Diego Alejandro Celentano, 33 años. Héctor Raúl Figueroa, 42. Marcos Iván Daloia, 38. Bruno Nicolás Bussanich, 25. Pongámosle nombre al enésimo rebrote de violencia narco en Rosario, una de las tres principales ciudades del país. Para evitar sumarlos sin más a la fría estadística, según la cual esa urbe quintuplica el promedio de la tasa nacional de crímenes.
Como en tantos otras cuestiones, la dirigencia argentina no ha estado a la altura del desafío de combatir eficazmente el narcotráfico. Sería un error, un facilismo, limitar la responsabilidad a la política. Sectores de la justicia, de las fuerzas de seguridad, del empresariado, del mundo financiero, del aparato sindical, de medios de comunicación y hasta de la sociedad civil (el fútbol, entre ellos) toleró o prohijó el crecimiento de la actividad.
Los fusilamientos de Diego, Héctor, Marcos y Bruno detonaron un escenario ya de por sí explosivo en Rosario. Las bandas de traficantes decidieron sembrar el terror como una represalia conjunta al endurecimiento del gobierno de Santa Fe, que agudizó las requisas en la cárcel de Piñero, “a lo Bukele”, y las exhibió por sus redes.
Al show de la sangre sobrevino el del repetido despliegue de fuerzas federales en el territorio. Liderados por la ministra Patricia Bullrich (una velocista a la hora de la reacción y de las cámaras), unos 450 efectivos se desplegarán por la ciudad. Un centenar por turno. El operativo de seguridad de cualquier clásico local entre Central y Newell’s demanda un millar de policías. Y sin visitantes.
A ese contingente se sumarán las Fuerzas Armadas, con el ministro Luis Petri a la cabeza, otro hábil publicista. Aunque se aclara que la apoyatura militar será para cuestiones logísticas, resulta curioso ese respaldo porque las FF.AA. adolecen de recursos para poder desplegarse.
Bullrich aprovechó para pasar facturas políticas por la falta de aprobación de la ley ómnibus, cuando antes de los fusilamientos no había enviado ni un solo gendarme a Rosario. Y, de paso, pidió nuevas leyes para combatir el “narcoterrorismo”. Con las que hay alcanzan (si se las aplicara, claro), salvo que innove con algún cambio en el rol militar.
Los jefes castrenses, admiten en privado, están lejos de entusiasmarse ante el Operativo Rosario. Amén de la limitación legal y de materiales, ni siquiera pueden tener armas para defenderse, para hacer un trabajo que puede exponerlos. Para peor, al ver el despliegue comunicacional de Petri, sospechan de ser utilizados políticamente para una promoción personal.
Es cierto que tanto Bullrich como su par de Defensa toman sus áreas con las varas muy bajas. Hay que hacer poco para mejorar la performance de Sabina Frederic, Aníbal Fernández, Agustín Rossi y Jorge Taiana.
Pero el problema narco excede las cuestiones de seguridad, aunque las incluye. Bienvenida la coordinación de fuerzas nacionales y provinciales, pero de verdad, más allá de las fotos y las conferencias de prensa. Más bienvenida sería la inteligencia criminal para enfrentar a los narcos y que se involucre la justicia federal a mayores niveles. Y una mayor bienvenida se daría a que se investiguen las rutas del dinero: cómo, quién, dónde se blanquean los multimillonarios fondos que se generan de manera ilegal.
También es una hipocresía limitar el problema narco en la Argentina a Rosario. Jefes policiales y funcionarios judiciales de otras provincias, además de Santa Fe, debieron ser removidos por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes. Por mencionar los casos que saltaron a la luz pública.
Al respecto, resulta enternecedor ver los mensajes de solidaridad con el gobernador Maximiliano Pullaro (quien vive amenazado, al igual que su familia) de muchos de sus pares, que prefieren seguir mirando la paja en el ojo ajeno y no en el propio en relación a lo que sucede en sus distritos con los narcos. Rosario está muy cerca y hay más de las que creemos.
Tomarse el tema en serio conlleva sus riesgos. Plata o plomo, sentencia la mafia en una oferta difícil de tomar. Sin necesidad de golpes de efecto ni espectáculos mediáticos, es hora de empezar a dar la pelea en serio. No sólo con armas. Como sociedad nos lo merecemos. Las familias de Diego, Héctor, Marcos, Bruno y miles de víctimas, sobre todo.
