Deberle US$ 44 mil millones al FMI claramente representa un problema de gran magnitud, mucho más si el plazo de pago es exiguo. Más grande aún, si además el programa que dio origen a dicha deuda fracasó sin cumplir ninguno de los objetivos propuestos, y por lo tanto, la economía sigue enfrentando los mismos viejos problemas.
Por más dificultoso que sea, este problema debe ser afrontado y resuelto satisfactoriamente, ya que en caso de no lograrse un acuerdo la situación macro general no haría otra cosa que deteriorarse de un modo muy pronunciado. Al menos en este último punto me atrevo a aseverar que existe un consenso muy amplio dentro de la profesión. Tres años después de no haber resuelto el problema, el tema se ha vuelto urgente, porque existe el riesgo de no poder cumplir con los vencimientos que se avecinan a partir del 22 de marzo próximo, cuando vencen US$ 2.900 millones que no se podrían pagar en función del nivel de reservas del BCRA. Un default con el FMI (en realidad ese término no existe en sus estatutos y procedimientos, lo cual obliga al deudor a cancelar la deuda cash) representaría un viaje a un mundo desconocido para un país de nuestro tamaño, con excepción de Grecia a mediados de 2015. Aquel evento duró un poco menos de un mes, y el gobierno helénico contó para cancelar esos atrasos (US$ 2 mil millones) con la asistencia del Banco Central Europeo. En nuestro caso, entrar en atrasos durante nueve meses acumularía una deuda de US$ 17 mil millones, siendo muy complicado imaginar alguna fuente que nos pudiera financiar semejante monto. De este modo, el riesgo del caso argentino es que en caso de entrar en atrasos, esa situación podría prolongarse por bastante tiempo, y con eso sus efectos adversos.
Una primera lectura de la presentación del estado de situación de la negociación con el FMI que protagonizaron el último miércoles el Presidente y su ministro de Economía, es que ambos dejaron en claro ser conscientes de los perjuicios que a la macroeconomía le ocasionaría un fracaso en la negociación, reconociendo la importancia de lograr un entendimiento. También quedó claro que el acuerdo se encuentra más lejos de lo que el propio gobierno había dejado trascender poco tiempo atrás.
El objetivo de la reunión fue mostrar la imagen de un consenso amplio para cumplir con una exigencia del FMI. En efecto, al aprobar el informe de evaluación posterior del programa acordado con la administración Macri en 2018, el Directorio del Organismo amplió el alcance del concepto de “apropiación” (ownerhisp en inglés) que un país debe tener frente al programa propuesto. Esta apropiación significa que el país reconoce al programa como suyo. Antes, la apropiación correspondía al gobierno de turno del país miembro, mientras que ahora se amplió a una parte más amplia del arco político y de actores de la sociedad civil. Esta modificación obedece al hecho de que en el caso del último programa argentino, las autoridades anteriores, con el ownership restringido, esgrimieron la falta de apoyo parlamentario para evitar comprometerse con reformas estructurales que el Fondo consideraba necesarias. También, justificó la aceptación de proyecciones macroeconómicas que terminaron siendo demasiado optimistas. El rechazo del proyecto de ley de Presupuesto para 2022 representó un traspié no menor para el Gobierno en su intento de cumplir con este objetivo.
También el ministro enumeró una serie de acuerdos (modificaciones respecto de lo que se ha venido haciendo) fruto de la negociación en curso: i) una política monetaria tendiente a fomentar la demanda de pesos con tasas de interés reales positivas, ii) una fuerte reducción de la asistencia monetaria del Banco Central para financiar el Tesoro, iii) una política cambiaria que permita acumular reservas internacionales, iv) el abandono de las políticas de congelamientos de precios y su reemplazo definitivo por acuerdos más consensuados, que luego serían respaldados por acuerdos salariales consistentes, v) inminencia de un ajuste de tarifas. En la jerga de los acuerdos con el FMI, estas modificaciones se denominan “acciones previas”, que son decisiones que sirven para ir implementando correcciones desde el minuto cero, para que el programa pueda dar resultados más rápido, al tiempo que representan un gesto de buena voluntad del Gobierno para negociar.
El punto de disenso afirmó el ministro, viene dado por la velocidad en que el déficit fiscal debería irse cerrando, o sea con la velocidad de ese ajuste. Si bien no se mencionó la pretensión del FMI, el ministro de Economía mencionó, sin dar detalles, que la posición argentina plantea no “ajustar” durante 2022 y alcanzar el equilibrio operativo de las cuentas públicas recién en 2027. Las estimaciones que realizamos en ACM, en base al modelo de sostenibilidad de deuda del FMI, indican que la solicitud del FMI sería cerrar el déficit a fines de 2024 y un rojo operativo de 2,8% del PBI PARA 2022. Si se presta atención, ambos números no están nada lejos. Más aún, técnicamente el ministro podría haber mostrado un resultado fiscal primario alineado con la pretensión del FMI con solo haber actualizado la proyección de inflación que utilizó en el malogrado proyecto de Presupuesto 2022. En caso de asumir una proyección de inflación de 47%, (optimista?), se podría haber contado con recursos tributarios netos (esto es deducidas las asignaciones específicas de la recaudación y actualizando los gastos indexados) por un monto equivalente a 0,5% del PBI, los cuales, si se aplicaran a la reducción del déficit primario (cosa que Guzmán aseveró que haría en caso de contar con más recursos), hubieran dado como resultado un déficit primario de 2,8% del PBI para este año, perfectamente en línea con la pretensión del Fondo. Por esto, continúa siendo difícil entender por qué no corrigieron aquella proyección que a todas luces resultaba irreal, y que lejos de lograr el necesario consenso, terminó dando fuerza a las posiciones más recalcitrantes en el arco opositor. ¿Será porque no hubo consenso dentro del oficialismo? El cuestionamiento a la estrategia de negociación esgrimido por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires da para pensar.
Un último comentario tiene relación con el posible impacto que haya causado esta presentación en la contraparte negociadora. Si bien no se mostraron detalles exhaustivos de los números a partir de los cuales se está negociando, generalmente las negociaciones transcurren en un ámbito cerrado. Como se dijo que la dificultad que enfrenta nuestro país es muy compleja, también hay que tener en cuenta que de treinta acuerdos firmados con el FMI, Argentina solo pudo cumplir con cinco de ellos. Los antecedentes del país no nos dan un sustento muy fuerte en cuanto a credibilidad. Esperemos que lo enunciado represente una posición de máxima a partir de la cual el Gobierno pueda mostrar cierta flexibilidad para alcanzar un acuerdo, fundamentalmente para evitar los impactos negativos de un fracaso. Quedan dudas respecto de si la estética del acto del miércoles es el mejor modo para alcanzar los consensos necesarios. Sin dudas, de seguirse el espíritu del discurso de Esteban Bullrich al momento de renunciar a su banca, o se repasan las acciones llevadas a cabo en 2002 narradas en el reciente libro de Ignacio de Mendiguren, las chances de éxito se incrementaría notablemente. Es por ahí.
*Director ACM Consultores.
