—Usted habló de una “obsesión con la letra K”. ¿A qué la atribuye y cómo la define?
—Desde distintos núcleos mediáticos existe desde siempre una pretensión de encasillar en términos antagónicos a un sector y otro de la Justicia. Y en esa lógica, se nos atribuye una pertenencia del orden partidario.
—¿Es peyorativo?
—No deja de ser una connotación de ese carácter en el sentido en que lo expresan algunos. En mi caso, la condición K no creo que sea por mi apellido, o porque paseo en kayak. Quizás, se evoque en mi tránsito en la administración de Néstor Kirchner. Fui primero Subsecretario de Política Criminal, luego Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Colaboré con todos los ministros. Quien me convocó fue Gustavo Beliz, pero luego también Horacio Rosatti, con quien guardamos una relación desde entonces de respeto mutuo, que es también de estima recíproca. Luego seguí con el arribo de Alberto Iribarne, Aníbal Fernández, hasta la llegada de Julio Alak. Allí regresé a mi función primigenia originaria, la judicial. Soy judicial desde hace más de cuatro décadas. Llevo más de cuarenta años de desempeño.
“La Justicia debe ser más un poder de servicio que un centro de poder.”
—¿Comenzó a los 19 años?
—A los 18, cosiendo expedientes. Peor, ordenando lo que era un garage que oficiaba de archivo en Morón. Ni siquiera cosiendo legajos, sino tratando de limpiar el piso. Desde entonces, transcurrí prácticamente por todos los cargos del escalafón. Creo que transité todo el cursus honorum y desde hace diez años me desempeñé como juez del máximo Tribunal Penal del país, que tiene a su cargo delitos de naturaleza compleja, trascendentes. Me siento orgulloso de mi desempeño cuando fui convocado. El aporte que realicé desde el punto de vista técnico en los seis años me permitió sumar en una tarea macro que facilita el entendimiento de la complejidad de todo sistema penal en cualquier país.
—Usted dijo: “Frente a situaciones desdorosas evalué que no había lugar para la anomia ética”. ¿Cuánto de la patología y de las fallas del sistema judicial son debidos a la anomia ética, cuánto a la ideología u otros factores?
—No debe analizarse desde el punto de vista de la integridad de los magistrados, del funcionamiento con ajuste a las normas. Finca en cuestiones de orden estructural. Sería quizás banalizar la naturaleza del problema abordarlo desde el orden de las personas. Hablar de patología me resulta interesante, porque trasciende lo morfológico. Alguien podría decir que el funcionamiento es deficitario. Pero cuando anida una patología está claro que se empieza a modificar el funcionamiento de esa maquinaria. Es diagnóstico, pero también pronóstico de tratamiento, es sortear la descalificación en términos personales. Con mayores o menores virtudes, el mundo judicial es un todo heterogéneo, nada compacto.
—Pero no de distinta calidad que la Argentina en su conjunto.
—Es expresión de la situación del país.
—“Justicia Legítima” muchas veces se utiliza también en sentido peyorativo. ¿Cómo podría explicar a los legos qué es?
—Se quiere sumar desprestigio. Contribuir a la idea de que existen X cantidad de funcionarios contrarios a la aplicación de la ley estricta decente, como debe ser. La demonización de Justicia Legítima es un hecho curioso. Existen otras entidades gremiales si se quiere del orden judicial. Su aparición como hecho disruptivo al interior del Poder Judicial provocó estas consideraciones. En algún reportaje de PERFIL dije que Justicia Legítima era una asociación civil y no una asociación ilícita. Nos dimos cita hace casi una década actores judiciales y de la sociedad civil, de modo de llevar adelante una lectura profundamente autocrítica del funcionamiento del sistema, de nosotros mismos y encontrar el mejor puente con aquellas demandas sociales de más y mejor Justicia.
—¿Se reduce a Justicia Legítima al kirchnerismo en lugar de vincularlo a parámetros más amplios como el garantismo?
—En origen, fueron más de un millar y medio de personas en la Biblioteca Nacional. Luego se reeditó eso más de una vez, también en La Plata y ahí se reunieron protagonistas de distintas pertenencias, procedencias. Era todo muy plural. Nadie podría decir que el secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, que es amigo personal, fuera kirchnerista y, sin embargo, estuvo presente. Demonizan un grupo que podrá tener mayores o menores bondades, pero que no traduce todos los males del Poder Judicial. Alguien llegó a decir que éramos un aparato de persecución.
—El quid de la cuestión estaría en si es compatible la militancia con el rol de impartir Justicia.
