Tras la muerte de Ángel López, un niño de 4 años que murió esta semana en Comodoro Rivadavia, Chubut, en dudosas circunstancias, se abrió una investigación para esclarecer el caso en el que se habló de presunto maltrato y en el que se indicó que el niño habría querido quedarse con su padre, pero la Justicia lo puso en manos de su madre biológica.
Sin embargo, en el avance de la causa se conoció un escrito, con fecha del 9 de febrero de 2026, en el que se certifica una audiencia de escucha al menor, contemplada en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual comparecieron el juez de Familia Pablo Pérez, la asesora Verónica Roldán y el niño, quien habría manifestado que no quería estar con su padre.
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En la constancia judicial, bajo firma de la secretaria de refuerzo Valentina Rasche y notificación a los abogados defensores de Luis López (padre del menor), se detalla que se tomó contacto personal con el niño, quien se habría hecho entender con dificultad para indicar que "vive con su 'mami' y le gustaría seguir viviendo allí", mientras que sobre su padre habría señalado que "no quiere verlo".
El acta y el resultado de la audiencia se convirtió en un elemento central del expediente a cargo del juez Pérez para dictaminar la guarda a favor de la madre biológica, una decisión que sostuvo sobre el deseo expreso del niño certificado por las autoridades judiciales y el historial de denuncias presentado sobre el padre.
En la causa también se indicó que el padre biológico de Ángel acumulaba al menos tres denuncias formales por conductas violentas, las cuales dieron paso a una primera intervención judicial en 2023 cuando vecinos alertaron a la policía comunitaria tras verlo dándole cerveza al menos en la vía pública.
En el marco de la causa también se puso el foco en los reiterados incumplimientos a una prohibición de acercamiento que tenía su actual pareja, Lorena, tras obstaculizar la revinculación del menor con su madre biológica y permitirle al padre que viole las restricciones perimetrales dispuestas por la Justicia.
En este contexto, los documentos previos indican que las pautas de las medidas protectorias del fuero de Familia tenían como objetivo resguardar al niño de los antecedentes de violencia de su entorno paterno, junto a su deseo explícito manifestado en sede judicial, por lo que se determinó que se mantenga bajo el cuidado materno.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal busca determinar las responsabilidades directas por la muerte del menor de 4 años. Según se indicó, los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones están investigando la causa bajo la hipótesis de un posible homicidio, dado que el niño presentaba traumatismos recientes en la zona del cráneo, según la autopsia.
Actualmente, no hay imputaciones formales en la causa, aunque la madre del menor, Mariela Altamirano, y su actual pareja son los principales sospechosos del expediente, ya que ambos estaban a cargo del niño cuando este sufrió un paro cardiorrespiratorio para luego ser trasladado al Hospital Regional, donde falleció 48 horas después.
Se pidió prudencia y respeto en la investigación por la muerte de Ángel
Tras la polémica y el malestar que se levantó por la muerte de Ángel López, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH) lanzó un comunicado donde envió su pesar por la muerte del menor, al mismo tiempo que expresó su preocupación por la difusión de información no verificada sobre la el caso.
"(La Asociación) manifiesta su profunda preocupación por la difusión de información que no se corresponde con los datos disponibles, mediante la cual se instalan versiones no verificadas que pueden afectar derechos individuales y condicionar la percepción social de un caso en plena investigación", se indicó en el comunicado.
Desde la AMFJCH se reconoció que es un hecho que "conmueve a toda la comunidad" y se advirtió: "La familia y la sociedad necesitan el esclarecimiento de lo sucedido. Ese objetivo no puede alcanzarse bajo presión ni condicionado por eventuales cuestionamientos si los resultados de las medidas de investigación no coinciden con las expectativas sociales construidas sobre información no acreditada".
"La legitimidad de las decisiones judiciales no depende de su adecuación a dichos condicionamientos, sino de la solidez de sus fundamentos y de la independencia e imparcialidad con la que se adoptan", se agregó en el comunicado, donde se advirtió que la exposición, descalificación o señalamiento "promueve juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho".
Para cerrar, la entidad realizó un llamado a expresarse en un "marco de prudencia, rigor y responsabilidad, con respeto por la verdad, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas".
AS. / ds
