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OPINIóN / Política
lunes 30 diciembre, 2019

Si Alberto Fernández quiere hacer las cosas bien, que las haga

¿Está a tiempo el nuevo presidente de no borrar con el codo lo que escribió con su mano y expresó divinamente en su discurso de asunción?

por Sandra Choroszczucha

Alberto Fernández Foto: NA
lunes 30 diciembre, 2019

Si Alberto Fernández quiere hacer las cosas bien, qué las haga

Un rompecabezas de mil piezas ¿se puede armar en minutos? No lo creo.

Un rompecabezas de mil piezas ¿se puede armar en un tiempo prudencial? Seguramente.

Un rompecabezas de mil piezas ¿se puede armar en un tiempo prudencial si se empieza por encastrar las piezas equivocadas? Absolutamente no.

Así comenzó a gobernar Mauricio Macri en 2015, pretendiendo en seis meses ser Disneylandia, subiendo tarifas, promoviendo la desindustrialización y la especulación financiera, mientras recibía una economía con un 30% de pobres y una inflación más que significativa.  

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Y así comenzó a gobernar Alberto Fernández, este año, pretendiendo desde un comienzo hacernos creer que en un contexto de grave emergencia económica (con un 40% de pobres y elevadísima inflación), los que más tienen, deben ser los primeros en pagar el ajuste, mientras eligió como variable principal de ajuste a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Si Alberto Fernández gobierna como nos manifestó en su divino discurso de asunción, seguramente contemos con grandes chances de salir adelante de un modo solidario y en un marco de alta institucionalidad, como pronunció al menos una decena de veces en su disertación más que conmovedora el último 10 de diciembre. 

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Pero, aunque hoy el presidente insista en convencernos a partir de un relato fabuloso bajo una dialéctica preciosa, que a los jubilados y pensionados no se les congeló sus haberes por un período de 180 días, esto es lo que ocurrió formalmente; porque en primer lugar, ofreció dos bonos, uno en diciembre y el otro en enero, solamente a los jubilados que cobran hasta 19.000 pesos (el resto son los afortunados que con 19.000 pesos pueden afrontar una economía al “rojo vivo” con un nivel de inflación escandaloso, y a éstos por eso, ya se les congeló los haberes desde diciembre). Y porque desde marzo dependemos de su palabra de honor para que siga cumpliendo con las subas prometidas para los jubilados y pensionados de la Argentina.

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El resto de los sectores, funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, judiciales y empleados del sector privado, cuentan con una ley que los ampara, en un marco de instituciones que regulan que si el aumento de precios continúa escalando, sus salarios también lo harán. En cambio los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH dependen de las buenas intenciones de Alberto. Parece que la palabra por encima de la ley, para los más vulnerables, califica más.

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Mucho se extendió el nuevo presidente en su discurso de asunción, sobre la importancia de encauzar las instituciones, de respetar las leyes a rajatabla, de reformar un sistema judicial ineficiente y corrupto. Mucho nos relató el presidente sobre la importancia de que las instituciones empiecen a funcionar por encima de las discreciones personales de gobernantes de turno, sin embargo, debemos creerle ciegamente cuando nos cuenta en un programa de televisión, que él realizará de buena fe lo que la ley no establece, cuando afirma “piensan que estoy loco, que voy a tener a los jubilados que los han dejado en la miseria, sin aumentos… Yo estoy preocupado por los jubilados...”. 

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Asimismo, Fernández afirmó que espera resolver “cuanto antes” la nueva fórmula que calcula el incremento de haberes, porque de esto se trataría la supuesta disyuntiva según el presidente y sus funcionarios más cercanos, no de un congelamiento semestral de ingresos a los jubilados, si no de conformar una nueva formula de cálculo de incremento de haberes. 

El interrogante de millones de jubilados, y de otros millones de no jubilados, es porqué Alberto Fernández no pudo lograr un debate inmediato en el Congreso sobre este tema para formalizar YA mismo la nueva fórmula para el incremento de haberes jubilatorios (para que dichos haberes no queden supeditados a su entera discrecionalidad), sin embargo sí pudo en apenas dos días lograr aprobar en Diputados y Senadores la mega Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que entre las varias medidas contempladas, le otorga mega súper poderes para enfrentar la emergencia con la celeridad necesaria, y así de inmediato, entre otras medidas, poder comenzar a ajustar sobre ciertos sectores, congelar tarifas para poder paliar el malestar generalizado, disponer de un impuesto del 30% sobre las compras realizadas en dolares, incrementar retenciones al agro, y garantizar actualizaciones de haberes por inflación a numerosos sectores (estatales y no estatales), pero a los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH no (exceptuando groseramente del congelamiento semestral a dirigentes políticos, jueces y diplomáticos jubilados, que cobran haberes elevadísimos). 

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Ajustar sobre los jubilados: ¿Será porque la caja jubilatoria, matemáticamente, es la única herramienta capaz de enfrentar con la mayor rapidez un gigantesco desequilibrio fiscal? Suena más que racional como medida eficaz de ajuste, y probablemente sea el único medio veloz de salir de tamaño desbarajuste macroeconómico, pero suena miserable no admitirlo, efectivizarlo, y hablar una y otra vez sobre la solidaridad en tiempos de emergencia, cuando “la única verdad es la realidad”, dicen los peronistas de todos los tiempos; y la realidad es que los jubilados que cobran 19.000 pesos o más, no cobraron bono alguno y se resignaron al congelamiento, y para la totalidad de los jubilados, desde marzo, sus incrementos por inflación se efectivizarán o no, según la decisión unilateral de un presidente y no de acuerdo a una norma escrita, como la que ampara al resto de los haberes no jubilatorios o a los de jubilados privilegiados.

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¿Está a tiempo el nuevo presidente de los argentinos de no borrar con el codo lo que escribió con su mano y expresó divinamente en su discurso de asunción? Todo indicaría que sí, así, en su afán de frenar el malestar que generó el artículo 51 de la nueva mega ley, que exime a ciertos dirigente políticos, a jueces y diplomáticos respecto al congelamiento de la formula de movilidad jubilatoria (que sí aplica para el resto de los jubilados), el presidente definió a la brevedad enviar un proyecto de ley para eliminar por fin las jubilaciones de privilegio.

Así, el presidente Alberto Fernández parece encontrarse a tiempo de elegir entre la solidaridad verdadera en un marco de respetuosa institucionalidad o la demagogia mentirosa en un marco de discrecionalidad informal y oportunista.


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