—La pregunta es bien interesante. El rol de cualquier magistrado siempre es político. Sus sentencias, son actos de gobiernos en el sentido general de gobierno de la polis. Integramos un poder de Estado. Desde luego, nuestra faceta, tiene un costado político en sentido amplio. El célebre ministro de la Corte Nacional, Enrique Petracchi, llegó a decir alguna vez que un juez es político como el cangrejo que es un crustáceo sin saberlo. Pero no lo es del orden político partidario. Si no, perdería una de las condiciones esenciales: la imparcialidad. Uno no es eunuco. Uno se forma en una universidad, tiene inquietudes intelectuales, se perfeccionó en la Argentina y en el exterior. Reúne, en definitiva, su entendimiento y su sistema de ideas. Aún cuando la Constitución más los Códigos sean los mismos para todos, las lecturas son diferentes. Es decididamente una cuestión política, pero que no debe traducirse en un ejercicio partidista.
—¿Calificar a Justicia Legítima como kirchnerista es reducir a los funcionarios judiciales a la política partidaria?
—Es una burda simplificación. Bajo el rótulo de Justicia Legítima nos dimos cita, funcionarios, pero también no magistrados ni defensores, fiscales, jueces que tenían diferentes procedencias. Había radicales, peronistas, algún socialista. Me siento orgulloso de haber dado origen a ese debate. Es cierto que en la actualidad y ya desde hace algunos años no formo parte de la comisión directiva, ni tampoco sé el rumbo que toma.
—Usted es heredero de la cátedra de Derecho Penal de la UBA de Eugenio Zaffaroni. ¿Y cuál diría que es la enseñanza en lo jurídico más destacada que le dejó?
—Otra condición que me enaltece. Raúl Zaffaroni es un codex universal hoy. Está en el núcleo de los diez juristas más importantes del mundo. Tuvo la enorme bondad de cobijarme. El mainstream jurídico argentino siempre renegó de Zaffaroni. El suyo es un pensamiento muy complejo, se prodiga a través de muchísimos campos. No hay un Zaffaroni, sino muchos. En mi caso, la herencia de la cátedra de Derecho Penal, la lectura de ese positivismo exegético del orden del análisis estrictamente normativo de la cuestión penal es indispensable. Ese modelo integrado hace confluir saberes tales como la sociología, la indispensable filosofía, la ciencia política.
—¿Zaffaroni también podría ser incluido dentro de la obsesión por lo K?
—Es un factor revulsivo. En el aparato jurídico que comprende al Poder Judicial, y también a las universidades, hay una tradición conservadora, retardataria.
—¿Se siente ofendida cuando aparece alguien que pretende modificar?
—Se provoca un cierre de filas para mantener cierto statu quo. Y no llega al análisis más profundo de cuestiones indiscutibles en otras latitudes. Hay un contraste entre el reconocimiento de aquel que como jurista reúne más de medio centenar de honoris causa, y ese destrato a la calidad de la enseñanza y la prédica. A mí no me conmueve y mucho menos a él.
—¿Cuál debería ser, a su juicio, la medida justa de vínculo entre los jueces de los tribunales más importantes y el Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente?
—El intercambio entre poderes y la relación de cooperación es indispensable. Hay experiencias muy saludables. En 2006, la Corte generó una comisión interpoderes que nucleaba a actores de la Justicia, encabezados por la propia Corte, del Legislativo más el Ejecutivo, para destrabar el cuello de botella que generó la derogación de las leyes de impunidad. Es una prueba gráfica de cómo coordinar la labor entre poderes. Son aportes de síntesis para arribar al mejor resultado. Lo que demanda la ciudadanía es responsabilidad del orden funcionarial, político, estatal. El reparto competencial entre estamentos debería relativizarse. La exigencia de la sociedad es encontrar definitivamente soluciones a problemas centrales.
“Hay que sintetizar el ‘Nunca más’ de Raúl Alfonsín con el ‘Nunca menos’ de Néstor Kirchner.”
—¿La grieta es uno de los principales problemas en el retraso argentino?
—A la larga todo se supera. El 3 de febrero se conmemoró los 170 años de Caseros, cuando Juan José Urquiza avanzó sobre las fuerzas de Rosas en Buenos Aires. Se trataba de desmontar una estructura que había conducido al país a la unidad cuanto menos por varias décadas, y que dio origen a lo que tantas veces se menta como organización nacional e institucional de la mano de Juan Bautista Alberdi, de Domingo Sarmiento y se consolida definitivamente con Bartolomé Mitre. Alberdi, tiempo después de visitarlo a Rosas, se arrepiente de cuanto había dicho respecto del “tirano”. Creía que había que llegar a una solución no sobre esa dicotomía. Si entonces se pudo, aunque relativamente, confío en la capacidad de los argentinos de sanearla para elaborar mejores resultados.
