María del Carmen Verdú es titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización que desde 1992 lucha contra los casos de gatillo fácil y las "políticas represivas del Estado". En esta entrevista con PERFIL, la militante analiza la situación de violencia policial y racial en Estados Unidos a raíz del caso George Floyd, pero sobre todo se enfoca en el ámbito local: la desaparición forzada de Luis Espinoza en Tucumán, los homicidios ocurridos durante la cuarentena a manos de fuerzas de seguridad, y la "falsa polémica" sobre la excarcelación de presos ante la pandemia de coronavirus.
—¿Cómo ven lo que está pasando en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd?
—No es el primer caso en Estados Unidos. Cuando hay hechos que tienen una repercusión importante, porque se logran filmar y tienen visibilidad masiva, ocurren este tipo de reacciones espontáneas muy explosivas. Como en el caso de Rodney King a principios de los 90, cuando alguien con una filmadora pescó el momento en el que lo golpeaban al lado de un patrullero y Los Ángeles estuvo cinco semanas en llamas. El gatillo fácil es una de las modalidades de la represión estatal, lo es en todo el mundo donde haya sistemas sociales con necesidad de control social. La diferencia importante entre Argentina y Estados Unidos es que allá toma preponderancia la cuestión racial: la consigna es "Black Lives Matter" y no "basta de gatillo fácil", o "basta de represión".
—¿En Argentina no hay componente racial en el gatillo fácil?
—Lo que hay en ambos casos es un componente de clase. El negro que es brutalizado por la policía en Estados Unidos no es Colin Powell, ni es Obama. Acá no tenemos un conflicto racial con negros y blancos en los términos como los de Estados Unidos, No tuvimos el impacto de la esclavitud, la guerra civil, ni los conflictos raciales de los ‘50, ‘60 y ‘70. Acá la cosa racial pasa por otro cariz, nunca tuvimos segregación.
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—Circula un video en redes sociales sobre los vendedores ambulantes senegaleses, que hablan de la represión policial que sufren en Argentina.
—Si en lugar de ser senegaleses hubiesen sido coreanos o japoneses, y hubiesen encontrado el nicho de la venta ambulante, estaríamos hablando de otro colectivo con las mismas condiciones sociales. Lo que nosotros vemos que falta en Estados Unidos es el reconocimiento de la cuestión de clase como eje ordenador de la represión. Lo vemos todos los días con la situación de la pandemia, la policía no se maneja igual en Recoleta que en Villa Fiorito. Y no interpela de la misma manera a una mina vestida como yo que a un pibe de rastas, tatuaje o gorrita con visera.
—¿Crecieron los casos de gatillo fácil o de violencia policial con la cuarentena?
—El 20 de marzo sacamos un comunicado diciendo que no nos oponíamos al aislamiento, que es una herramienta útil. Pero advertimos que en lugar de reforzar la información se estaba poniendo en manos de las fuerzas de seguridad el control de la situación, y esto iba a traer problemas. Al día siguiente estábamos haciendo el primer reporte informando las situaciones represivas. En estos casi tres meses, el crecimiento de situaciones represivas ha sido exponencial. Nosotros creímos que iba a haber un parate del gatillo fácil por haber menos gente en la calle, pero lo cierto es que igual ocurren.
—Como el caso de Luis Espinoza.
—Claro, eso entra en otro casillero porque ya no es un caso de gatillo fácil, es una desaparición forzada donde además lo boletearon. La mayoría de los casi 200 casos de desaparición forzada que tenemos registrados desde diciembre de 1983 responden a esa matriz. Son personas a las que ven por última vez en el momento de la detención, o en el pasillo de la comisaría, y después desaparecieron. Hay otro caso que no tuvo la misma visibilidad.
—¿Cuál?
—Francisco Valentín Cruz tenía 29 años, vivía en Florencio Varela, tenía un cuadro psiquiátrico agravado por el alcoholismo. Hubo un problema en su casa, un vecino llamó al 911, el pibe salió a la calle, y los policías lo subieron al patrullero. Los responsables son los oficiales Sergio Barboza y Emanuel Peralta. La familia hizo la denuncia de desaparición forzada y unos días después lo encontraron en una tosquera, cubierto de brea. Según la autopsia, murió por una obstrucción de las vías respiratorias que le causó un paro cardiorrespiratorio, y el cuerpo estaba cubierto de golpes recientes. La versión de los policías en la indagatoria fue que lo estaban llevando en el patrullero, se le pasó el cuadro psicótico, dijo "gracias oficiales, acá me bajo", lo dejaron bajar y siguieron viaje, cosa que no puede creerles ni la madre. Y en Rosario tenés otro caso muy similar del 23 de febrero, Carlos "Bocacha" Orellano, un pibe de 23 años, que fue a bailar a un boliche y desapareció; tres días después encontraron el cuerpo en el Río Paraná.
