La inseguridad sigue creciendo en los últimos años y es uno de los principales problemas de los argentinos, el aumento en la cantidad de presos es otro número más que marcan la compleja situación de la Argentina en el aspecto de la delincuencia. Es que la población carcelaria en el país subió un 55% en seis años, entre 2013 y 2019, y llegó a 63.094 personas privadas de su libertad.
Esta cifra hace referencia a los presos dentro del Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense, servicios que representan el 69% del total del país. Estos números se desprenden de un informe de la encuesta realizada este año sobre "Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, una lectura en perspectiva temporal 2013/2019", presentado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por medio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).
Este aumento en el número de presos generó que a principio de año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tuvo que declarar la "emergencia en materia penitenciaria" por los próximos tres años, al tiempo que creó una comisión especial para resolver el "déficit habitacional" en las prisiones federales, "mejorar las condiciones de privación de la libertad" e implementar "medidas alternativas" al encarcelamiento.
Una "grieta" carcelaria
Al Gobierno Nacional se le ha adjudicado endurecer la situación contra los delincuentes. En ese aspecto, según los números, en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner cerró con 46.204 presos (5.552 más que en 2013, cuando hubo 40.652, o sea, en dos años aumentó un 13,6%). Mientras que en los cuatro años de Cambiemos, pasó a 63.094, o sea 16.890 presos más -un 36,5% superior-.
Si bien lo del kirchnerismo fue en dos años en comparación con los cuatro que se estudiaron del macrismo, el número de presos creció considerablemente más en los últimos cuatro años que en la última etapa del Gobierno de Cristina Kirchner, que desde su espacio se le critica al gobierno saliente que, en parte, los presos aumentaron porque hay más gente con problemas debido a la crisis económica.
Otro de los puntos claves que deja el informe es que el porcentaje de reincidencia de los presos es del 39%. Indica, además, que el 50% de los presos tenía 30 años o menos al momento de su detención, el 42% cursó estudios hasta la primaria y el 76% estaba trabajando un mes antes de ser detenido.
En tanto, el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales (43%) o vinculados a las drogas (19%), mientras que el resto fueron por homicidios (15%) y delitos sexuales (11%). Según el relevamiento el respeto por las garantías procesales en 2019 no tuvo mejoras significativas en comparación a 2013.
"Se observa que los tiempos procesales se aceleran en 2019 respecto a 2013. El tiempo transcurrido entre la detención y la sentencia era de 2 meses o menos en un 18% en 2013 pasando al 29% en 2019", se indicó. Durante este año, al 49% de los detenidos en los últimos 3 años la fiscalía les propuso un juicio abreviado.
En tanto, el 41% de los recientemente detenidos han sido sentenciados bajo el proceso de flagrancia, procedimiento que permite resolver los casos donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inminente y juzgados mediante un sistema oral abreviado.
Por otro lado, se expone que las mayores diferencias en victimización dentro de la prisión se observan según edad y situación procesal. En ese sentido, el 23% de las personas de 29 años o menos manifestaron haber sido golpeados en los últimos 6 meses, frente a un 9% de 30 años o más. A su vez, al 41% de los condenados alguna vez le han robado sus pertenencias personales frente a un 28% de los procesados.
E.D. / D.S.