—Usted publicó en PERFIL el artículo “El derecho humano al desarrollo”. Ahí hacía referencia a que los emancipadores latinoamericanos, José de San Martín, Simón Bolívar, Antonio de Sucre, Manuel Belgrano, fueron los primeros defensores de ese derecho a través de la independencia. ¿Hay independencia en el Poder Judicial?
—Me refería a aquella contribución al orden económico. Muy a menudo se enuncia el desarrollo de los derechos humanos en términos generacionales. Se habla de primera, segunda o hasta tercera generación. Se contrapone equivocadamente, las libertades civiles y políticas con las económico-sociales y algunas generaciones del orden macro. Se de-satiende en ese planteamiento la idea de que los cultores de nuestra independencia, los padres de la Nación abundaban en la necesidad del desarrollo nacional como precondición. Volver a contraponer generacionalmente toda esa serie de derechos quizás sea un error y no considerar en definitiva el derecho humano entendido tal como la Asamblea de Naciones Unidas. El derecho humano al desarrollo como uno más. Recojo el guante respecto a la independencia judicial. La condición de independencia es consustancial a un juez. Un juez que no es independiente, no es juez. Juez independiente es una redundancia. El juez será independiente o no será.
—¿La falta de independencia contribuye a esa patología del sistema judicial de la que usted hablaba?
—Tiene una incidencia muy grave en la desconfianza pública respecto al ejercicio jurisdiccional. Cuando hablamos de independencia, ninguno de nosotros puede recibir influencias indebidas. Bajo esa condición, la influencia puede ser externa o interna. También en el sentido de la estructura misma del Judicial. Del mandato de instancias superiores.
—Usted mencionó la influencia horizontal.
—Lo horizontal que se predica respecto de los otros poderes. Hay cierta tara atávica del orden decimonónico, que anida en los poderes formales y que se desentiende de los poderes fácticos. La independencia en la tripartición de poder de Montesquieu hoy debe se el divorcio de las decisiones que adopta el Judicial respecto a las pretensiones que pueda tener el Ejecutivo o el Legislativo.
—Hay otras dependencias, también.
—De poderes fácticos que no son los oficiales.Me parece indispensable categorizar esta nueva independencia. Es el sentido de la aparición de Justicia Legítima, cuando reclama la distancia respecto de sectores de élites dominantes del poder económico concentrado, los cultos, las instituciones internacionales, poderes de otros países. Es importante poner a resguardo a un juez respecto de esas influencias.
—Cuando fue elegido por unanimidad usted habló de la legitimidad de su posición: “Pero lejos del rango burocrático, apuesto a un diálogo franco y respetuoso dentro del tribunal”, y mencionó la necesidad de actualizar las reglas prácticas para la rapidez de los juicios. ¿Cómo se podría producir?
—La respuesta es tan importante que incluye una complejidad de factores. En primer término, yo avanzaba en el sentido de conformar la mayor adhesión del cuerpo que presido, casi como un chairman, para contribuir a la labor concurrente y compartida. Este año, 2022, fue la elaboración de un conjunto de normas que intentaban atender esa obturación, ese cuello de botella con la reanudación de los juicios cancelados por las leyes de impunidad. Con el acervo que pueden sumar los tribunales que aplicaron esas reglas, existe la obligación de reactualizarlas para garantizar una mejor herramienta, un mejor dispositivo, al alcance de aquellos que deben aplicarla.
—Se refirió a la cuestión de los tiempos.
—Se reclama una labor eficaz. Éste es uno de los aspectos. No el único. Tuvimos ocasión de compartir con las autoridades del Consejo de la Magistratura un debate en torno a la cobertura de vacantes. En CABA hay un tercio de tribunales que no tienen cubierta su estructura. Su integración es irregular. Existe un juez supliendo a la tarea de otro. El factor de las subrogancias es distorsivo y no está previsto el sistema para un funcionamiento de esa naturaleza. Eso hay que aggiornarlo. Supongo que algo se alumbrará a partir de la modificación legal del régimen del Consejo de la Magistratura.
—Usted dijo que “es una anomalía que cuatro jueces sin mujeres conduzcan la Corte”. que es “institucionalmente indefendible”. Parece imposible que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en quien sea supuestamente la mujer que sustituya a la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Eso puede llevarse a un tercio de los juzgados o al tema del Procurador. ¿Cómo se resuelve ese nudo gordiano?
—Es un problema estructural. Insisto con la bondad de las trayectorias de quienes integran el máximo tribunal del país. Soy partidario de la feminización del Poder Judicial.
—¿En todos sus tribunales? ¿Cómo se logra?
