“Para prevenir el crimen organizado hay que atender cárceles y pobreza”

El crimen organizado es una realidad mundial, con mayor o menor nivel de penetración según los países. Si bien los especialistas admiten que no está instalado como tal en Argentina, en los últimos tiempos se encendieron alarmas que reclaman la adopción de políticas para evitar que ello ocurra.

Abarca narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero: delitos que se combinan para dar vida a organizaciones transnacionales.

En lo que todos coinciden es que, una vez que estas organizaciones ingresan a las estructuras de poder de un país, es casi imposible removerlas.

En Argentina, como en el resto del mundo, han evolucionado pasando de una estructura de clanes familiares a una organización en red con núcleos diferenciados, con un dato para tener en cuenta: se abandonó el esquema piramidal.

Un alerta fue el plan homicida del juez de Posadas, Fernando Verón. Se detectaron mensajes entre un preso alojado en la cárcel de Ezeiza, acusado de homicidios y narcotráfico, con una persona detenida en Misiones en un control de Gendarmería Nacional, que circulaba en un vehículo que fue robado en Esquel, Neuquén. La comunicación aludía a un plan para seguir al juez Verón y ejecutarlo a través de sicarios que llegarían desde Brasil. Todo planeado por el Primer Comando Capital, nacido en Brasil y presente en la Triple Frontera.

La semana pasada, en Rosario un exconcejal -y pastor evangélico- fue ejecutado de un balazo. Se trata de Eduardo Trasante, quien había perdido a dos hijos en manos de bandas de narcotráfico: Jairo, de 17 años, fue acribillado en febrero de 2014 y Jeremías había sido asesinado el 1 de enero de 2012, en lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno.

En Córdoba, el asesinato del ‘zar de la droga’, Claudio Torres, cometido por sicarios, reavivó la investigación judicial que se convirtió en la causa más grande y compleja sobre narcotráfico en Río Cuarto y la provincia por tráfico de drogas y lavado de activos, con complicidades policiales.

La presidenta del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, Noel Costa, expresó su preocupación por este fenómeno y opinó que hay que prestar especial atención a la gestión de las cárceles donde son alojados los narcotraficantes y también a la pobreza, que se incrementará a partir de la pandemia del coronavirus.

—¿Por qué le preocupó el intento de atentado al juez Veron, de Misiones?

—Lo sucedido con el juez Verón no debe leerse como un hecho aislado, ni individual. El Primer Comando Capital, como el Comando Vermehlo y familia Do Norte, son verdaderos estados paralelos, con su propio estatuto y organización. Son una realidad en países limítrofes, por lo que se torna imprescindible, como sociedad, la visualización del problema, de su origen y de su consecuencias. Claramente, el origen son las necesidades básicas insatisfechas y un Estado ausente en sectores vulnerables. Las consecuencias de este tipo de organizaciones son, en primer lugar, el ataque al Poder Judicial, y en especial a la Justicia penal, porque es el máximo medio de control social que tiene el Estado, lo que irremediablemente conduce a un grave debilitamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo. Lo que sucede en Rio de Janeiro es un ejemplo palpable de esta situación.

—Ante este fenómeno ¿A qué hay que prestar especial atención?

—Estos grupos nacieron en los establecimientos penitenciario de Brasil bajo el lema ‘Paz, Justicia y Libertad’, reclutando detenidos y cubriendo necesidades básicas insatisfechas de sus familiares, por lo que resulta evidente que frente al 55 % de pobreza que se pronostica va a dejar la pandemia del coronavirus en Argentina, tendría que hacerse foco y brindar especial atención al tratamiento penitenciario de los detenidos y a la inclusión social de sus familiares.

—¿Hay indicios de la presencia de comandos en Argentina?

—La existencia de estas organizaciones criminales es una realidad en países limítrofes, como Brasil y Paraguay. La delincuencia organizada trasnacional prolifera y requiere alianzas y logística. El punto geográfico donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, constituye, claramente, un potenciador del crecimiento de la acción de estas organizaciones en Argentina. Entiendo que el intento de atentado al juez Verón es más que un indicio de la presencia en el país, lo que conlleva que en la actualidad fiscales federales y provinciales de Misiones deban contar con custodia policial.

—¿Cuánto cree que han penetrado en nuestro país, qué nivel de inserción social tienen?

—La penetración y su afianzamiento en el país dependerá de la política estatal que se aplique, del fortalecimiento del Poder Judicial, de la inclusión social, de la especial atención al tratamiento penitenciario de los detenidos en general y sobre todo de aquellos que perteneciendo a los comandos referidos, se encuentran detenidos en establecimientos penitenciarios argentinos.

LA ESTRATEGIA, MAS ALLA DE LA SECURITIZACION

Nicolás Lien es investigador adjunto del Centro de Estudios Avanzados (CEA-UNC) y realiza un doctorado en la Universidad Católica de Córdoba precisamente sobre crimen organizado en Argentina. “Es una realidad multidimensional, no un fenómeno”, corrige. Y agrega: “Tiene dimensión política en cuanto es un proceso que avanza a nivel regional; también de poder que se estructura en red y utiliza la violencia en un mapa de actores muy dinámico”.

Según el análisis que pudo hacer en su estudio en proceso, “no hay actores subjetivados sino que son difusos”. En este sentido, se ha superado la idea de los cárteles de la droga comandados por líderes como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán.

Uno de los insumos fundamentales en las redes que operan actualmente es el poder que otorga la información. Hay interconexión de redes, sofisticación de la logística, organizaciones semijerárquicas. Ya no hay estructuras piramidales, sino redes nodales. Esta nueva organización las hace perdurar porque no basta con clausurar la cabeza, porque la organización no depende de una sola persona que ordena.

Lien sostiene que los cambios en la organización también exigen un cambio de estrategia que vaya “más allá de la securitizacion”. En este sentido, considera que la estrategia más adecuada es “un abordaje integral a partir de la toma de decisiones basadas en las evidencias”. La especialización, la multidisciplina que prevé la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, son, a criterio del investigador, medidas acertadas porque permiten la planificación estratégica de la persecución penal.

RIO CUARTO: tráfico, lavado y connivencia policial

La causa que se tramita en el Juzgado Federal de Río Cuarto denominada ‘narcoescándalo’ es un típico ejemplo de una organización con tentáculos en el tráfico de drogas, lavado de dinero y connivencia policial.

Hay más de 30 personas imputadas que se dividían los roles -según se pudo probar hasta el momento- para sostener un verdadero organigrama en el que la tarea principal era el tráfico de cocaína y marihuana que transportaban desde Bolivia y Paraguay.

El lavado de activos se produjo con la compra de inmuebles, autos alta gama y bienes suntuosos como joyas y perfumes. En algunos casos, los autos fueron medios de pago de la droga.

La secretaria penal del juzgado, Lucía Storani, señaló que la organización era nodal, con varias cabezas, algunas de las cuales ostentaban la misma jerarquía. Hasta ahora, se detectó la presencia de esas células en Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Puerto Madryn y Chile.

Entre los procesados se encuentran exaltos jefes de la Policía de Córdoba y de la Policía Federal, por lo que las actividades habrían contado con un paraguas de protección y alertas sobre las investigaciones que los tenían en la mira.

Una de las últimas medidas que adoptó el juzgado fue indagar a cinco personas por el delito de lavado de activos. Son dueños de concesionarias y empresas de autopartes que habrían manejado dinero producido por la comercialización de estupefacientes. Eso muestra la variedad de delitos que la red concretó en torno al principal: el narcotráfico.