Liberar a personas que se supone han cometido determinados ilícitos suele ser problemático, aún cuando estas liberaciones se hagan en tiempo y forma desde un punto de visto jurídico. En este contexto de pandemia de coronavirus y cuarentena, sin dudas, aquellas ligados a los crímenes de lesa humanidad, a los delitos contra la vida o la integridad sexual serían un claro ejemplo. Este tipo de situaciones son el escenario ideal para que se desencadenen lo que la literatura define como pánicos morales, los cuales permiten analizar, entre otras cosas, las relaciones que existen entre la justicia penal y determinados actores extrajudiciales.
Hay cierto consenso en que para que surja un pánico moral deben estar presentes, al menos, dos componentes: el primero, una preocupación significativa acerca del comportamiento de un grupo de personas, en este caso, los demonios judiciales, es decir, operadores jurídicos señalados como “saca-presos”. Segundo componente, la transformación de dicha preocupación en indignación hacia quienes hayan sido definidos como una amenaza, y que para los demonios judiciales esta transformación suele ocurrir a partir de jurys de enjuiciamientos, sumado a graves acusaciones en la prensa.
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Sin entrar en detalles sobre los buenos o malos motivos que puedan existir en cada caso particular para otorgar prisiones domiciliarias; sin hacer hincapié en lo bien o mal presentado que estuvo el tema por la misma justicia, por el gobierno, o por los medios de comunicación, algo similar a un pánico moral parece estar sucediendo en los últimos días. Y en este tipo de circunstancias, cuando los agentes de la justicia penal toman decisiones que traen aparejadas consecuencias inquietantes, tienden a ser señalados por diferentes sectores como un peligro para la sociedad, primordialmente porque vuelven “giratorias” las puertas de las prisiones, debilitando así valores importantes para la sociedad.
Una cuestión relevante aquí sería aclarar que estos demonios judiciales, justa o injustamente atacados, no forman parte de grupos sistemáticamente marginados o estigmatizados, sino que pertenecen a sectores con una serie tangible de beneficios y reconocimientos. Sin embargo, esto no impide que sean señalados exageradamente por sus detractores como verdaderas amenazas para la integridad de la sociedad.
Entender mejor las relaciones entre los supuestos reclusos fuertes y la supuesta justicia penal débil, es también advertir con más claridad el papel que en todo esto juegan las víctimas y la sociedad
Otra cuestión importante es precisar si dichos fenómenos de señalamiento sobre los demonios judiciales son generados “desde abajo” como consecuencia de la participación genuina y comprometida de la ciudadanía; o “desde arriba” por las élites, como podrían ser actores políticos y medios de comunicación; o tal vez se trata de un proceso que debe ser explicado articulando ambos elementos a raíz de que en la práctica están interrelacionados. Es posible que esta última sea la postura más apropiada.
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Ahora bien, si tomamos en cuenta lo dicho, ¿cuál es la relación que podría existir entre justicia penal, pánicos morales y demonios judiciales en este contexto de pandemia? Si es cierto que en los últimos años la justicia penal ha venido perdiendo legitimidad, todo lo cual la aísla de las víctimas y de la sociedad, una de las posibles razones podría estar vinculada a la emergencia de estos demonios judiciales que con sus decisiones se transforman –según sus opositores- en generadores de pánicos morales. Más allá del respaldo con el que cuenten estos demonios judiciales, como en esta circunstancia la Asociación de Magistrados, las resoluciones que dictan parecen incitar a que desde ciertos ámbitos se los apunte como auténticos riesgos para la cohesión social, profundizando así la desconfianza y el rechazo de parte de la comunidad alrededor de la justicia penal.
Para finalizar, podemos sugerir que muchos de los diagnósticos que se hacen sobre los vínculos entre excarcelaciones, pandemia y demonios judiciales no son del todo exactos, fundamentalmente aquellos que parten de la premisa de que estas liberaciones muestran que los reclusos son los fuertes porque consiguen lo que quieren, y la justicia penal es la débil porque solamente homologa aquello que otros poderes le dictan. Entender mejor las relaciones entre los supuestos reclusos fuertes y la supuesta justicia penal débil, es también advertir con más claridad el papel que en todo esto juegan las víctimas y la sociedad.
*Investigador del Concet.