—Hay que romper el techo de cristal y que los cristales que se rompen no generen más lesiones. La suerte de un Poder Judicial que no reproduzca vicios del orden patriarcal viene de la mano de mayor integración de mujeres en cargos decisionales, en estructuras de vértice. Hay estudios desde el 80 que revelan eso. La iconografía de la Justicia se expresa en la imagen de una mujer desde la tradición egipcia, la diosa Maat. De allí pasó a la cultura mediterránea. Una Corte sin una mujer es más que una anomalía.
—¿Cuál sería la causa irreductible de la imposibilidad de ese nombramiento, más el del procurador y de un tercio de los juzgados?
—De inmediato habría que cubrir la vacante de la titularidad del Ministerio Público Fiscal. El Presidente envió el pliego de Daniel Rafecas. Daniel es amigo personal mío. Colaboramos también en la Facultad de Derecho con el inolvidable Esteban Righi. Puedo tener alguna distancia respecto a alguno de sus criterios, pero es un tema para abordar de inmediato. Es anómalo que lleve la tarea del Ministerio Público Fiscal alguien que lo ocupa transitoriamente frente a temas como el tráfico de estupefacientes o las cuestiones tributarias.
—¿No parecería que la causa irreductible es la polarización? ¿La Justicia sería un síntoma de tal grieta?
—El punto pasa necesariamente por un mejor entendimiento político. La pelota está picando en la cancha de la política. Como actores dentro del orden público, pero estrictamente el Judicial, sabemos que tenemos un poder delegado. Procede soberanamente de las instituciones que decide el pueblo, el Ejecutivo y el Legislativo. Hay una distorsión entrópica, la idea de autofundamentación de un Poder Judicial lejano a la fuente de legitimidad. En nuestro caso, podemos contribuir. Pero la última palabra está de parte del poder político a la hora de desenredar el nudo gordiano.
—¿Y ese nudo gordiano del poder político es el resultado cultural de una sociedad dividida por la polarización excesiva, que en términos culturales viene de tiempos de Juan Manuel de Rosas y Juan Bautista Alberdi?
—Todo parece indicarlo. Es un signo del tiempo que se arraiga en la tradición de la Argentina, de mayo de 1810 a esta altura.
—¿Qué valor social, político tiene que la sociedad se movilice a través de manifestaciones como la del 1° de febrero y luego la contramarcha dos días más tarde?
—El control de todas las instituciones por parte del protagonismo popular en las calles contribuye a la democracia, sea del signo que fuere la movilización. Creo en la democracia participativa y no absolutamente formal. No veo inconveniente en que se exprese en términos de derecho de protesta cuál debiera ser el rumbo que tienen que adoptar las autoridades respecto de algunos déficits ostensibles. Entiendo que el refugio de cualquier magistrado es entender que no debe ceder a presiones. No aliento, convoco, ni forme parte de ninguna movilización, pero tampoco interpreto que no contribuya a un debate democrático más amplio.
—El constitucionalista Roberto Gargarella declaró recientemente que la ilusión que abrió el Juicio a las Juntas se terminó con el sobreseimiento de Cristina Kirchner. ¿Cuál es su visión de lo que sucedió con el juicio de Lula en Brasil? ¿El descreimiento sobre la Justicia es que a diferencia de lo que sucedió hace treinta años con el célebre juicio a los ex comandantes, nunca un presidente va preso, tal como sucedió con Carlos Menem?
—Tomo razón de lo que explica Gargarella, aún cuando no lo comparto. No creo que se pueda trazar una asimetría entre la situación de entonces con la actual. Si alguna nota distintiva nos prestigia en el mundo tiene que ver con el tratamiento de la sociedad argentina de las graves violaciones a derechos humanos en los años 70. Dejó una huella indeleble hasta hoy. Nadie puede cuestionar la legitimidad de los juicios, que ciertamente aún no se completaron. Más del 50% de las causas permanecen en instrucción. Puedo considerar que la existencia de un conjunto de mil condenados, de los cuales ocho de cada diez cumpla arresto en sus domicilios; pero a la vista de seiscientos muertos imputados, la tarea no se la podemos derivar a la biología. Una Justicia a cuentagotas tampoco sirve. Ciertas veces alguien cree haber consolidado a una situación y nos tropezamos con alguna regresión. Es peligroso pensar que se consolidó definitivamente el Estado de Derecho de la Argentina y la tensión del pasado está superada. Si no, no habría estertores, como lo que ocurrió con el fallo del 2x1. Tomo distancia de alguna de esas no diría elaboraciones, quizás sean intuiciones. Con Gargarella compartimos la cátedra. Pero me parece que el transitar por la vereda de Talcahuano quizás contribuiría a un análisis más completo de la cuestión. Trazar una asimetría de la situación argentina con la brasileña quizás sea equivocada. Alguien puede identificar puntos comunes, pero no creo sean completamente compatibles.
