Juan Martín Mena fue funcionario del ministerio de Justicia hasta diciembre de 2014 cuando asumió como número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia. Hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner, durante dos años del Gobierno de Mauricio Macri fue Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura y después armó su estudio de abogados. Retomó la función pública con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia y hoy es secretario de Justicia. Fue quien encabezó la negociación con los detenidos del penal Villa Devoto tras el violento motín del 24 de abril en el que pedían por excarcelaciones y mejores condiciones de salud ante el avance del coronavirus y la detección de un contagiado en el personal del Servicio Penitenciario de esa unidad.
—¿Cuáles fueron los avances entre el motín y el acuerdo firmado? Había distintos reclamos por arrestos domiciliarios, pedido de modificaciones en los informes criminológicos, beneficios a extranjeros.
—El principal avance es que en la reunión de la mesa de dialogo se estableció el fin del conflicto. Ahora volvemos a enfocarnos en atender de la mejor manera la cuestión sanitaria para enfrentar la pandemia. Nuestra gestión de gobierno, recibió el Sistema Penitenciario Federal en una crisis sin precedentes fruto de una errada e irresponsable política criminal y penitenciaria gestionada durante el gobierno anterior, que provocó niveles de sobrepoblación penal y hacinamiento que nunca se habían registrado en la historia de nuestro país. Sobre el final de su mandato y luego de haber gestionado el área durante 4 años, el Ministro Germán Garavano declaró la emergencia carcelaria en marzo de 2019, alarmado por las bajas condiciones de salubridad y las deficientes condiciones de detención y seguridad de las prisiones. En este escenario llego a nuestro país el COVID-19. Por ello, en las mesas de diálogo del penal de devoto se discutió, no sólo sobre cuestiones coyunturales y urgentes, sino también, sobre cuestiones estructurales e históricas del ámbito penitenciario.
—En distintos países del mundo las cárceles fueron un foco de contagio ¿Cómo se evita que esto suceda en nuestro país con las condiciones que usted describe?
—El objetivo principal es evitar que la propagación del virus, que en comunidades cerradas es infinitamente más veloz que en el mundo libre, haga colapsar el sistema de salud nacional, afectando el enorme esfuerzo que toda la población está realizando. Desde el ministerio de Justicia y la autoridad penitenciaria, nos comprometimos a reforzar el trabajo del Servicio Penitenciario Federal, agilizar los trámites administrativos, y por sobre todo profundizar los dispositivos sanitarios para hacer frente a la pandemia.
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—Desde el motín hay sectores dentro del penal a los que los guardias no pueden acceder ¿Cómo se retomará el control de la cárcel?
—La seguridad del Complejo Penitenciario de Devoto está garantizada desde el mismo viernes 24 de abril. El fin del conflicto al que arribamos permite normalizar el pleno funcionamiento de la Unidad en todos los aspectos.
—En un momento la negociación se empantanó y los presos reclamaban su presencia en la reunión ¿Por qué no participó del encuentro anterior?
—En todas las mesas de diálogo hubo funcionarios y asesores del equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este espacio de trabajo, se va mantener en el tiempo, y como nos comprometimos, discutiremos allí diversas cuestiones vinculadas a los déficits históricos de las cárceles. En función de ello, se explicó desde el primer momento que los representantes de las instituciones públicas necesariamente iríamos rotando.
—¿Cuántos detenidos en el Servicio Penitenciario Federal presentaron síntomas de coronavirus?
—Hasta el día de hoy no tenemos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, personas con síntomas, ni casos sospechosos. Los cuatro casos confirmados que registramos ya se encontraban en Hospitales extramuros por otros motivos. De todos modos, aplicamos permanentemente los protocolos dictados, que fueron especialmente elaborados siguiendo las pautas de la autoridad sanitaria, tanto para las personas privadas de la libertad, como para los trabajadores penitenciarios.
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—En los últimos días tras los motines y protestas con cacerolazos el Gobierno fue más firme con respecto a la postura sobre las liberaciones. ¿Se reaccionó tarde frente al conflicto?
—Desde el primer día, las autoridades del Gobierno informamos que las cuestiones relativas a los arrestos domiciliarios y libertades, eran competencia exclusiva del poder judicial. La postura del Gobierno fue siempre y desde el comienzo del conflicto, la misma. El Poder Ejecutivo Nacional, nada tiene que ver con esa responsabilidad exclusiva de la administración de justicia. Ello fue explicado claramente por el Presidente de la Nación, la Ministra de Justicia y todos los funcionarios que los acompañamos. Pero además, y lo que es más importante, no existió en los hechos ninguna liberación masiva de nada. Hay que ser serios y observar los datos de la realidad: en el mes de abril de 2020, salieron de prisión menos personas en el mismo mes de los años 2018 y 2019. ¿De qué liberación estamos hablando?
—Entendiendo la división de poderes ¿La intervención d la Secretaria de Derechos Humanos en casos como el de Ricardo Jaime o Luis D'Elia, no puede ser leída por la sociedad como un mensaje d un gobierno pidiendo por las liberaciones?
—No lo creo. Ello fue claramente explicado por el Presidente y por la Ministra de Justicia, Marcela Losardo. La Secretaría de Derechos Humanos actuó ejerciendo las facultades que le son propias en el marco de sus funciones, como lo hace en otros casos.
—Se habla de las internas en el Gobierno entre kirchneristas y albertistas. ¿Hay internas en Justicia? ¿Cómo se lleva con Losardo?
—De ninguna manera. Todo el equipo del Ministerio de Justicia trabaja bajo la conducción de Marcela y del presidente.
RA/FF
