La Justicia Federal de La Plata investiga por el delito de "trata de personas" a una mujer de origen senegalés, a quien acusan de financiar el negocio ilegal de los cerca de 200 manteros de la misma nacionalidad que trabajan en la capital provincial.
La causa se inició en el Juzgado Federal N° 2, a partir de la denuncia realizada por María Virginia Pérez Cattáneo, a cargo de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad.
Además de la supuesta financista también investigan la participación de un falso abogado argentino que asesora a los senegaleses y otros dos hombres que coordinarían los puestos ambulantes.
La presentación de Pérez Cattáneo está basada en los distintos operativos realizados en los últimos años. Para la funcionaria municipal se trata de "una organización criminal transnacional que se dedica al tráfico ilegal de personas para luego explotarlas laboralmente".
La supuesta cabecilla sería la encargada de distribuir las ganancias entre los manteros y coordinar la entrega de viandas con comida a los trabajadores.
En La Plata se estima que hay unos 200 senegaleses que viven en dos pensiones y que aproximadamente 150 trabajan como manteros en los distintos centros comerciales de la ciudad. "Hay otro grupo que realiza tareas de seguridad e interviene frente algún conflicto con la Policía o empleados municipales", explica un vocero consultado por PERFIL.
En la denuncia, la funcionaria explica que "la mayoría de los inmigrantes ingresan a nuestro país de manera ilegal". "Estas personas -argumenta Pérez Cattáneo- son reclutadas en el Estado de Gambia, país situado en el continente africano, por no requerir visado consular con el Estado ecuatoriano, siendo último, la primera escala de entrada al continente sudamericano. Desde allí, por agua o tierra se trasladan a Brasil, ingresando de manera ilegal por las fronteras argentinas, fundamentalmente, por El Dorado, provincia de Misiones".
Llegan al país con la promesa de convertirse en “refugiados”. Les aseguran trabajo en hoteles y restaurantes. Y ellos, en contrapartida, se comprometen a abonar a futuro una abultada cantidad de dinero. Según la presentación judicial, esta organización "les retiene el pasaporte hasta que no salden la deuda contraída".
"Hemos detectado que varios de ellos realizan regularmente depósitos de dinero en distintas compañías y agencias de servicio financieros cuyo destino es el Estado de Senegal", asegura Pérez Cattáneo, en su denuncia ante el juez Adolfo Gabino Ziulu.
Senegaleses cantaron la marcha peronista en repudio a la detención de manteros
La acusación también plantea que las mujeres de los manteros que llegaron a la capital provincial son obligadas a cocinar para toda comunidad y que les impiden salir a trabajar.
"Debido a una cuestión religiosa (profesan el culto musulmán ortodoxo), el rol de la mujer queda restringido a la tarea doméstica, viéndose doblemente vulnerados sus derechos. En ese sentido hemos podido advertir y tomar conocimiento que todas ellas habitan en casas asignadas por la organización, con la imposibilidad de trabajar y de moverse libremente, lo que constituiría privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre, agravada por la cuestión de género", se indica en la denuncia, a la que tuvo acceso PERFIL.
Por su parte, Cheikh Gueye, vocero de la comunidad senegalesa de La Plata, asegura que sufren una "persecución discriminatoria por parte de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Policía Bonaerense". "Nos quitan nuestra mercadería de venta sin cumplir con el debido procedimiento, nos insultan, golpean, y arman causas penales por resistencia a la autoridad de manera arbitraria", acusa.
Gueye aclara que no son inmigrantes ilegales y que no es cierto que no pagan impuestos. "Estamos de forma legal en el país: si bien somos muy pocos los que hemos adquirido la ciudadanía argentina, el resto de los chicos tienen trámites iniciados como refugiados o han iniciado el proceso para adquirir la residencia".
"Muchos de nosotros, pese a no contar con DNI argentino, pagamos monotributo y aportamos económicamente en este país. Queremos hacer las cosas bien, nadie en su sano juicio podría pensar que es un privilegio trabajar en la calle expuestos al frío, al calor, a la lluvia, a la falta de un baño, y muchas veces al maltrato".
LN