—¿El lawfare como planteo latinoamericano es sustentable?
—No asumo la expresión “lawfare”; no sé qué es. Usted bien sabe, que es la construcción de la guerra jurídica en un neologismo angloparlante.
—Cuando usted dice “no sé lo que es” ¿lo que niega es la existencia de la expresión?
—Vuelvo a Alberdi, soy alberdiano. Alberdi decía que la guerra es un crimen. Si esto es una guerra jurídica en muchos casos también es un crimen. Hay son crímenes de Estado, judiciales. Desde esa perspectiva, la etiqueta de lawfare oculta una actuación irregular, incompatible con el catálogo del Código Penal.
—¿Es tan diferente el caso de Argentina del de Brasil, donde la palabra lawfare no alcanza a explicar los diferentes crímenes?
—Exacto. Y la naturaleza de diferentes maniobras de parte del judicial en cuanto al desarrollo de algunas cuestiones.
—¿Cómo describiría la situación de Brasil?
—Usted es muy partidario y celebra la actuación del juez Moro.
—¿Usted no?
—Suscribí con un conjunto de docentes universitarios, profesores titulares de universidad, un manifiesto que expresaba el repudio respecto a la presencia del juez Moro en la Universidad de Buenos Aires, sin atentar contra la libertad de expresión que tuvo, tiene y tendrá el juez desde luego. Puede hacerlo a través de sus actuaciones en universidades también públicas del país y privadas. Fue decisión de las autoridades dejar sin efecto lo que había sido convocado. En la Universidad de Buenos Aires, el Estado de Derecho más el culto a la vigencia de los derechos humanos es una nota de identidad. Que el conferencista dé una charle sobre “Corrupción, estado de derecho y democracia”, y que aún no acreditase los suficientes laureles para ser presentado por el vicedecano, que se retransmitiera a través de Zoom, desde el Aula Magna, merecía cuanto menos una atención. Pero si al tiempo recae que el juez Moro fue apartado por la Corte por su pérdida de imparcialidad, más la situación de intervención en un ámbito que no era competente, sumado a su incorporación en la cartera de Justicia durante la gestión Bolsonaro en donde la prédica sumaba a favor de la reducción de la edad de imputabilidad, además del uso indiscriminado de armas de fuego, fueron motivo de expresar mi repudio. Y la autoridad tomó su definición. No conozco en particular definiciones y pronunciamientos del juez Moro. Sí me cabe conocer el resultado y el desenlace que le cupo a esos procesos. En la Argentina, cuando se trazan esas correspondencias, se cae en el lugar común de que todo es lo mismo. Que estamos en presencia también de Moros, no Santos Tomás Moros, pero de jueces equivalentes.
“Hay un problema estructural en la Justicia; sería banalizarlo referirse a las personas.”
—Sigmund Freud explicaba que pensamos a través de metáforas o metonimias, que el lenguaje es un desplazamiento continuo. ¿Y usted dice que ciertos jueces de Comodoro Py no pueden ser comparables, por ejemplo?
—Decididamente. Se advierte en el orden nacional una suerte no diría de unitarismo, pero sí antifederalismo desde el orden de la intervención de jueces con competencia en la materia que no actúan.
—En Brasil no solamente los jueces de Brasilia pueden juzgar al Poder Ejecutivo.
—Efectivamente. Y sucede en la Argentina algún desenvolvimiento en otras jurisdicciones como Dolores o La Plata...
—Es atraído a Comodoro Py.
—Como no sucedió con otros cosos, por ejemplo. Vuelvo a los crímenes de lesa humanidad. Existe un desmembramiento: a distintos jueces del país les cupo entender respecto de hechos ocurridos en ese ámbito de jurisdicción. No sucedió nunca una atracción para el territorio porteño, que todo se decidiese al amparo de un solo megaproceso.
—¿La Justicia brasileña está más desarrollada que la Argentina en materia de federalismo?
—Sí. Es mucho más ágil, moderna, con mayor tecnología. Hay un salto incluso generacional que en la Argentina no se dio.
—Esto venía a partir de lo de Gargarella. En Brasil, hay miles de millones de dólares devueltos con el Lava Jato, más allá que quedó golpeado últimamente ¿Cómo será el final de los Juicios de Corrupción en Argentina?
