La directora del CELS rechaza la prisión domiciliaria automática por la edad en los casos de lesa humanidad

La directora del CELS, Paula Litvachky, considera que la sociedad debe establecer un nuevo pacto democrático que incluya el respeto la condena a la Dictadura, la defensa a la libertad de expresión, el rechazo a la violencia estatal en casos de disidencia y la exclusión de los militares de la funciones civiles de la política, entre otros puntos. "Los planteos que está haciendo el Gobierno ponen en tela de juicio si hubo terrorismo de Estado y la magnitud del crimen cometido por la dictadura militar", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). 

Paula Litvachky es abogada, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y es parte del equipo desde el año 2004. Se ha enfocado en la protección de los derechos humanos en temas relacionados con política criminal, de seguridad e inteligencia, entre el año 2011 y fines de 2019, además dirigió el área de Justicia y Seguridad del CELS. 

Esta semana, en vísperas de Día de la Memoria, el CELS instó al arco político a firmar un pacto de marzo en relación al pacto de mayo que plantea el Presidente, con el objetivo de ratificar un acuerdo político y social para defender los derechos humanos, que la nueva gestión nacional está quebrando con sus políticas negacionistas. ¿Qué balance le merece?

Nuestro planteo es hacia el  sistema político y a la sociedad. En esta coyuntura complicada y con un Gobierno que viene planteando posiciones negacionistas en relación con el plan sistemático de la desaparición y exterminio de personas, o sea, un componente de violencia estatal y legal. 

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Además, viene teniendo otras prácticas políticas muy confrontativas en relación con la protección de derechos. Nuestra propuesta es que a partir del Día de la Memoria volvamos a conversar sobre un pacto democrático básico a nivel social y político, que incluya el respeto irrestricto a la democracia, la condena a la Dictadura, la defensa a la libertad de expresión y el derecho a la información, el rechazo a la violencia estatal en casos de disidencia política, la exclusión de los militares de la funciones civiles de la política, entre otros acuerdos básicos. 

La sociedad argentina debería ponerse de acuerdo en estos puntos que, durante varios años, tuvieron un consenso pero que ahora, desde el propio Estado, se están poniendo en discusión. 

Está este planteo de la prisión domiciliaria a los condenados por los delitos de lesa humanidad de más de 70 años que a nosotros nos parece importante destacar que, en el fondo, el Gobierno está poniendo en tela de juicio si existió el plan criminal de desaparición de personas. 

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¿Le parece bien o mal el hecho de los condenados que tienen más de 70 años continúan el arresto en prisión domiciliaria?

Depende de cada uno de los casos. En los casos donde las personas seguir en la cárcel porque su salud se los imposibilita, está bien la prisión domiciliaria.

Pero puede tener 30 años y tener problemas de salud, o sea, no tendría nada que ver con la edad. ¿Entiendo bien?

También debería estar en prisión domiciliaria. Es decir, no estamos de acuerdo que la prisión domiciliaria sea automática por la edad. Algo importante que quiero destacar es que nosotros venimos discutiendo, por ejemplo, en relación con los derechos de las personas privadas de libertad, en general la respuesta del Gobierno es una respuesta muy restrictiva. No importa los derechos de esas personas, importa la seguridad. 

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Esa confrontación se ha visto mucho entre la necesidad de dar seguridad a la población y al mismo tiempo poder proteger los derechos de las personas que están detenidas. El ejemplo más claro, me parece, es lo que vimos en los últimos días, la foto en relación con las cárceles de Rosario. Hay una habilitación estatal a un tratamiento cruel y deshumanizante por parte del Estado con motivo de la lucha contra el narcotráfico o la necesidad de dar seguridad a los santafesinos. 

Nosotros como organismo de Derechos Humanos estuvimos en contra de que se haga una espectacularización del castigo de ese modo y planteamos que no es necesario tener ese nivel de crueldad y ese nivel de violencia para desplegar una política eficaz en contra del narcotráfico. 

Entonces, la discusión en relación con las personas detenidas es la crueldad o no del castigo, y nosotros estamos muy abiertos a discutir, y lo hemos hecho históricamente, que el Estado no puede desplegar ese nivel de crueldad. 

Por lo tanto, aún en los casos que se trate de detenidos por delitos de lesa humanidad, si el castigo se convierte en un castigo cruel, nosotros no estamos de acuerdo y nos parece que esa persona tiene que cumplir su detención en condiciones dignas. 

Lo que hay acá es una contradicción entre querer que salgan todos los detenidos por lesa humanidad mayores de 70 y al mismo tiempo postular que es necesario desplegar ese nivel de crueldad para casos como, por ejemplo, los de narcotráfico.

Rosario siempre está cerca

Luis Petri, el ministro de Defensa, ayer afirmó que hay un hilo conductor entre la intervención en los 70 y lo que tenemos que hacer hoy en Rosario. Y pareciera que el hilo conductor que Petri está hablando es la violencia estatal ilegal. 

Por eso digo que me parece importante entender que estos planteos que está haciendo el Gobierno ponen en tela de juicio si hubo terrorismo de Estado y la magnitud del crimen cometido por la dictadura militar.

Amenaza y abuso a la militante de HIJOS

Alejandro Gomel (AG): La agrupación H.I.J.O.S lanzó un comunicado relatando el caso de la chica amenazada, golpeada y abusada por dos hombres armados que cuando se fueron del lugar escribieron “VLLC” por la frase “Viva la libertad carajo” y dijeron, claramente, que “no vinimos a robarte, sino a matarte, nos pagan para eso”. Además, se llevaron carpetas vinculadas a su militancia en H.I.J.O.S. ¿Qué sabe de este funesto hecho?

Vimos la noticia y la estamos estudiando con preocupación, pero como no estamos en el caso no tengo detalles para compartir. Sí puedo decir que tenemos una plataforma llamada Radar que hace seguimientos en caso de violencia política de la ultraderecha. 

Este caso podría conectarse con ese despliegue de violencia social en algunos casos o estatal en otros, habría que estudiar este concretamente. La preocupación nuestra tiene que ver con una habilitación política a ciertos actos de violencia política que hace muchos años que en nuestro país no estaban permitidos, y esa es una de las discusiones más importantes para nosotros en este pacto de marzo.

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Este caso tal como está relatado podría pensarse como uno de los casos en donde grupos se sienten habilitados a llevar adelante este tipo de hechos, que además son profundamente discriminatorios, contra referentes sociales activistas, defensores de derechos humanos.

Ahí es donde está nuestra preocupación al caldo de cultivo que se va armando y que se va habilitando, en términos de intervenciones violentas no únicamente del Estado sino a nivel social, y por eso nosotros planteamos que tiene que haber un pacto político y social.

AO FM