Las vulneraciones a los derechos humanos y los daños que sufren las personas sobrevivientes del delito de trata, tanto a nivel físico como psicológico, son difíciles de dimensionar: hablamos de personas que han sufrido abusos de toda índole y deben enfrentarse con numerosas barreras -económicas, sociales y culturales- para poder reinsertarse socialmente y reconstruir sus proyectos de vida.
Brindar protección, contención, acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, como así también todos los recursos necesarios para que las sobrevivientes puedan superar esa situación de vulnerabilidad, es responsabilidad del Estado. Éste necesariamente debe asumir un rol activo en la lucha contra la trata de personas por medio de políticas públicas reales de asistencia que brinden soluciones rápidas y eficientes, a corto y mediano plazo. En este aspecto, nuestro país cuenta con la Ley Nacional 26.364 de 2008 -y su modificatoria Ley 26.842 de 2012- que establece la obligación estatal de implementar medidas orientadas a prevenir y penalizar la trata de personas, proteger y asistir a sus víctimas. Ahora bien, cabe preguntarnos si las leyes escritas se cumplen y si las sobrevivientes gozan de los derechos en su vida diaria.
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Estas son algunas de las preguntas disparadoras que utilizamos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para elaborar una investigación que buscó indagar y comprender de qué manera el Estado asiste a las víctimas de este delito. Por medio de testimonios brindados por las propias sobrevivientes, el trabajo pretende recoger sus voces y construir una mejor hoja de ruta para que la asistencia integral salga de lo normativo y se materialice en las vidas de las víctimas sobrevivientes y sus propias familias.
La voz de las sobrevivientes
El estudio revela que no se garantiza una asistencia integral a las víctimas por parte del estado nacional. En ese sentido, diversas sobrevivientes manifestaron sentirse desprotegidas y en condición de abandono luego del rescate: “Fui desamparada por la policía, por el juez, y por el Estado. Me desampararon todos. Total dijeron 'bueno la rescatamos y que ahora se maneje”, expresó una de ellas. Esto es muy grave, dado que el rescate es la acción básica que el Estado realiza para con una persona que está siendo tratada, y es a partir de ese momento que se deben desplegar todas las acciones tendientes a lograr de manera efectiva las reparaciones pertinentes.
En esa misma línea, una de las sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual indicó: “Las víctimas que somos rescatadas somos revictimizadas en todas las dimensiones habidas y por haber: luego no tenemos acceso a la justicia, no tenemos acceso al trabajo, y no tenemos acceso a la vivienda porque no hay políticas públicas que realmente así lo exijan en nuestro país”.
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Por otro lado, todas las sobrevivientes entrevistadas manifestaron la falta de acceso al derecho a la salud física y mental, el cual es prioritario y esencial para la reconstrucción de sus vidas. “La salud es lo principal para las mujeres porque quedamos violentadas a nivel físico y psicológico”, resaltó una de ellas. “Asistencia psicológica es lo que más pedía en ese momento. Tuve 4 o 5 sesiones y una vez pedí hablar con el director del lugar para continuar porque la verdad la estaba pasando mal y estaba muy angustiada. Pero la persona me dijo ‘usted ya tuvo asistencia psicológica, 3 o 4 sesiones ¿Cuántas quiere?, ¿Asistencia psicológica de por vida?’”, agregó.
Esto se contrapone con el Protocolo Único de Articulación el cual establece que en una primera etapa de asistencia se debe brindar refugio, alimentación, vestimenta, provisión de medicación, como así también atención profesional individualizada en forma integral, social, psicológica y médica.
La investigación también da cuenta de la ausencia del derecho al trabajo que es un aspecto fundamental para que las personas víctimas tengan más y mejores posibilidades de elegir cómo quieren desarrollar sus proyectos familiares, personales y profesionales. Al respecto, una de las sobrevivientes manifestó: “En 2018 me citan para una entrevista de trabajo y me piden el currículum, lo cual fue muy incómodo porque si tenía que escribir uno tenía que mentirle, porque si le decía la verdad en mi CV son 30 años de noche, de droga, de alcohol, de violaciones y de aborto. Otro CV no tengo”. El Estado debe garantizar el acceso a empleos adecuados para sobrevivientes que, luego de muchos años de encontrarse siendo explotadas, necesitan un trato diferenciado para conseguir trabajo y para poder mantenerlo en el tiempo.
Las voces de las mujeres protagonistas nos demuestran que aún la distancia entre sus derechos y su efectivo cumplimiento es grande, y que la asistencia que reciben es insuficiente para suplir las múltiples vulneraciones sufridas y lograr evitar así volver a ser tratadas y explotadas por diferentes redes.
Para achicar esa distancia y romper el ciclo de la trata, es esencial que el Estado atienda las reales necesidades de las y los sobrevivientes. Es preciso acompañarles de forma sostenida y trabajar en pos de mejorar los mecanismos de asistencia y acompañamiento inmediatos específicos para que no vuelvan a caer en la vulnerabilidad y tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida. La efectiva restitución de derechos para las víctimas es un paso primordial en el camino a seguir para combatir y erradicar este delito que daña y ultraja la dignidad humana.
*Bárbara Bonelli. Defensora del Pueblo Adjunta de CABA.
**Alika Kinan. Directora del Programa de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de la UNSAM, sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, y CEO Fundación Alika Kinan.