—Quiero volver al bueno de Roberto Gargarella, a quien admiro. Trata de establecer cierta equivalencia entre los crímenes de lesa humanidad con la corrupción administrativa, al punto de predicar cierta restri-cción a algunas garantías de los imputados en todos estos procesos. La evolución de la cuestión de los derechos humanos es diferente del problema de la corrupción administrativa al de las graves violaciones a los derechos humanos. Ahí la correspondencia no es del todo exacta. El tratamiento que hizo Brasil respecto al pasado, usted lo conoce mejor que nadie, respecto de los crímenes de la dictadura es muy distinto de la Argentina.
—Lamentablemente.
—En cambio, a distancia, Argentina es faro en Latinoamérica y el mundo. Afrontó el tratamiento de los crímenes de la dictadura por parte del elenco regular de jueces sin fuerzas de ocupación, sin tribunales ad hoc, con la legislación ordinaria y brindó una respuesta. Respecto de la corrupción, se advierte acerca los riesgos de la impunidad. Yo me atreví en algún momento a improvisar un neologismo que era la impunización que sería el decidido desenvolvimiento en favor de garantizar la impunidad. Habría que poner en cuestión estas afirmaciones. Porque estuvo condenado y sufriendo restricción a su libertad el ex presidente Menem. También lo estuvo un ex vicepresidente de la Nación, un ministro, subsecretarios, un secretario Legal y Técnico, dirigentes empresariales. Al hablar ligeramente de impunidad parece no confrontarse con esa información. ¿La garantía del cumplimiento de la ley es el encarcelamiento? Todo parece indicar que no, porque tantos presidentes latinoamericanos terminaron en prisión y lamentablemente los índices de moralidad pública desde el punto de vista del manejo de los recursos no son satisfactorios. Anida una cuestión de orden cultural.
—¿La corrupción es una seria amenaza a la democracia o están sobrevaluadas sus consecuencias?
—No. Lo enuncia el 36 constitucional. A partir de la reforma del 94, la corrupción es un atentado a la democracia. Aún así hay que salvar la distancia de los crímenes de lesa humanidad respecto de los de corrupción. No es correcto trazar una equivalencia.
—¿No hay una actitud en la Argentina de llevar al infinito las sentencias?
—A veces el exceso de jurisdicción es un déficit de Justicia. Comparando, no hay Cortes tan reducidas como la Argentina de cinco miembros. Solo Uruguay, que a propósito tiene tres integrantes mujeres. En la región, los miembros se computan en decenas. Ni hablar en Europa.
—¿Y cómo se soluciona, en un contexto en el que es dificultoso nombrar un Procurador?
—Con capacidad política y mejor entendimiento.
—¿El problema no es de la Justicia, sino de la política y de la sociedad en su conjunto?
—Podemos contribuir arrimando algunas soluciones o tratando de responder cuáles son aquellos núcleos que es indispensable hoy reformar. Cualquier reforma sin la opinión del judicial no llegará a buen puerto, porque no guarda correspondencia con la demanda del sector. Superado este aporte, la pelota pica en el campo de la política. Allí los partidos, las autoridades del oficialismo y oposición, deben encontrar la síntesis.
—¿Cuál es su opinión respecto de que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea presidida por el presidente de la Corte?
—Expreso mi opinión y no transmito el punto de vista del cuerpo que represento institucionalmente. La decisión adoptada por la Corte a tres lustros de haberse promovido ese reclamo y que emplaza en cuatro meses al Poder Legislativo a adoptar una definición inmediata y, peor aún, en alguna interpretación todavía repone el orden normativo anterior dándole vigencia a una ley derogada, una suerte de zombie jurídico, me parece innecesaria. Desde el diálogo y el intercambio institucional se podría llegar al mismo resultado con una modificación legislativa. Desde esa perspectiva, la pretensión es que se reponga un orden anterior en el que el titular de la Corte es también del Consejo. No le haríamos el mejor favor a la Corte si le sumamos la tarea administrativa de presidir el Consejo de la Magistratura. La presidencia del Consejo en manos del presidente de la Corte pone en crisis su independencia interna.
—Hay versiones que dicen que usted tuvo simpatías con el radicalismo. ¿Cómo es su afiliación política hoy, independientemente de su actividad?
—Si traduciría mi situación a la década del 30 del siglo pasado, diría que sería un forjista. Recupero la tradición del yrigoyenismo, reconvertida luego en lo mejor de lo que fue el justicialismo. Una buena síntesis sería tomar el “Nunca más” de Raúl Alfonsín con el “Nunca menos” de Néstor Kirchner.
“Las vacantes de jueces no son solo responsabilidad del Consejo de la Magistratura.”
—Un puente entre el radicalismo y el peronismo.
—Fue la síntesis de Forja de la tercera década del siglo pasado. Nadie podría renegar de una proximidad a esa convicción, en tanto que expresiones de mayorías populares que reivindican la soberanía no solo del pueblo, sino en términos económicos.
