La promesa de la Argentina llega a más de 40 años de los hechos, una asignatura pendiente por la falta de juicios y condenas particularmente sobre los "cómplices civiles" que ayudaron al régimen castrense de 1976-1983 a expoliar bienes de las víctimas desaparecidas. Serían "delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica", como los definiera Horacio Pietragala, Secretario de Derechos Humanos del actual gobierno.
El discurso de Pietragala intervino al iniciarse el Examen Periódico Universal (EPU) de la Argentina a comienzos del año en Ginebra (1), un escrutinio "entre pares" que ahora culmina, donde cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU está obligado a someterse una vez cada 5 años. Los gobiernos deben definirse formalmente por "sí" o por "no", frente a las recomendaciones que le hagan los demás países para mejorar los derechos humanos. Sobre 287 recibidas, Buenos Aires aceptó 271, impugnó 14, más 2 de valoración dividida, mitad "sí", mitad "no". La ONU hace un seguimiento del cumplimiento solo de las aceptadas.
El Secretario de Derechos Humanos anticipó entonces que existirían "aproximadamente 30 causas judiciales que investigan la responsabilidad penal de integrantes de empresas por crímenes de lesa humanidad, que se encuentran en distintas etapas procesales". Fuentes del Ministerio Público enumeran 28. Atañen a empresas en diferentes provincias, y en la Capital Federal, sumarios retrasados para dictar sentencia, sin vínculos explícitos con el expolio perpetrado en los campos de concentración.
La rapiña de bienes de desaparecidos en los centros clandestinos de detención tuvo sus modalidades. Los secuestrados eran obligados a firmar documentos, transfiriendo sus propiedades a identidades apócrifas, falsificadas en papel por los represores. Estos luego "revendían" los bienes a "cómplices civiles" de carne y hueso, que los "revendían" una segunda vez en el mercado público, transformándolos en dinero en efectivo legal, el verdadero "botín de guerra". Una vez despojadas las víctimas eran asesinadas.
Esos "cómplices civiles", siguen impunes, aun caminando por las calles, o sepultados en tumbas no anónimas. Sin embargo, ninguna de las 28 causas ya señaladas se refieren a centros clandestinos de detención. El más emblemático haya quizás sido el de la ESMA, convertido en "Museo Sitio de memoria", candidato a la nominación de Patrimonio Mundial de la UNESCO, debido a la barbarie de las atrocidades allí levadas a cabo por los militares. Hay sumarios con requerimientos para elevar a juicio sobre casos de apropiación ilegal de bienes en la ESMA, al menos 5 desde el 2007, cuyos victimarios han sido identificados. El gobierno acaba de informar en la ONU que "profundizará la investigación y sanción" de lo anticipado por Pietragala. (2)
Confidencias de San Martín en Boulogne-sur-Mer
A todo esto, la Argentina se pronunció sobre otros temas en el presente examen. Entre ellos rechazó una recomendación de Alemania empleando el "toma nota", eufemismo que para la ONU significa una respuesta negativa, declinando así "colaborar con la oposición política para cubrir las vacantes de Procurador General de la Nación, juez de la Corte Suprema y Defensor del Pueblo de la Nación". Su contenido coincidió con una recomendación equivalente del Reino Unido, desechada vía el subterfugio del "toma nota", consistente en "trabajar con todo el espectro político para nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación, y cubrir sin demora otros puestos importantes vacantes en el sistema judicial". Alemania añadió a modo de comentario "su preocupación por los intentos de ejercer influencia política sobre el sistema judicial".
A su vez, Argentina impugnó una recomendación de Lituania de "seguir investigando denuncias de violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas encarcelados por ejercer las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, y velar porque los presuntos autores comparezcan ante la justicia". Replicó que no le constan "denuncias sobre periodistas que hayan sido encarcelados por ejercer las libertades de expresión, reunión pacífica y de asociación".
Buenos Aires tampoco se plegó a la recomendación de Luxemburgo de "regular la fracturación hidráulica para adecuarla a los requisitos de derechos humanos, implementar evaluaciones de impacto en todas las provincias y consultar a las poblaciones afectadas para basar proyectos de este tipo en el consentimiento libre, previo e informado", de los pueblos indígenas, como estipula el Convenio 169 de la OIT en la materia, ratificado por la Argentina. Asimismo Costa Rica fracasó para que "en cada centro de salud" argentino "haya al menos un médico que facilite el ejercicio pleno de todos los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en el país, con un enfoque de derechos humanos dentro de un paradigma intercultural".
Otros países le formularon más comentarios críticos al gobierno de Alberto Fernández, siendo normal en los ejercicios del EPU, pues no existen Estados sin problemas a resolver en libertades públicas y derechos individuales. Austria "observó una brecha entre el marco jurídico y su aplicación en algunos ámbitos", Irlanda se inquietó "por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por agentes del orden". Las Islas Marshall, alineadas con Washington en política exterior, lamentaron "la criminalización de los defensores de derechos humanos". Polonia "esperaba que el proceso para tramitar crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar concluyera con prontitud".
Al tiempo, Croacia "observó la falta de medidas eficaces para abordar la violencia de género y la impunidad en los casos de feminicidio". Eslovenia alentó "a reducir la violencia contra las mujeres indígenas". Botswana "señaló la falta de políticas de protección de la mujer en zonas rurales". Finalmente, el gobierno argentino aceptó el reclamo israelí de "adoptar nuevas medidas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994" (AMIA).
(1) Discurso de Horacio Pietragala del 23 de enero del 2023, copia distribuida por la ONU en Ginebra.
(2) Requerimientos de elevación a juicio pendientes en la «mega-causa» ESMA por robo de bienes a desaparecidos y delitos conexos del 26/12/2007, 2/12/2008, 8/1/2009, 28/12/2009 y 15/4/2010. En esos documentos, el fiscal de instrucción ha impulsado la acción penal, materializando pruebas, y relatando los hechos. Es tiempo que el Tribunal Oral en la Criminal Nro. 5 fije la fecha de juicio (copias en el archivo del autor, periodista, sobreviviente del campo de concentración de la ESMA).
