“No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito”. Con esa frase la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desmintió el informe que el lunes 30 de septiembre presentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los casos de gatillo fácil durante la gestión de Cambiemos, tal y como publicó PERFIL.
Según el informe elaborado por el Ministerio de Seguridad, de los 2073 casos detectados por la CORREPI en el período 2014-2018 solo 188 corresponderían a las fuerzas federales, lo que representa un 9,1% del total.
Asimismo, puntualizaron que en el período de 2016 a 2018, de un total de 1.227 casos, 98 corresponderían a las Fuerzas Federales. De estos, sostuvieron que 74 no fueron episodios de violencia institucional, mientras que 2 de ellos sí y 22 están bajo investigación por lo que aún no se podían incluir dentro de las estadísticas.
Tras analizar el informe oficial, la CORREPI presentó una contrarrespuesta a los datos brindados por el oficialismo. “Excluyendo los casos de 2019, es decir, acotando a 2016/2018, quedan 1.275 casos de persona s asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich”, señaló la entidad.
Bullrich da su propio informe de gatillo fácil y acusa a la Correpi de mentir
La CORREPI enumeró cómo se explica la diferencia entre las cifras que expusieron y las del Ministerio de Seguridad:
- No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es FEDERAL, y suma 139 casos 2016 y 2018 (nuestra principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, organismo oficial del ministerio de Justicia y DDHH de la Nación).
- No contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos).
- No contabilizan al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos).
- No contabilizan los miembros de las Fuerzas Armadas (ejército, fuerza aérea y armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos.
- Al recortar 2016/2018, excluye los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno (4 casos de fuerzas federales).
“Si seguimos la lógica del 'contrainforme' y sólo contabilizamos los casos de las fuerzas que dependen directamente del ministerio de Seguridad, es decir, PFA, GNA, PNA y PSA, la cuenta tampoco le da a Bullrich, porque 68+22+15+2= 107”, afirmó la organización. Asimismo, destacaron que en muchas ocasiones se toma conocimiento del caso más de un año más tarde de producido el hecho y que no se tuvo en cuenta el traspaso de la PFA a la policía de la Ciudad que tuvo en ese año 21 episodios.
Por otro lado, cuestionó que se excluyeron femicidios, muertes presentadas como suicidio, casos de personal en situación de retiro o vigiladores privados, casos “porque no encontraron antecedentes”, y en los que se produjeron sin el uso del arma reglamentaria además de que se incluyan en “legítima defensa” episodios en los que “más allá de lo que obedientemente resolvieran los jueces, hubo fusilamientos”.
Al final del informe, la CORREPI agradeció a la ministra que con los datos pudieron levar a cabo una actualización del Archivo: "Sería injusto no reconocer que, en su afán por desnaturalizar los hechos que seleccionó, en muchos casos el 'contrainforme' nos aportó datos que no teníamos. Gracias a Bullrich, pudimos actualizar la situación procesal de muchos casos, e identificar víctimas y victimarios que sólo registrábamos como NN".
B.D.N./FeL
