En la era del conocimiento y de la inteligencia artificial soportar el estrangulamiento presupuestario de las universidades nacionales por el gobierno de Javier Milei parece una situación absurda. Ante todo porque las universidades públicas atienden más de 2,5 millones de alumnos y más de un millón de pacientes en sus hospitales. Sin contar con las investigaciones que aportan a organismos del Estado y a empresas privadas. Nos encontramos una vez más con la negación del conocimiento que ya sufrimos durante la dictadura militar 1976-1983.
Las universidades nacionales y las organizaciones que las componen (estudiantiles, docentes, gremiales, de graduados e investigadores) se unieron en la defensiva exigiendo el presupuesto votado por el Congreso Nacional. El mínimo común denominador para un mosaico de feudalidades que normalmente actúan por separado.
Inclusive las discusiones salariales se discuten de manera individual en cada institución. Un pequeño grupo de rectores se animó a proponer la búsqueda de acuerdos para establecer una política universitaria común. Pero sin éxito hasta ahora.
En Afganistán los Talibanes prohibieron que las mujeres accedieran a la educación media y universitaria. En Argentina los neo-liberales de Milei tratan de limitar el funcionamiento de las universidades nacionales (y también de otros sectores públicos). El rechazo no es solo a las universidades públicas, se extiende a todas las políticas de Estado.
No hay política de desarrollo nacional, no hay política sanitaria, no hay política de ciencia e innovación tecnológica. En medio de discursos plagados de falacias, de ignorancia y de agresividad el presidente Milei sostiene que no necesitamos políticas públicas, que podemos prescindir de la intervención del Estado en casi todos los sectores.
No se trata de una cuestión ideológica de derecha: durante los últimos siglos en Europa y Estados Unidos gobiernos conservadores y liberales movilizaron al Estado para crear industrias nacionales, sistemas sanitarios y educativos. Bismark creó en 1880 el modelo del Estado de Bienestar en Alemania. En Argentina la educación pública se expandió con Sarmiento. Los liberales defendieron el monopolio del Estado en educación para asegurar la formación de una conciencia nacional.
¿Sólo queda luchar para lograr mayor presupuesto en las universidades? Por supuesto que se necesita duplicar, por lo menos, el gasto en universidad e investigación para estar a la altura de vecinos como Brasil o Chile. Y, sobre todo, necesitamos aplicar los recursos a las funciones sustantivas: investigar, enseñar y transferir conocimientos a la sociedad. No hay futuro deseable para Argentina sin el uso intensivo de la educación, la ciencia y la innovación.
Una cuestión pendiente es saber qué porcentaje de la asignación de recursos en las universidades nacionales se gasta en las funciones sustantivas y cuanto se gasta en cargos administrativos, políticos y corporativos.
Algunos rectores y universidades nacionales plantearon este tema en las últimas décadas desde 1983. Pero hasta el día de hoy la mayoría de los profesores ganan menos que los obreros de la construcción, los empleados bancarios o los camioneros. Menos del 15% goza de un contrato de dedicación exclusiva para consagrarse totalmente a la enseñanza superior. Entretanto se han creado espacios para distribuir cargos políticos o para atender una burocracia anacrónica en la era de la digitalización.
Pero lo que más limita la posibilidad de fortalecer el sistema universitario nacional es la atomización institucional: no hay acuerdo para definir políticas que definan prioridades y estrategias para apoyar un proyecto de desarrollo nacional.
Mientras que Europa, Estados Unidos, y las grandes corporaciones construyen alianzas para asegurar su primacía, en Argentina cada universidad nacional va por su lado. Lo cual les impide elaborar políticas para trabajar junto con los países del Mercosur para crear un espacio del conocimiento para el desarrollo. Aisladamente no tenemos futuro.
No podemos aceptar la impotencia ya que disponemos de la autonomía universitaria para proponer nuevas alternativas. En Brasil las universidades federales consensuaron estrategias comunes en función de las necesidades del país. Crearon, por ejemplo, más de 400 incubadoras de empresas que ayudaron a expandir la economía y la industria nacional. Jair Bolsonaro intentó en su gobierno limitar las políticas universitarias. Pero no lo logró.
En Europa fueron las universidades las que plantearon desde 1999 en Bolonia crear un Espacio Europeo del Conocimiento para competir con Estados Unidos, Japón y otros países. El proceso de Bolonia acordó voluntariamente entre las universidades reformas en los planes de estudio, se adoptó un currículo flexible para facilitar la movilidad interdisciplinaria y transnacional de estudiantes y profesores.
Las universidades nacionales necesitan imperiosamente encarar reformas urgentes para ubicarse en la era de la inteligencia artificial, de la globalización, de la explosión de conocimientos, de la crisis de la integración social de los jóvenes. Sin una convergencia estratégica de las universidades nacionales para innovar con inteligencia el incremento del presupuesto solo servirá para reproducir estructuras que vuelven cada vez más irrelevante la función de las universidades.
Si todas las facultades de ingeniería contribuyeran para industrializar o reaprovechar los residuos en todos los municipios del país esto permitiría ahorrar gastos y ganar millones de dólares. Si se acordara crear una Red de Universidad Abierta Nacional, como hizo Brasil, con participación de todas las universidades nacionales, lograríamos generalizar el acceso a la educación superior en menos de tres años.
Si todas las universidades aceptaran reformar sus estructuras académicas con un currículo flexible y acortar la duración de las carreras de grado, como se hizo en Europa, mejoraríamos la tasa de graduación y daríamos mejores oportunidades de empleo a nuestros jóvenes.
Estas serían algunas de las iniciativas que podrían adoptar las universidades para superar el estado de crisis actual. Pero, sin duda, debería reforzarse el presupuesto, debería fortalecerse el sistema universitario nacional, deberíamos optimizar el uso de los recursos.
Y, además, deberíamos multiplicar los emprendimientos tecnológicos, sociales y económicos que las universidades nacionales vienen realizando durante las últimas décadas. Esto permitiría crear un fondo de reservas propias como tienen la mayoría de las universidades norteamericanas. Con un mejor respaldo económico podríamos mejorar sustancialmente la capacidad de apoyo a los programas de becas para jóvenes de bajos recursos.
La autonomía universitaria debería ser aprovechada para adoptar con independencia de los poderes políticos, económicos y otros, estrategias de mayor cooperación entre las mismas universidades, políticas de apoyo al fortalecimiento del Mercosur Universitario, emprendimientos para reindustrializar el país o para mejorar la sociedad. Esta sería una perspectiva inteligente para superar el neo-liberalismo que niega la función estratégica de la educación superior.
*Dr. en Filosofía, profesor de la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata
