Nadie puede dudar que el coronavirus cambió radicalmente nuestras vidas, ni que el encierro y las restricciones que desde hace casi seis meses padecemos generaron infinidad de problemas económicos que -muy probablemente- jamás muchos podrán revertir.
Pero así como el infortunio de la pandemia ha originado una catástrofe para cientos de empresas que se vieron obligadas a cerrar, o tendrán que hacerlo antes de fin de año puesto que les resulta imposible subsistir, el Covid-19 dio ocasión a que algunas otras se enriquezcan gracias a las prohibiciones decretadas, tanto por nuestro gobierno, como por los de casi todo el orbe.
Es sabido que desde el inicio de la cuarentena se suspendieron compulsivamente todos los vuelos aerocomerciales, tanto desde nuestro país al exterior, como desde éste a la Argentina. Sólo se han permitido unos pocos viajes para repatriar nacionales o permitir a extranjeros en tránsito regresar a sus países. Lo demás son excepciones.
En buen romance: desde fines de marzo hasta ahora prácticamente nadie ha podido viajar al exterior, situación que -como se dijo antes- ha permitido que algunas empresas aprovechen para sí la veda y se enriquezcan al no tener que brindar las prestaciones por las que ya habían cobrado a sus clientes, lo que he podido verificar en primera persona.
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En setiembre de 2019 contraté los servicios de ASSIST CARD, la empresa Nº 1 de asistencia al viajero en el mundo, puesto que debía viajar al exterior con mi esposa y queríamos aventar los riesgos que suelen existir en aquellos lugares en que las obras sociales no cubren los gastos de las enfermedades o accidentes, como así tampoco las contingencias de los innumerables trastornos que suelen presentarse con los bagajes y otros imprevistos.
Fue así que el 13 de setiembre de 2019 aboné a la citada entidad la suma de $ 21.640,50 por lo que ellos denominan producto “PRIVILEGED” (el que insisten en que no se trata de un seguro) y que brinda una cobertura de hasta u$s 250.000, por el período de un año (desde el 16 de setiembre de 2019 hasta el 14 de setiembre de 2020, según luce en la documentación que me entregaron y la factura 008600580748).
Gozamos de la tranquilidad de la cobertura en dos oportunidades (avisando invariablemente a la prestadora el momento de inicio y finalización de cada viaje) y, por suerte en ambas ocasiones regresamos al país sin que se produzca alguno de los infortunios para los cuales había contratado.
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Pero la pandemia y la cuarentena estalladas a fines de marzo cancelaron cualquier atisbo de libertad, ya que todos debimos permanecer encerrados, quedando truncas –no sabemos hasta cuándo- las posibilidades de viajar al extranjero y, de esta forma, seguir utilizando los servicios de ASSIST CARD que me habían vendido por 365 días.
Fue así que ante la situación excepcional, que aventó totalmente para la prestadora cualquier posibilidad de tener que cubrir alguno de los riesgos contratados, les reclamé (primero privadamente y luego a través de la mediación de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor), que me reintegrasen la parte proporcional de la prima por el período vedado, o bien que reconozcan que me darán la misma prestación contratada, desde el momento en que se restablezcan los vuelos comerciales y por el mismo período en que nuestro contrato no pudo virtualizarse.
Curiosamente, ASSIST CARD rechazó cualquiera de las posibilidades, pegando un portazo a toda expectativa que tanto yo, como cualquier persona a la que se le haya presentado una situación similar -que descuento han de haber sido miles- pudiera tener respecto a la transparencia en que se comporta una empresa multinacional como ésta.
Porque nadie podrá negar que, en las actuales condiciones, el riesgo que tiene tanto la Nº 1 de asistencia al viajero, como otras entidades que brindan servicios similares, ha sido y sigue siendo nulo mientras nadie pueda viajar por estar suspendidos los vuelos aerocomerciales.
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Es evidente, de toda evidencia, que la pandemia ha dejado un sinnúmero de perdedores, pero también lo es que la ocasión hizo aparecer algunos “ventajeros” que, en forma vergonzosa, hacen “pito catalán” a los que en ellos confían sus riesgos, y exhiben cuáles pueden ser sus comportamientos a la hora de responder por lo que prometen.
Es claro aquello de que las grandes corporaciones “no tienen corazón”, pero también lo es que no se puede contrariar al sentido común y que debemos pensar muy bien con quien contratamos antes de hacerlo, para que no se aprovechen de nosotros. Seguramente la Justicia, cuando funcione, tendrá la última palabra y ponga las cosas en su lugar.
* Abogado.
