La decisión del gobierno nacional de que nos quedemos en casa fue una respuesta rápida, atinada y dolorosa, pero sumamente responsable y que pone en evidencia un orden de prioridades indiscutible para el Estado: la defensa de la vida por sobre todas las cosas. Esta medida buscó preservar el derecho a la salud de la población y, al mismo tiempo, mitigar el impacto sanitario provocado por la pandemia.
En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el documento “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, en el que expresa que las consecuencias de esta pandemia no serán solamente sanitarias sino que en el corto y mediano plazo se empezarán a sentir las consecuencias económicas que podrían resentir significativamente las condiciones de vida de la población si no nos adelantamos para contener esta nueva realidad que se impuso a nivel mundial.
La OIT prevé que esta crisis tendrá consecuencias negativas en el mundo del trabajo en tres aspectos: “1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral”.
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En otro documento, titulado “Las normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus)”- el organismo señaló algunas recomendaciones a partir de la normativa vigente para la preservación de los puestos de trabajo y de condiciones dignas de vida. Una de sus sugerencias indica que los gobiernos deben procurar medidas para el sostenimiento del empleo y la protección social al mismo tiempo que garantizar la estabilidad y continuidad de las empresas a través de medidas de estímulo fiscal y monetario.
Si bien, en la “Segunda edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo”, la OIT advierte que los efectos sociolaborales de la pandemia serán complejos, remarca que pueden mitigarse según las políticas que tomen los gobiernos.
En ese sentido, la OIT propone cuatro ejes de intervención: 1) estímulo de la economía y el empleo; 2) apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos; 3) protección a los trabajadores en el lugar de trabajo y 4) búsqueda de soluciones mediante el diálogo social.
El gobierno nacional viene tomando medidas en ese sentido, como por ejemplo, la prórroga del Régimen de Regularización tributaria, la prohibición de los despidos y suspensiones por un plazo de 60 días, y la constitución del Fondo de Afectación Específica con el “objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios”.
Al igual que la renovación de las designaciones transitorias en el marco de la Administración Pública Nacional, y la creación del Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para empleadores/as y trabajadores/as afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica.
Sin embargo, es recurrente leer y escuchar que una cantidad importante de empresas están suspendiendo trabajadores o abonando solamente un porcentaje de los salarios.
Por eso, considero indispensable hacer un seguimiento para evaluar el cumplimiento de estas medidas y el impacto, además de observar la dinámica en el empleo privado, sus efectos en las condiciones de trabajo y los aportes de la previsión social.
En el caso de los trabajadores no asalariados esta situación es incluso más preocupante. Por un lado, en tanto quienes forman parte la economía popular han perdido repentinamente su fuente de trabajo en la medida en que desarrollan actividades como la venta ambulante o la recuperación de materiales. Por otro lado, en tanto las vidas de estas poblaciones se sostienen en un sinnúmero de espacios y actividades colectivas como comedores, espacios comunitarios de cuidado, promoción de la salud, entre otros.
El gobierno prohibió los despidos y suspensiones laborales por 60 días
La salud, tomando la perspectiva amplia que propone la OMS en el Preámbulo de su Constitución, no se trata solamente de la ausencia de enfermedades, sino del “completo bienestar físico, mental y social”.
En este sentido, analizar el impacto de la política de aislamiento para el empleo es decisivo no sólo para la elaboración de políticas acordes a esta nueva coyuntura sino también para fortalecer el Sistema de Salud y contribuir al derecho colectivo a la salud.
Sin aislamiento, los contagios terminan adquiriendo una velocidad que ha hecho colapsar los sistemas sanitarios de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia o Brasil, por citar los más significativos. Con aislamiento, las recesiones nacionales están llamadas a profundizarse, pero la salida a esa situación puede ser más rápida con una población que ha sufrido menos los efectos de la enfermedad y la pérdida irreparable de vidas.
En un país como Argentina, ya golpeado por el sobreendeudamiento y la caída de la actividad económica producto de las políticas desacertadas llevadas a cabo en los últimos cuatro años por el ingeniero Mauricio Macri, el impacto de esta crisis mundial va a ser aún más profundo.
Otra cuestión es que las políticas de aislamiento no pueden ser consideradas inocuas sobre el trabajo. Estos cambios han supuesto profundas modificaciones sobre las condiciones de la vida cotidiana de la población, de su trabajo y la organización familiar, así como de los procesos de producción, circulación y comercialización.
Estas modificaciones han hecho avanzar los procesos de incorporación de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en forma precipitada en diversos ámbitos, dando lugar a tensiones y conflictos cuyos efectos no es posible anticipar en detalle, pero sí en cuanto a su magnitud.
La educación, la prestación de servicios de diagnóstico médico, la comercialización y distribución de alimentos y otros bienes esenciales hoy se están sirviendo de estas herramientas y al hacerlo están modificando lazos sociales, pautas de vida y también poniendo en cuestionamiento millones de puestos de trabajo. En los casos en los que las actividades no han podido adaptarse a estas modalidades, el efecto es todavía más devastador, afectando los ingresos, las condiciones de trabajo y la salud entre los trabajadores asalariados formales -con las consecuencias tensiones con sus respectivos empleadores- como entre aquellos trabajadores que, ya sean asalariados bajo distintos grados de informalidad o de trabajadores de la Economía Popular, que se vieron privados de las fuentes de su sustento.
Las políticas de recuperación económica, no deben perder de vista que la situación sanitaria seguirá siendo compleja en el corto, mediano y largo plazo. En ese marco, el eje central de la política pública debe ser el fortalecimiento de las capacidades estatales de respuesta a este tipo de crisis, que son sanitarias y económicas a la vez a través de un ambicioso programa de obra pública. Para ello se impone una reforma impositiva que busque redistribuir las cargas y retribuir los esfuerzos.
Para el día después, la dinamización de la economía se puede basar en un poderoso programa de construcción de viviendas, de fortalecimiento de las comunicaciones, de construcción y acondicionamiento de rutas, escuelas, salas y hospitales. Todo esto acompañado por condiciones dignas de trabajo y salario justo.
La respuesta del gobierno nacional y de los trabajadores ha sido rápida y eficaz, en el comienzo de la crisis. Pero debe ser contundente y sostenida en el mediano plazo.
ED/MC
