El presidente de un club de fútbol de la Provincia de Salta, Jorge Moya, y tres miembros de la comisión directiva fueron condenados a dos y tres años de prisión por haber contratado jugadores a cambio de otorgarles planes sociales, entre otras maniobras delictivas.
La investigación se inició en abril del año pasado, a partir de una denuncia que realizó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contra Moya, presidente del Club Atlético Central Norte de Embarcación y excandidato a intendente de la ciudad salteña.
Según la acusación, Moya era el encargado de “recaudar dinero de mala fe, aprovechando la situación de vulnerabilidad de personas de bajos recursos, a quienes les cobraba entre 500 y 1.500 pesos a cambio de ingresarlos en la base de datos de la Anses, para que mediante el trámite pudieran cobrar el denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que otorga el gobierno nacional ante la crisis por la pandemia de coronavirus que atraviesa el país”.
En base a tareas policiales y con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, los oficiales identificaron al dirigente como presunto cabecilla de la organización.
Según las fuentes, una de las modalidades de estafa consistía en “ofrecer la tramitación de un plan social a cambio de una supuesta ‘cuota social’ que iba entre 500 y 1.000 pesos”. Asimismo, exigía el pago mensual de otros mil pesos para seguir percibiendo la ayuda económica.
Lo más insólito es que realizaba la misma maniobra para reforzar el equipo de fútbol de Primera División. Les abonaba mensualmente con diversos planes sociales (modalidad ofrecida para concretar su pase de club) a cada jugador y a los miembros de su familia o allegados, indicaron los voceros.
En otros casos, los beneficiados debían realizar trabajos para el club: desde la limpieza, cocina y hasta tareas periodísticas, como el caso de una víctima que debía mencionar o hablar bien de los dirigentes en una radio.
De acuerdo a la investigación, los que "no cumplían con lo pactado eran castigados con el bloqueo de las tarjetas de cobro, o bien, debían pagar multas que consistían en descuentos del beneficio recibido, a veces por completo".
La condena
En un fallo acordado por las partes, el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, declaró culpables al titular del club, Jorge Moya, y los tres dirigentes Moira Francisca Pabloff (novia de Moya y gestora del club), Jesús Tarqui (secretario general) y Edith Romero.
Moya y Pabloff fueron condenados a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por "fraude a la administración pública", mientras que por el mismo delito Tarqui recibió una pena menor de dos años de prisión condicional.
A pedido de la querella, el juez resolvió que estos tres acusados donarán mensualmente y durante dos años, dos tarros de leche en polvo (de fórmula 1, 2, 3, o 4) de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana “Pata Pila”, con sede en Tartagal.
Advierten sobre estafas con la Tarjeta Alimentar
En cuanto a Romero, la cuarta imputada, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, "lapso en el que además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, donde prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana".
El fiscal general Eduardo José Villalba, a cargo de la investigación, calificó el veredicto de histórico. “La resolución a la que se arribó es para Salta, al menos, histórica, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto, donde estos tipos de casos demandaban años de proceso sin que el Estado obtuviera nada al final del camino, en cambio, en este caso y con el nuevo código en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias”, afirmó.
ln / ds
