1789, Francia. La Asamblea Nacional aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión fueron elevados a la categoría de derechos fundamentales, y como garantía de su protección, y para beneficio de la comunidad, se crea la fuerza pública, la policía.
2020. Estados Unidos. Un policía es filmado por ciudadanos que le gritan por piedad, mientras presiona contra el asfalto el cuello de un hombre sofocando su grito “I can’ t breath”. Ese desgarrador “no puedo respirar”, se colaba entre otros tres policías que protegían al homicida, garantizando que nadie saliera en defensa de la víctima.
Un nombre más pasó a engrosar la abrumadora lista de muertos a manos de la violencia policial y el racismo, la palabra maldita, con la que se pretende dar una explicación a esas imágenes que dan por tierra el sistema de principios que justifican la existencia de la fuerza pública.
Por nuestra parte, en Argentina, los medios de prensa presentan casi cotidianamente, hechos de violencia policial. Universidades y centros académicos, han ido constituyendo la cuestión de la “violencia policial” como una rama bien identificada de los estudios policiales.
A pesar de ello, algunos pretenden explicar como el costo a pagar por mantener el orden. Pero esta forma de “administrar la fuerza”, arraigada en la cultura institucional policial, está signada por esa apelación continua al “mantenimiento del orden”, un orden internalizado por los policías y descarnadamente graficado en la imagen de un policía blanco con su rodilla en la nuca de un afrodescendiente; en definitiva, un orden social donde queda claro quién debe estar arriba y quién abajo.
Las prácticas policiales están atravesadas por una matriz donde el uso de la fuerza, la cual es legítima en tanto moderada, se transmuta en hechos de violencia condenables en una república e inadmisibles en una sociedad democrática.
Esa realidad incontrastable, debe ser una advertencia de que nuestros moldes institucionales y capacidades de respuesta social resultan superadas y son ineficaces para evitar hechos de violencia policial, y con ello se impone un urgente debate acerca del modelo policial que nos merecemos y necesitamos como sociedad.
Pero el exagerado apego a la cultura castrense, por parte de las fuerzas de seguridad; la continua apelación a alegorías de guerra; a la sobrevaloración del arma letal y a la instauración del modelo del guardián heroico, nos hace pensar en profundidad si no nos hemos demorado demasiado en avanzar en la discusión y reformulación de la institución policial.
Para prevenir hechos de violencia policial, debe discutirse el modelo policial, y los sistemas de ingreso a las instituciones policiales y el perfil de los aspirantes; los sistemas de capacitación, donde se constituye el germen de una lealtad al uniforme, los mecanismos de promoción, hoy más cercanos a la discrecionalidad en vez de promociones, en base a oposición de antecedentes en las categorías inferiores y por concursos –quizá abiertos–; la inexistencia de una perspectiva de género; la efectiva profesionalización de los miembros de la fuerza a través de la promoción y estímulo de estudios de grado y posgrado; sus salarios, calidad de vida, necesaria atención, contención y seguimiento psicológico, y también los tiempos de prestación de servicios, diarios y en el transcurso de la carrera, no se puede admitir ni policías trabajando las 24 horas, ni jubilados antes de los 50 años, cuando han alcanzado la experiencia y conocimientos, para conducir con mesura y sabiduría, una institución pública.
Si no se advierte la necesidad de ocuparse y generar estos cambios urgentes, seguiremos tratando de ocultar las innumerables pruebas de nuestra incapacidad de abordar y cambiar lo que debe ser cambiado.
*Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal (UBP).