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—Ustedes registraron que creció la represión policial durante el macrismo.
—Viene creciendo del ‘83 para acá, nunca bajó. Hay momentos donde se producen picos, que coinciden con las crisis políticas, económicas y sociales. El primero fue en la híper del ‘89, y después de ese salto no vuelve a bajar, se mantiene amesetado. Hay un salto en 2001, un pequeño saltito en 2004, y uno más relevante en la crisis de 2008. Y a partir de 2015 se da un fenómeno inédito: hay un salto en cada año y no se ameseta. Los cuatro años del gobierno de Cambiemos, cada uno es un salto respecto del anterior. Durante el kirchnerismo pasamos de una muerte por gatillo fácil cada 32 horas a una cada 28, en promedio. En los cuatro años de Macri pasamos a una muerte cada 19 horas.
—¿Y en 2020?
—Este año tenemos información muy incompleta a partir de la pandemia, pero tenemos 58 casos registrados en el archivo. Lo que sí creció de manera enorme este año, en particular a partir del 20 de marzo, son las muertes en lugares de detención. De esos 58 casos, 29 son muertes en lugares de detención.
—¿Los policías suelen llegar en libertad a los juicios por gatillo fácil? ¿Siguen trabajando?
—De los casos que llegan a juicio, el 95% llega en libertad. Si se aplicara al conjunto de la población carcelaria el mismo criterio de excarcelación que se usa con policías, gendarmes, prefectos, habría que ir a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría nadie en una cárcel. Los pocos que están presos están en pabellones de privilegio, VIP, no están hacinados y tienen cubiertas todas sus necesidades. Nada que ver con la situación del preso común.
—¿Cómo vieron el debate de las excarcelaciones?
—Fue absolutamente trucho cómo se instaló mediáticamente con el título de "liberación masiva de presos". ¿Dónde hubo liberación masiva de presos? El 15 de marzo no se había decretado el aislamiento obligatorio y hubo unidades penales donde los presos, preventivamente, pidieron suspender las visitas para evitar la circulación del virus. ¿Vos sabés el sacrificio que es para una persona presa no ver a la familia una vez por semana? El planteo de las cárceles fue: aceptamos suspender las visitas pero por favor implementen los medios para poder recibir mercadería. Porque comida y elementos de higiene y de limpieza traen las familias. Si tenés cárceles que, según datos oficiales, tienen entre 120 y 140 por ciento de la capacidad de alojamiento, ahí llega a entrar el virus y es un desastre. Como está siendo por ejemplo en Corrientes, en la Unidad Penal 1, que es la que está en este momento en peores condiciones con la cantidad de contagios. Lo que se planteaba, además de las medidas de prevención y protocolos sanitarios, era prisión domiciliaria para quienes estuvieran en condiciones de recibirla, por ser grupo de riesgo o delitos de menor gravedad, que son el 70% de la población de los penales. Y dentro de ese grupo, seleccionados los grupos de riesgo. Se pedía también libertad asistida o condicional para personas que les faltaba uno o dos meses para cumplir la condena. El 80% de esos planteos fueron rechazados. Y a mí me preguntaban "¿qué opinás de la liberación masiva de presos?".
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—Las cifras mostraban que se liberaron menos presos que en otros años.
—Todo el tiempo hay personas que cumplen condena y salen. Y además en todos los casos en los que entró el virus a la cárcel, los primeros positivos fueron en personal penitenciario. Si hubiesen respetado los protocolos sanitarios, el virus no entraba.
—¿Cómo ven el aislamiento en los barrios populares?
—Ahí tenés una situación idéntica a la de las cárceles, por el hacinamiento y el problema material de sustentabilidad. En lugar de venir los recursos sanitarios, el alimento, el agua y la asistencia médica, te meten a la cana y los gendarmes. En Villa Azul está muy bien el aislamiento porque hubo una explosión de casos. Todo el mundo adentro, aislamiento y distancia social: desde lo médico correctísimo, pero garantizame que la gente va a morfar. En lugar de eso pusieron a un milico armado en la puerta.
—¿Hay peligro de que crezca la violencia policial?
—Es lo que está pasando. Uno de los casos de gatillo fácil de este último tiempo es un pibe que se llamaba Maximiliano Nahuel Gómez, cartonero en Temperley. En medio de esta malaria primero está la comida de la familia: unos vecinos le avisaron que una panadería le ofrecía el pan viejo para los caballos del carro. Un día que volvía con su cuñado y las bolsas de pan, la policía pensó que eran sospechosos que los iban a asaltar y le encajaron tres tiros por la espalda. Cayó muerto arriba de la bolsa de pan. Si ese pibe hubiese tenido asistencia en su casa para no estar cartoneando, no habría estado en ese momento en la calle.
FF/FeL
