Sin hacer ruido, el gobierno nacional que preside Javier Milei incorporó un proyecto de Régimen Integral de Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto de Ley Ómnibus que comienza a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación.
El RIGI establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.
Para ADIMRA, la Asociación de industriales metalúrgicos de la Argentina que presido -y que nuclea a más de 20 mil empresas y pymes en todo el país, otorga empleo de manera directa a más de 300 mil argentinos y llega al millón de empleados de modo indirecto-, los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes. Además, el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local.
En este marco, ADIMRA envió el lunes 22 una carta al ministro de Economía, Luis Caputo y a las autoridades parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso nacional, para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, se atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones.
Para dar un ejemplo: no se igualan las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las Pymes.
Durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, las empresas que ingresen al régimen no pagarán ningún tipo de impuesto, tanto de lo que compran en el exterior así como también de lo que exportan, configurando una sumatoria de beneficios extraordinarios frente a aquellas compañías que ya realizaron inversiones.
Alertamos también que los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos, no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país.
Reiteramos: este proyecto RIGI no define qué actividades, sectores o productos se verán involucrados. Y no prevé alguna compensación o cláusula para la preferencia de desarrollo locales de proveedores (con su mano de obra calificada como beneficiaria) y así acrecentar el entramado productivo argentino.
Todo esto en un contexto donde cae la actividad: en el Informe de Actividad metalúrgica revelamos la semana pasada una caída del 17,7% interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6% en el primer trimestre. Es el peor registro en 8 años, sólo superado por los cuatro meses más duros de la pandemia del 2020.
(*) Presidente de ADIMRA
