el nivel de empleo o en el salario real, la crisis morigerada hoy será una crisis agravada para esos hogares cuando sus ingresos se reduzcan por el pago de intereses y capital de su deuda con ANSES. Lógicas similares se plantean con la postergación de tarifazos de gas en este invierno, que implicará pagar más en el próximo verano (post-elecciones).
Son medidas que hay que valorar, desde el momento en que ayudan a muchas familias puedan llegar a fin de mes en medio de esta crisis. Pero no son soluciones de fondo al problema, sino simplemente patear parte de la crisis para más adelante. En lugar de generar oportunidades de ingresos (empleo y salario, negocios y ganancias) en la economía, el Gobierno Nacional hoy aboca sus políticas a promover el endeudamiento de familias y empresas. La leve recuperación del consumo que buscó el Gobierno para estos meses previos a los comicios parece desembocar en una nueva caída del consumo al terminar la primavera.
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Las medidas de impulso al consumo en meses pre-electorales no son nuevas ni originales de Cambiemos. Una pregunta clave es si tiene margen para intensificarlas de aquí a las elecciones generales de octubre, en función del resultado que obtenga en las PASO. Los créditos otorgados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no impactan en el resultado fiscal, pero probablemente el grueso de los préstamos ya fueron otorgados. Otras medidas, como posponer los aumentos de tarifas de gas hasta el verano, incrementan el gasto público (ya que el Estado se hace cargo de pagar los intereses de ese financiamiento, a las empresas privadas proveedoras del servicio). El acuerdo con el FMI significa entonces una primera restricción en el corto plazo a la posibilidad de hacer políticas fiscales de mayor envergadura con fines proselitistas, aunque la creatividad contable nunca puede ser desestimada.
En el largo plazo, el Gobierno Nacional no ha logrado dar un horizonte de recuperación productiva. Carece de políticas para lograr mejoras sustentables del mercado interno, o un aumento de exportaciones por mayor competitividad y productividad, o planificar medidas para el desarrollo que complementen y acompañen los planes de expansión de los negocios privados. Esa es la mayor deuda para quien presida un próximo Gobierno, que lamentablemente deberá enfrentar con restricciones severas en su capacidad de acción y de crecimiento de la economía en su conjunto.
