El último golpe cívico-militar-eclesiástico llegó para modificar drásticamente la correlación de fuerzas existente entre el capital y el trabajo. Para eso, una de sus principales medidas, se produjo al mismo momento en que asaltaron la democracia: suspendieron la actividad gremial e impusieron la Ley 21.260, que permitía el despido de empleados estatales sin indemnización si sus jefes consideraban que estaban relacionados con actividades “de carácter subversivo o disociador”.
Antes de cumplir un mes en el poder, cortaron 25 artículos y cambiaron 98 de los 301 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula hasta hoy de las relaciones laborales entre los trabajadores del universo privado. Es una ley que sufrió una amputación, sin anestesia, del 40 por ciento de los derechos y protecciones que contenía.
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Las modificaciones fueron muchas y variadas, pero todas con un norte común: la morigeración sino la eliminación de las protecciones para las y los trabajadores. Así la dictadura terminó vulnerando los derechos de los trabajadores, que estaban consagrados en una ley discutida y votada en democracia. Los únicos ganadores fueron los empresarios.
Reformas a favor del proyecto empresario
Uno de los pilares de la reforma de facto apuntó directamente a la organización y control en el lugar de trabajo que, hasta entonces, era cuestionado por la presencia de delegados gremiales en los establecimientos. Para poder relanzar el proyecto empresario era imperioso disciplinar la vida interna de los lugares de trabajo.
Así, entre otras, modificó peyorativamente y en contra del trabajador:
- El derecho a considerarse despedido en caso de haber sido sujeto de suspensiones menores a treinta días, cuando estas fueran injuriosas o agraviantes.
- La necesidad de someter a un procedimiento previo y a solicitud de autorización, con participación del sindicato, las decisiones relativas a despidos, suspensiones o modificaciones contractuales que comprendan a una pluralidad de trabajadores.
Sin derecho a huelga
Otro punto neurálgico de la reforma laboral que impuso la dictadura fue el derecho de huelga. Conjuntamente con la desarticulación de la trama de derechos individuales que protegían al trabajador, se hacía necesario imponer un cambio radical en las relaciones colectivas de trabajo; la derogación de varios artículos impuso que ahora la participación en una medida de acción directa era causal de medidas disciplinarias o incluso de despido justificado y que se volvió legal la contratación de rompehuelgas. En ambos casos la modificación de la norma de facto supuso un cambio jurídico de 180 grados.
Por último, en sintonía con la agenda neoliberal de la dictadura, y con la finalidad de facilitar la circulación del capital, se impuso la desarticulación de las unidades productivas y la desresponsabilización de las empresas principales en los casos de tercerización laboral.
Las modificaciones apuntaron a limitar la responsabilidad solidaria de las empresas principales con el resultado esperado. El abaratamiento de la mano de obra por la externalización de procesos productivos que hicieran a la actividad principal o accesoria de la empresa principal.
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Ese ataque contra la legislación laboral se completó, poco después, con la Ley 21.356, que prohibió las elecciones de representantes gremiales.
La violencia que implicó 30.000 detenidos desaparecidos, en su enorme mayoría activistas y militantes de base, gremiales y sociales, fue acompañada de una profunda reforma de las relaciones laborales, individuales y colectivas que buscó y logró un cambio sustantivo en el mundo del trabajo.
* Abogado laboralista y candidato de Espacio Abierto de la Abogacía (EADA)
