Tras el motín del viernes último, el diálogo. Autoridades políticas, judiciales, del Servicio Penitenciario e internos llevaron adelante una mesa de negociación para tratar los pedidos de la población carcelaria tras conocerse casos positivos intramuros.
Después de casi seis horas de debate, las partes acordaron la conformación “inmediata de un grupo de trabajo interdisciplinario” con el fin de priorizar “la revisión y el estado de los trámites administrativos y judiciales” de la población vulnerable dentro del penal. Entre ellos, la población en riesgo sanitario, embarazadas, aquellos con condena inferior a tres años y personas en término de libertad condicional y asistida.
También se planteó la necesidad de evaluar el diseño de herramientas de compensación, se reiteró el pedido de conmutación de penas y la adaptación de medidas excepcionales a los fines de descomprimir la situación de hacinamiento de la población carcelaria. Los internos pidieron que lo acordado sea comunicado al resto de los internos de los otras cárceles federales del país.
De la mesa participaron los referentes de los pabellones, los camaristas Gustavo Hornos y Daniel Morín; el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el director nacional del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, entre otros.
La emergencia sanitaria del coronavirus destapó una crisis vieja y sabida, y convirtió a las cárceles en un verdadero polvorín. Lo que pasó este viernes en Villa Devoto, donde actualmente hay cerca de 1.700 detenidos, no fue un hecho aislado y provocado por un grupo de reclusos marginales que buscaban fugarse como algunos intentaron hacer creer. Una bandera que los amotinados colgaron en el techo del penal resume el pensamiento de ellos: “Nos negamos a morir en la cárcel”.
El artículo 18 de la Constitución Nacional los ampara: “Las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice”.
“Salimos a luchar para que nos escuchen porque si no, nadie lo hace”, explica uno de los detenidos que está en una planta de primarios, y que participó de la mesa de diálogo.
Las revueltas en los penales santafesinos de Coronda y Las Flores, que terminaron con un saldo trágico de cinco muertos, marcaron el camino de la lucha carcelaria. Pocos días antes de que el Gobierno anunciara el aislamiento social y obligatorio los reclusos de estas dos unidades de máxima seguridad decidieron reclamar por mayores medidas de prevención por el Covid-19.
Como un efecto dominó empezaron a ocurrir los focos de conflicto en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a cargo de 65 cárceles y alcaidías.
Los primeros incidentes se dieron en el Complejo de Florencio Varela, curiosamente el que una semana después reportaría el primer caso de un detenido con coronavirus.
Con mucho más ruido, los internos de la Unidad N° 10 de Melchor Romero se amotinaron el martes pasado y subieron a los techos del penal para darle visibilidad al conflicto.
Al otro día llegó el motín en la Unidad N° 23 de Florencio Varela, que además exhibió el peor salvajismo de los guardias que salieron a reprimir con balas de goma y plomo. El saldo fue trágico: un interno de 30 años recibió ocho impactos (uno en la nuca) y cayó muerto en el techo de uno de los pabellones.
Al mismo tiempo comenzó a crecer el número de internos en huelga de hambre. En 24 horas pasó de 300 a cerca de 1.200.
En la Unidad Penal de Corrientes pasó algo similar a lo de Varela: los detenidos reaccionaron ante la falta de medidas de higiene y las negativas a las excarcelaciones de los internos que están en los grupos de riesgo y los carceleros respondieron con plomo. Un preso de 22 años perdió la vida, y recién después comenzaron a escuchar sus reclamos. En esta penitenciaría se alojan 670 presos, pese a que la capacidad es para 470.
La población carcelaria no paró de crecer en los últimos cuatro años, sin mejorar en nada las condiciones de alojamiento.
Homicidas y asaltantes
Fin del motín: quiénes son los presos que negociaron con autoridades
En la mesa de negociación para ponerle fin al motín del viernes último participaron cuatro internos como referentes del resto de la población carcelaria. Guillermo Alvarez, Carlos José Palazzo, Eduardo Vera y Ricardo Castro fueron los encargados de hablar con las autoridades.
Alvarez es uno de los detenidos que se destaca y, se cree, que fue uno de los organizadores del motín en el interior del penal que comenzó el viernes por la mañana con quema de colchones y culminó con los detenidos en los techos del penal. Lo conocen como el “concheto” y está detenido por cuatro homicidios.
El concheto era el jefe de la banda de “los nenes bien” que operaba en la zona norte del Conurbano. Fue condenado a 25 años de cárcel en 1998, recuperó la libertad y volvió a caer en 2015 por una salidera.
Por su parte, Palazzo está alojado en el pabellón 5 del módulo 2 y es otro de los que se sentaron en la mesa de negociación. Fue detenido dentro de una financiera que intentó robar en febrero de 2016 en el microcentro porteño.
A las 15 del pasado 16 de febrero, cuatro personas llegaron al edificio de la calle San Martín al 100 y subieron hasta el piso 16, donde funciona la financiera Anker SA. Unos minutos después simularon discutir con un empleado de seguridad como mecanismo de distracción, hasta que mostraron las armas y tomaron el control del lugar.
Fueron hasta la caja fuerte, se apoderaron de más de 100 mil dólares y chequeras bancarias a nombre de la empresa. Pero todo se vio frustrado cuando llegó la policía. Intentaron escapar colgándose por los aires acondicionados, pero fueron detenidos.
Eduardo Andrés Vera fue condenado por el crimen de un sargento de la Policía Federal, que intervino para evitar una salidera bancaria en 2014 en el barrio porteño de Villa Crespo. Sus dos cómplices también fueron condenados.
A la “banda del FAL” pertenecía Ricardo Castro. Era una organización que actuaba en la zona sur del conurbano bonaerense fuertemente armados con pistolas calibre 9 milímetros, ametralladoras y fusiles. En enero de 2017 asesinaron a un empresario de Florencio Varela.
