Catorce personas fueron detenidas el miércoles en una serie de allanamientos realizados en Venado Tuerto, Santa Fe, en el marco de una causa donde se investiga una megasestafa inmobiliaria que rondaría los mil millones de pesos y en donde el gobierno provincial actuó como principal denunciante.
Modus operandi. La organización delictiva, donde hay cinco graduados universitarios, tenía base en Venado Tuerto pero contaba con ramificaciones en distintos lugares dentro y fuera de la provincia. Si bien el modo de realizar las operaciones era variado, consistía básicamente en apropiarse de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas, que luego concretaban operaciones de compraventa. Participaban del ilícito: abogados, escribanos y hasta un médico que tenía como rol constatar la idoneidad mental de las personas que eran desapoderadas de sus bienes.
El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, explicó en diálogo con PERFIL: "Nosotros presentamos una denuncia porque detectamos la venta de un campo de más de 200 hectáreas, donde el titular registral en teoría otorgaba un poder de venta a un tercero para que venda en nombre y en representación de él, pero había irregularidades porque por ejemplo, figuraba la firma de una persona en el año 2000 pero, esa misma persona se había muerto en 1980 y el escribano que figuraba autorizando ese poder de venta, se había jubilado en 1998. Esto lo comprobamos porque hacían figurar a un escribano de Buenos Aires, nos contactamos entonces con el Colegio de Abogados de allí, y nos dijeron que ese registro lo tenía una mujer porque el hombre estaba jubilado hacía dos años. Ese campo fue transferido por dos hombres a un tercero que hoy en día se encuentra preso por prestanombre. Se trata de alguien que vivía en un rancho en Venado Tuerto y figura como dueño de un campo de 200 hectáreas que vale $300 millones. Es decir lo usaban de prestanombre y falsificaban toda la operación".
"Nos enteramos de esto y comenzamos a denunciar y a investigar de manera activa en el registro de la propiedad a estos profesionales. Ahí comenzaron a salir a la luz un montón de estafas, donde entre la investigación hecha por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la nuestra, dieron un total de 32 inmuebles y cuatro campos que representan mil hectáreas", completó.
Asimismo, Figueroa Escuariza amplió: "En el MPA comenzaron a recibir además denuncias de particulares que se acumularon en la misma causa. Entre todo lo denunciado se da esta investigación. Esta banda la integran profesionales y prestanombres".
Sobre los operativos. "El miércoles se hicieron 18 allanamientos y hubo 14 detenciones de las cuales: dos son escribanos -uno de Venado Tuerto y otro de Armstrong-; dos abogados de Venado Tuerto, uno de los cuáles está señalado como el líder de la organización; un médico de Villa Cañás; un contador de Buenos Aires y un gestor de Rosario, que cuando fue allanado en su casa se le encontró medio millón de pesos, dos mil dólares y escrituras de diferentes inmuebles. También hay casas de las estafas que se transfirieron a nombre del propio gestor".
Qué pasará con las propiedades. "Ahora, ante esta investigación, el MPA deberá investigar uno por uno y ver cuál tiene víctima y cuál no y en el caso que corresponda restituírselo y en el caso que corresponde. Vamos a apelar a que pasen a la agencia de bienes decomisados de la provincia para poder subastarlos y aplicar políticas públicas en los casos en que tenga la herencia vacante", precisó el funcionario.
"Es la estafa más grande la provincia detectada y con detenciones concretas porque estamos hablando de casi $1000 millones de valor en mercado de estas propiedades. La hectárea de campo en Venado Tuerto, una de las zonas sojeras más caras de la Argentina, la hectárea vale entre 20 y 25 mil dólares, y en este operativo llegamos a mil hectáreas", amplió.
En ese marco, manifestó: "La denuncia la empezamos hace más de un año y luego presentamos más. Se juntó en este tiempo toda la información necesaria para llegar a los allanamientos y detenciones que se realizaron. Ahora, desde el Ejecutivo Provincial y el MPA solicitaremos que se los impute por asociación ilícita. Una persona que roba con una arma tiene prisión preventiva y se los condena, estas personas robaron millones de pesos que no pueden quedar impunes".
De acuerdo a la causa judicial, la banda podría haber comenzado a actuar desde hace cinco o seis años y no se descarta que haya más propiedades involucradas en la estafa.
FDS / CP
