El 24 de septiembre de 2025, después de cinco días de búsqueda, los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda de Florencio Varela. Las tres habían sido vistas por última vez la noche del 19 de septiembre, cuando subieron a una camioneta en La Tablada.
A un año de aquel hallazgo, la Justicia sabe mucho más sobre la organización que estuvo detrás de los crímenes. Pudo seguir comunicaciones, reconstruir movimientos, identificar roles, detectar circuitos de dinero y establecer vínculos entre personas que se movían entre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. También avanzó sobre lo que ocurrió antes de que las tres jóvenes subieran aquella noche a una camioneta rumbo a Florencio Varela.
Pero hay algo que todavía no consiguió explicar con la misma precisión: por qué tenían que morir.
La pregunta atraviesa una investigación que, lejos de achicarse con el paso de los meses, se hizo cada vez más grande. La Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta, sostiene actualmente que los 18 imputados integraban una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas al menos desde 2024 y que los tres femicidios deben analizarse dentro de ese contexto de criminalidad organizada.
El cambio de dimensión comenzó formalmente poco más de un mes después de los crímenes. La causa había quedado inicialmente en manos de la UFI Temática Homicidios Dolosos de La Matanza, que intervino a partir de la denuncia por la desaparición de las jóvenes. Pero el 29 de octubre de 2025 el Juzgado de Garantías N°4 declinó la competencia hacia la Justicia federal de Morón al advertir una posible trama narcocriminal.
Desde entonces, la investigación dejó de mirar solamente lo ocurrido dentro de la casa de Florencio Varela.
Una de las conclusiones más relevantes de la hipótesis fiscal es que la emboscada no habría comenzado aquella noche. Según la imputación, algunos integrantes de la banda habían establecido previamente vínculos de confianza con las víctimas mediante regalos, suministro de drogas y entrega de dinero a cambio de actos sexuales. Para el Ministerio Público Fiscal, esas relaciones se construyeron aprovechando la vulnerabilidad y la precariedad socioeconómica de las jóvenes.
Ese dato obliga a mirar de otra manera la secuencia del 19 de septiembre de 2025. Cerca de las 21.30, Brenda y Morena, ambas de 20 años, y Lara, de apenas 15, subieron a una camioneta bajo la promesa de ser trasladadas hasta una reunión en la que obtendrían una suma importante de dinero. Esa fue la promesa. Y hacia allí fueron. El destino real, de acuerdo con la reconstrucción del MPF, era una vivienda de Florencio Varela ubicada sobre la calle Chañar al 700.
La fiscalía sostiene que en ese sitio fueron atacadas por varios miembros de la organización como parte de un plan previamente diseñado para privarlas de la libertad, torturarlas y asesinarlas. Si algo le faltaba a esta historia es que el ataque, además, fue filmado y transmitido en vivo. Luego, los cuerpos fueron enterrados en un pozo realizado en el patio.
Si ese plan existía de antemano, aparece entonces otro interrogante: ¿en qué momento se decidió matar a las tres jóvenes y quién tomó esa decisión?
La investigación logró identificar a varias personas que habrían participado en diferentes etapas, pero la propia fiscal Labozzetta hizo una distinción importante: “Ello no significa que todos hayan coordinado entre sí cada una de las acciones ejecutadas por la organización; ni que todos se conocieran entre sí o que estuviesen al tanto de la totalidad de las maniobras o decisiones que afectan al grupo; sino que cada uno de ellos efectuó el aporte necesario en el curso causal para ir articulando la actividad de la organización, es decir, el tráfico de estupefacientes”, explicó, según reprodujo el sitio fiscales.gob.ar.
Cada uno, según la hipótesis fiscal, habría realizado distintos aportes para sostener la actividad del grupo. La aclaración abre otra pregunta inevitable: ¿todos los que participaron de la logística sabían cuál sería el destino final de Brenda, Morena y Lara?
