El debate por la interrupción legal del embarazo volverá a ser protagonista del año legislativo, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara su decisión de impulsar el tema en el primer tramo de su gestión. Según pudo saber PERFIL, la intención es que el mandatario confirme el envío del texto al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de marzo, aunque el tema comenzará a motorizarse desde el 19 de febrero, cuando ya está previsto el tradicional “pañuelazo” que se realiza por el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, en el que se espera una gran movilización.
En 2018, el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ingresó al Congreso por iniciativa de las diputadas Victoria Donda, Romina Del Pla, Brenda Austin y Mónica Macha, y logró reunir la firma de 71 legisladores. Con modificaciones, ese texto logró la media sanción en la Cámara baja el 13 de junio pero fue frenado el 8 de agosto en el Senado.
Dos años más tarde, la modalidad de la discusión ya se anticipa distinta. El ministro de Salud, Ginés González García, quien a dos días de asumir actualizó el protocolo de aborto no punible, confirmó que participará de la elaboración del proyecto y precisó que “seremos unos cuantos organismos” los que estarán en la redacción.
“La parte sanitaria estará a nuestro cargo”, confirmó el ministro, que trabajará en conjunto con el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, encabezado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, reconocida defensora por el derecho al aborto, que por ahora rechaza dar precisiones. Es decir que en esta oportunidad habrá un trabajo en conjunto entre las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que ya presentó en siete oportunidades el proyecto en el Congreso, los legisladores y representantes de distintos ministerios.
Consensos. Alberto Fernández explicó que, además del eje central que será el aborto, la intención será “generar un debate respecto de las familias de tránsito, definir mecanismos rápidos de adopción y también mejorar la educación anticonceptiva, que es algo que debe tratarse y no se trata”. A través de estos puntos es desde donde intentará lograr el consenso de algunos legisladores que no tienen una postura definida a favor del pañuelo verde pero que reconocen la importancia de modificar el estatus actual.
“Lo que tenemos que resolver es un problema de salud pública, que la mujer que aborta pone en riesgo su vida. Mi decisión es mandar el proyecto en este ejercicio 2020. Quisiera un debate sensato, no el que tuvimos”, manifestó Fernández, quien no mencionó el asunto en su extenso discurso ante la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre pero lo sacó a flote sobre fin de año.
La llave estará en el Senado
Con la nueva conformación del Congreso, el proyecto para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo tendría garantizada la media sanción en Diputados, pero volvería a tropezar en el Senado, donde buena parte de los legisladores ingresantes ya hicieron pública su postura “en defensa de las dos vidas”.
En 2018, la iniciativa cosechó 38 votos en contra, 31 votos a favor, dos abstenciones y una ausencia. De esos 31 senadores que votaron por el sí, hay 11 que abandonaron la tarea legislativa, con lo que en un primer conteo quedarían 20 votos a favor. Asimismo, de los senadores ingresantes, por ahora solo 11 se manifestaron a favor de la IVE, lo que sumaría 31 voluntades, muy lejos de los 38 necesarios para la aprobación.
De acuerdo con un relevamiento hecho por PERFIL en base a declaraciones públicas durante la campaña, entre ellos figuran Martín Lousteau (que ya votó por el sí cuando era diputado), el ex gobernador Alberto Weretilneck, los porteños Guadalupe Tafliaferri y Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré, Martín Doñate, Nora Giménez y Silvia Sapag.
No obstante, en el oficialismo mantienen el optimismo por dos motivos. En primer lugar porque “para Alberto Fernández, la aprobación del aborto sería asegurarse una marca de su gobierno” y no impulsaría un tema que tenga chances de fracasar, señalaron desde el Frente de Todos, y, en segundo plano, porque confían en que Cristina Kirchner, a cargo de la presidencia del Senado y con un voto a favor en el tratamiento que se dio en 2018, logrará reunir las voluntades para que el tema avance de manera definitiva.
