La historia de Claudia Rodríguez, internada en el Hospital Moyano por 12 años, es uno de los tantos ejemplos de cómo funciona la salud mental en el país y da cuenta de la gravedad del problema. Claudia Rodríguez es profesora de Historia y magíster en Relaciones Internacionales. Hasta 2007 estaba divorciada, vivía sola en un departamento y trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Un día decidió dejar de ir a trabajar y de pagar las cuentas. “Tenía un delirio de que me casaría con Franco Macri y que nos coronarían rey y reina”, explicó.
Ante su descompensación, y tras sufrir alucinaciones, sus vecinos llamaron al SAME y la internaron en el Moyano, donde le diagnosticaron esquizofrenia. Si bien fue dada de alta en 2012, solo siete años después logró probar su solvencia económica para poder vivir de manera independiente por fuera de los muros del hospital. Hoy se define así: “Soy Claudia, soy esquizofrénica y estuve internada 12 años en el Hospital Moyano”.
Para evitar casos como el de Rodríguez, en 2010 se promulgó la Ley 26.657 de salud mental. La norma parte “de la presunción de capacidad de todas las personas”, redefine el concepto de salud mental y destaca que la preservación y mejoramiento “implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
El encierro y el aislamiento, se suponía, se erradicaría de las prácticas de la psiquiatría. Los manicomios dejarían de existir para 2020. El presupuesto nacional en salud mental llegaría al 10% del total de salud. Los hospitales generales o de agudos recibirían y tratarían a las personas usuarias del servicio de salud mental.
El 1º de agosto de 2019 el Gobierno presentó los datos del primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM) realizado en los establecimientos públicos y privados de internación monovalente de todo el país durante 2018 y 2019. Según estipula la ley, este registro debería confeccionarse cada dos años después de su sanción.
El relevamiento arrojó los siguientes datos: en los 162 manicomios de la Argentina hay 12.035 personas internadas por motivos de salud mental. El 52% en establecimientos públicos y el 48% en privados. El tiempo promedio de permanencia en estos centros es de 8,2 años, y aumenta a 12,5 en el sector público. Una de cada cuatro personas lleva entre 11 y 90 años internada.
“De la implementación de la Ley 26.657 falta muchísimo, es un proceso largo que va a llevar tiempo porque es un cambio de paradigma”, se sinceró con esta columnista Mariana Moreno, directora nacional de Salud Mental, que en abril del año pasado presentó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental junto al presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
“En el anuncio presidencial se aclaró que no es solo un tema a abordar desde las políticas sanitarias, sino que tiene que ser un abordaje integral de todo el Estado. Hay voluntad política porque en este gobierno se considera la salud mental como una prioridad”, precisó Moreno, quien sumó que se creó la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma).
Entre los ejemplos de políticas públicas que este órgano transversal implementa, la funcionaria destacó Habitar Inclusión, programa en el que se trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la construcción de viviendas para personas usuarias del servicio de salud mental. Además, comentó sobre el proyecto de reformas y reacondicionamiento de los hospitales generales para la prestación de un buen servicio de salud mental junto con el Ministerio de Obras Públicas.
Si bien es cierto que el actual gobierno reactivó políticas públicas que habían dejado de funcionar, todavía es mucho el trabajo que queda por delante para erradicar el paradigma manicomial en la sociedad y, a más de una década de promulgada la ley de salud mental, la historia de Claudia Rodríguez sirve como ejemplo de muchas personas usuarias del sistema que ven la realidad de manera muy diferente a lo que plantea el texto de la norma.
*Periodista. Red de Politólogas - #NoSinMujeres. TW: @delficelichini.