Durante el último año, teléfonos, testimonios, antecedentes penales y movimientos de dinero permitieron ampliar la mirada. La Fiscalía sostiene que la estructura tenía capacidad para desarrollar operaciones en distintas localidades bonaerenses y en sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los barrios Zavaleta y Padre Rodolfo Ricciardelli. También detectó conexiones con la provincia de Salta y países limítrofes, y describió mecanismos violentos y extorsivos utilizados para sostener el control territorial.
La reconstrucción muestra un grado de organización difícil de conciliar con la idea de un episodio improvisado. También lo ocurrido después de los asesinatos apunta, para la Fiscalía, en esa dirección.
Según el MPF, una vez consumados los crímenes los responsables comunicaron lo sucedido a integrantes que no estaban dentro de la vivienda. Después comenzó una serie de maniobras destinadas a borrar rastros: incendiaron la camioneta utilizada para llevar a las jóvenes, se desprendieron de sus teléfonos, eliminaron información de dispositivos empleados por miembros de la banda y limpiaron la casa.
Pequeño J. Uno de los nombres que rápidamente quedó en el ojo del expediente fue el de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”. Detenido en Perú, fue extraditado a la Argentina el 4 de mayo pasado y posteriormente procesado con prisión preventiva por el juez federal Jorge Rodríguez, quien le atribuyó aportes esenciales para la concreción de los asesinatos.
Su regreso al país no cerró el mapa. En septiembre se realizaron nuevos procedimientos y fueron incorporados más sospechosos. La Fiscalía amplió además las imputaciones para incorporar formalmente el contexto de criminalidad compleja, pidió extender capturas internacionales y solicitó a Perú que amplíe el objeto de la extradición concedida respecto de “Pequeño J” a partir de los nuevos delitos investigados.
La pregunta que nadie responde. El contraste resulta inevitable. Los investigadores pudieron avanzar hacia atrás y hacia adelante desde la escena del crimen. Reconstruyeron relaciones anteriores con las víctimas, la forma en que fueron trasladadas, parte de la estructura que habría permitido ejecutar el plan y las acciones realizadas posteriormente para ocultarlo. También siguieron teléfonos, relaciones personales y dinero.
Pero reconstruir cómo funcionaba una organización no necesariamente explica por qué decidió matar. ¿Fue una represalia? ¿Por qué fueron elegidas Brenda, Morena y Lara? ¿Las tres eran objetivos desde el comienzo? ¿Quién impartió la orden? ¿La violencia ejercida contra ellas buscaba transmitir un mensaje a otras personas?
¿Cuántos miembros de la estructura conocían realmente el plan?
16 detenidos, seis prófugos y nuevas capturas
L.N.
A un año del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la causa tiene 16 personas detenidas y seis prófugas, mientras la investigación continúa incorporando nombres y tratando de precisar el papel que tuvo cada uno dentro de la organización.
Solo en septiembre se produjeron nuevas capturas. En distintos procedimientos fueron detenidos Ramiro Luis Mansur, María Inés Olivera, Verónica Emilce Chieto y Eugenia Quispe Gallardo, a quienes la pesquisa atribuye distintos aportes vinculados con la logística, los vehículos, las comunicaciones y los movimientos de dinero del grupo investigado.
Días después fue identificado David Alberto Godoy, alias “Tomate”, quien ya se encontraba detenido por otra causa. Los investigadores sospechan que habría conducido la Chevrolet Tracker utilizada para trasladar a las víctimas hasta Florencio Varela y que habría intervenido en el ingreso de al menos una de ellas a la vivienda donde fueron asesinadas.
La cifra de detenidos no coincide con la cantidad de imputados. La Fiscalía Federal N°2 de Morón sostiene que 18 personas integraban la organización criminal que investiga, aunque parte de ellas permanece fuera del alcance de la Justicia. Por eso también se solicitaron ampliaciones de capturas internacionales y nuevas medidas para avanzar sobre quienes continúan prófugos.