—¿Cuál es su opinión sobre las mesas judiciales y el vínculo en general entre Justicia y política?
—No conozco más detalles que lo que trasciende en medios. Ojalá fuera mesa jurídica. Más bien eran situaciones que tenían por cometido analizar el decurso, el devenir de algunos procesos y peor aún, alguna tarea de espionaje político. La trifecta de espionaje político, más complicidad judicial y linchamiento mediático produce lo que tantas veces se denuncia.
—¿Eso sería el lawfare?
—Si fuera lawfare, para mí es un crimen judicial, sin perjuicio de la participación de otros en términos de accesoriedad y de complicidad. No es sano, me parece que obliga a una suerte de refundación democrática. Volvemos a los corsi y recorsi. Pensamos que habíamos superado algunas etapas oscuras del pasado. Y hoy todavía tenemos que lamentar maniobras de persecución a través de la llamada “Inteligencia”, o del burdo espionaje a actores políticos, propios y ajenos. Es un límite para el funcionamiento de la democracia en un sentido normal.
—¿Cuál debería ser la relación de la Justicia con los medios?
—En favor de la transparencia, la mayor publicidad de la resignificación que tiene tantas veces la noticia judicial en los medios obliga a esa correa de transmisión, a esa retroalimentación entre medios y Justicia que es indispensable. No existe labor más importante desde el punto de vista hasta pedagógico, que la mejor transmisión de la información. Además, los fallos deberían ser mucho más accesibles empezando por la tecnología y traducirse en el mejor sentido desde el periodismo. Dista de algún tipo de desvío, ya no de parte de periodistas, sino de corporaciones periodísticas que son decididamente empresarios que pueden pugnar en favor de otro tipo de intereses.
—¿Hay algún tema que usted quiera agregar?
—Solo el reconocimiento y el respeto que tengo por su tarea y la de su familia. Es la tradición del periodista empresario, empresario periodista, que respeta creo como debe la tarea mía.
“Los animales no son humanos, pero tampoco son una cosa”
—Hubo un caso de una orangutana del Zoológico en el que usted tuvo un fallo por lo menos curioso. ¿Qué lo motivó y en retrospectiva qué significó aquello?
—El caso tuvo mucha trascendencia internacional. A veces digo que en un solo renglón suscribimos uno de los fallos más trascendentes, junto con la doctora Ángela Ledesma y el doctor Pedro David, porque reconocimos a la orangutana que estaba en cautiverio en el Zoológico de Buenos Aires como sujeto de derecho, como titular de derechos en tanto animal no humano. Rompimos con esa idea del narcisismo antropocéntrico que tiene la legislación argentina. Se traduce en una ética jurídica animal. Rompe una tradición inclusive en el mundo. Fue el primer fallo que se pronunció en ese sentido. Reducir a cualquier animal a una condición de cosa semoviente, como dice la legislación todavía vigente en Argentina a pesar de la última reforma del Código Civil, se distancia inclusive de legislación mucho más avanzada en Europa. Hace mucho tiempo que los animales dejaron de ser cosas. Me resisto a creer que mi mascota se trate de un bien semoviente. No son un ser humano, pero tampoco son una cosa.
“Respeto a Hornos y Borinsky; mi crítica fue al funcionamiento del tribunal”
—Usted llegó a la presidencia de la Cámara de Casación después de un año en el que cuestionó a dos de sus colegas, Gustavo Hornos, quien según los registros de la Casa Rosada visitó al menos siete veces al entonces presidente Macri, y a Mariano Borinsky, habitúe de la Quinta de Olivos en la misma época. ¿Cómo es hoy su relación con el vicepresidente primero del tribunal que usted preside?
—Coincido con Mariano Borinsky en la llegada misma al tribunal. Formamos parte de la misma promoción. Siempre decimos que generacionalmente quizás el destino estuviera atado. Con buena salud debemos compartir el tribunal hasta los 75 años. Me une también compartir labores del orden académico en la Universidad de Buenos Aires. Así, me vi obligado entonces a formular algunos señalamientos. Entendí que el silencio podía llegar a ser cómplice y que podía llegar a comprometer, no solo mi situación, sino también la del cuerpo. Pero tanto en el caso del doctor Gustavo Hornos, a quien respeto tanto como a Mariano Borinsky, no soy juez de jueces. El señalamiento fue por lo que entendí como una afectación a la integridad desde el punto de vista del desempeño funcional. Pero es materia de tratamiento desde el orden disciplinario del Consejo de la Magistratura, o del colega que lleve adelante otro tipo de investigaciones.
—¿Su relación actual es correcta?
