La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció que desde el inicio de la cuarentena obligatoria para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus hasta junio último las fuerzas de seguridad de distintas provincias del país ejercieron violencia policial en forma "sectorizada y selectiva".
En su informe semestral, la APDH aseguró que desde el 20 de marzo pasado se registraron hechos de violencia en las distintas provincias del país, los cuales se ejercieron "de forma sectorizada y selectiva" y que principalmente las víctimas fueron vecinos de "barrios más vulnerados" y "los trabajadores más precarizados".
El organismo realizó un repaso de los casos de violencia institucional cometidos por las fuerzas de seguridad entre marzo y junio últimos en las regiones Centro, Norte, Cuyo, Patagonia, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Entre los casos mencionados en el dossier, la APDH resaltó "la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza, ocurrido en Tucumán el 15 de mayo", el cual es un ejemplo de un caso "que no puede ser avalado en un Estado democrático y de derecho con plena vigencia de los Derechos Humanos". Por ese homicidio, hay diez policías tucumanos procesados con prisión preventiva, según lo determinó la Justicia provincial.
La APHD también detalló el caso de Facundo Ariel Scalzo, quien el 17 de junio último murió baleado por un efectivo de la Gendarmería Nacional en el barrio Rivadavia del Bajo Flores porteño.
Otro de los casos en los que puntualizaron fue la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de quien no se tienen noticias desde el 30 de abril último cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro y por el que se inició una investigación que puso bajo la lupa el accionar de la policía de esa zona.
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Además, el organismo de derechos humanos señaló que desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se registraron casos de "detenciones arbitrarias, amedrentamiento, hostigamiento, persecución y hasta la muerte".
"No podemos dejar de denunciar la impunidad con la que se realizan estas prácticas represivas en múltiples territorios de Argentina", sostuvo el informe.
ED / DS
