Conmemorando sus diez años de vigencia, este domingo Argentina transitó por un nuevo proceso eleccionario de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Las PASO –término adoptado por la jerga política desde su debut en agosto de 2011– se han transformado en una instancia complementaria al menú de participación democrática que ofrece nuestro país, obligando a la ciudadanía a repensar anticipadamente su preferencia electoral.
Con casi veinte proyectos de ley impulsados en su contra por distintos frentes, las PASO aún logran esquivar con relativa indemnidad los intentos legislativos que promueven su derogación o suspensión.
En lo teórico, las posiciones a favor justifican su utilidad en la capacidad para fortalecer alianzas y ordenar la oferta electoral de forma previa a las generales, favoreciendo la competencia dentro de los partidos y alianzas. Así, sus defensores inclinan la balanza frente a los detractores cuya crítica insiste en el elevado gasto que aparejan, el agobio que provocan sobre el electorado, y la desvirtuación de su espíritu.
En lo práctico, la opinión sobre las bondades o perjuicios de las PASO es, en el discurso de las distintas fuerzas políticas, un producto sesgado por el humor poseleccionario: para los ganadores, un anticipo vinculante de la vocación electoral frente a las venideras elecciones generales; para los perdedores, apenas una transitoria y poco nítida fotografía sin valor a futuro.
Desde la ciudadanía, en cambio, las PASO se muestran como una instancia poco clara de sufragio obligatorio cuyo interés real se diluye en la extensa oferta electoral disponible, los poco transparentes reglamentos de distribución de bancas dentro de las alianzas (que guardan celosamente los referentes partidarios) y el desconcierto sobre el carácter vinculante de sus resultados para con el siguiente proceso electoral.
En fin, las PASO traducen el típico distanciamiento entre promesa, expectativa y realidad que abraza a las instituciones políticas argentinas desde que la crisis de representación democrática se ha instalado con carácter permanente.
Los resultados de las PASO 2021 abren camino a un espectro de consideraciones, favoreciendo el ejercicio del único deporte no prohibido durante el aislamiento social obligatorio –y el más practicado en la política argentina–: el pivoteo de opiniones sobre extremos irreconciliables.
En el amplio catálogo de percepciones encontradas, dos ejes se destacan: la baja participación ciudadana y su preferencia electoral.
El excepcional escenario pandémico condiciona cualquier análisis riguroso sobre el comportamiento electoral en las PASO. El 68% de participación de este domingo (cuatro puntos debajo de la jornada histórica con menor participación) limita la legitimidad de conclusiones con fuerza científica, y habilita el debate oportunista sobre su verdadero valor. Quienes insisten en desoír un síntoma de apatía política y rechazo al sufragio como forma de diálogo democrático útil, maquillan la baja participación electoral con el temor al covid.
Por otro lado, el margen con que las listas de la alianza Cambiemos se impusieron mayoritariamente (en especial en Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Chaco y Buenos Aires) abre un juego interpretativo de binomios contrapuestos: entre los que sostienen la bandera de la libertad y la república como eslogan de campaña, las PASO muestran un claro mensaje contra el gobierno actual, mientras que el oficialismo nacional ve en el resultado electoral una respuesta de enojo ante el virus y ante el legado de una gestión anterior.
Desde dichos extremos se construyen relatos contradictorios que pretenden sostener anímicamente a sus electores: el resultado de las PASO es un fidedigno anticipo de noviembre vs. es apenas un transitorio estado anímico de electores confundidos que no quieren regresar al pasado.
En el medio de ambos, un ejercicio soberano preso de los relatos construidos por los laterales de una grieta que parece llegar a las profundidades a las que el propio Julio Verne condujo a sus lectores en su Viaje al centro de la Tierra.
*Investigador y profesor de Ciencia Política en la Universidad Blas Pascal. Esp. en Abogacía del Estado, Procesos Constitucionales y Gobernanza.