—Desde siempre. Con ellos y con todos. Soy muy respetuoso, aún en las perspectivas diferentes y en los puntos de enfoque absolutamente disímiles. Respeto la labor de cada quien y exijo también que lo hagan conmigo.
—Usted formó parte de la Sala II de Casación junto a Carlos Mahiques y a Guillermo Yacobucci. Alguna vez usted también manifestó su disidencia con ellos. ¿Cómo se entiende con aquel que en su misma tarea piensa muy distinto a usted?
—Son personas muy honorables. Respeto a los dos, que tienen una larga trayectoria académica y judicial, por cierto más dilatada que la mía. Aún cuando tengamos una sola Constitución, un Código Penal y de Procedimientos, la interpretación puede ser muy disímil. Cada uno acompaña un bagaje, un desempeño y una trayectoria a partir de un ADN que no es la misma en el caso de ellos que en el mío.
—¿La hermenéutica explicaría por qué la gente que no es abogada dice que hay media biblioteca para un lado y media para el otro? ¿Es una particularidad epistémica del derecho esa posibilidad hermenéutica?
—No sé si tanto. Si tradujéramos esto en materia económica, nos encontraríamos con la misma dificultad. A la hora de corregir la inflación y la deuda externa argentina, podemos encontrar personas que aún formadas en la misma universidad y cátedra, tendrían distintas opiniones sobre el mejor remedio.
—¿La sociedad desea que haya una certidumbre distinta?
—Desde siempre. En definitiva es la relación sujeto/objeto. Cuál es la carga que lleva aquel que desempeña la tarea interpretativa. Desentrañar la norma aplicable a un caso es una labor compleja, tanto más en el alcance que tiene la competencia de nuestro tribunal. La objetividad, si existiese, deviene del resguardo de intervención de un colegiado, y eventualmente el recurso que cabe sobre nuestras decisiones en una instancia superior.
“El Rosatti presidente de la Corte no es diferente del que fue ministro de Kirchner”
—Usted dijo: “Colaboré con el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con quien al día de hoy mantengo una relación de mutuo respeto, cada quien con su ideología, lejos de la idea de un juez eunuco, pero en la aplicación de la ley”. ¿Cómo evalúa la presidencia de la Corte de Rosatti? ¿Hay un Rosatti distinto al que usted conoció siendo ministro de Justicia?
—Yo creo que no. Hay una carga genética, un ADN. En 2005 contribuí y lo secundé en la labor del Ministerio. Hoy tenemos un intercambio fluido, él como presidente de la Corte y yo como presidente del tribunal. Tenemos por delante muchos desafíos para dar solución a tantas demandas de la sociedad. Se precisa sortear esa autorreferencialidad en el Judicial y garantizar un poder de servicio, que es lo que debemos brindar. No ser un centro de poder. Es una labor que nos compromete.
—¿Cómo debería ser la Corte ideal?
—Es indispensable dar el debate. Hay sectores que no contribuyen a la idea de facilitar una mejor solución a la crisis que atraviesa el Judicial y en particular la Corte. Lo admite el propio juez Rosatti en orden a las dificultades de dictar un promedio de entre 12 mil y 15 mil sentencias por año. La cuenta da que tienen veinte minutos por cada expediente, en el caso de que un ministro de la Corte no duerma y trabaje los fines de semana. Difícilmente alguien pueda satisfacer acabadamente, bajo ese cálculo de tiempo, más allá de sus capacidades y especialidad. La Corte argentina no solo se ocupa de atender infinidad de casos, sino que lleva adelante la última palabra en el control constitucional. Pero además hace Casación. O sea, la interpretación del derecho común y fijar el sentido de alcance de una norma que está debajo de la Constitución. Esa tarea nos compete a nosotros como Casación Federal, y a la otra Casación ordinaria en materia penal. Se concurre en dos tareas: el control constitucional último y el casatorio, a lo que se suman funciones administrativas: las escuchas, la Oficina de Género, la facilitación de algunos insumos como pueden ser desde automotores hasta contratos de trabajo, la obra social. Es difícil cumplir satisfactoriamente la tarea. Quizás sea el momento un debate franco y sincero respecto a plantear los mecanismos de acceso a la Corte, y si en verdad la Corte puede cumplir la casatoria.
—¿Con esa cantidad de causas, aunque fueran el doble de jueces, tampoco podrían hacerlo?
—Los propios jueces lo asumen, salvo que se modifique la integración, que se amplíe, que se lleve adelante una división en salas.
—¿Usted cree que deberían llegar menos causas?
—Con salas todavía podría satisfacer la devolución por especialidad y si mediase una cuestión constitucional debería reunirse el pleno.
Producción: Pablo Helman y Natalia Gelfman.
