En Argentina una pandemia por coronavirus, encarada a través de una cuarentena obligatoria, que se prolongó por tiempo indefinido ha resultado en penurias padecidas en varios frentes:
- La destrucción de pequeñas y medianas empresas a escala sideral, generando al mismo tiempo que el flagelo del desempleo haya desmejorado ostensiblemente, y la pobreza haya aumentado hasta límites inconcebibles.
- Dolencias y enfermedades cardiovasculares, oncológicas e infecciosas postergadas a causas del coronavirus, situación que está generando muertes que parecen no contabilizarse, pero que tristemente suceden.
- Infinidad de mentes perturbadas de niños y adultos,que, bajo un encierro extremadamente prolongado, manifiestan temores, desequilibrios y depresiones crecientes.
En medio de este escenario desalentador, nos encontramos con otra problemática lastimosa, la pandemia ha puesto de relieve que en Argentina no todos los niños y adolescentes cuentan con la fortuna de poder estudiar plácidamente. Así, durante este prolongado confinamiento, unos 6.000 niños (solamente en la ciudad porteña) no están recibiendo educación hace más de cinco meses. Respecto a este escenario de “niños y adolescentes fuera del sistema escolar” la Provincia de Buenos Aires y las Provincias del interior no han brindado datos concretos.
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El gobierno porteño sí se ha expresado al respecto, intentado promover una vuelta a clases de modo parcial y focalizado, pretendiendo que aquellos niños y adolescentes que no tienen acceso a internet o no cuentan con computadoras en sus casas puedan disponer de conectividad y máquinas para trabajar en las escuelas de cercanía, con estrictos protocolos para la prevención del coronavirus. El gobierno nacional se ha manifestado en contra de esta medida, por considerarla de enorme riesgo en medio de la escalada del virus, que está saturando el sistema de salud público y privado.
En el marco de posiciones divergentes, respecto a la vuelta a clases para aquellos sectores que hoy se encuentran excluidos de la educación formal, el presidente Alberto Fernández se pronunció recientemente manifestando que va a intervenir las empresas de telecomunicaciones porque se enteró que gran cantidad de chicos de la ciudad porteña no tienen internet. Así se expresaba el presidente afirmando “es para que ninguna empresa disponga, de la noche a la mañana, aumentar los servicios sin autorización del Estado”. De tal manera, Alberto Fernández definió declarar servicios esenciales la telefonía celular, la televisión por cable e internet. Y el presidente agregó en su disertación, que como en la Ciudad de Buenos Aires 6.000 chicos no tienen acceso a internet “no les llegan las clases de sus maestros”.
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Puede ser una excelente medida, en un contexto de pandemia, de encierro, y de extrema vulnerabilidad económica apelar a la solidaridad de empresarios que pueden ser parte de este proyecto de mayor integración social a través de mayor integración escolar.Pero un interrogante se impone frente a una coalición de gobierno que se autoproclama “nacional y popular” y que considera que el Estado debe intervenir mucho más de lo que interviene en los asuntos que conciernen a los ciudadanos, ¿no debería el Estado involucrarse en primera persona,con el fin de lograr mayor integración escolar, a través de ofrecer conectividad gratuita para todos los niños que la requieren?
Si pudimos disponer por años de un festivo “fútbol para todos”, podríamos disponer durante una pandemia de una eficiente “educación para todos”.
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Y si la situación fiscal crítica no permite contar con los recursos disponibles, podrían los funcionarios gubernamentales y legisladores (oficialistas y opositores) y los magistrados con mayores ingresos, donar parte de su sueldo para armar un “fondo de educación para todos” durante los meses que dure la pandemia. ¿Por qué no?
Tal vez un Estado presente no solo debería intervenir aleccionando, sino participando activamente de la solidaridad que tanto pretende imponer.
Sandra Choroszczucha. * Politóloga y Profesora (UBA). www.sandrach.com.ar
