23 ene 2021
POLITICA |DIPUTADOS
miércoles 2 diciembre, 2020

Aborto legal: la objeción de conciencia médica otra vez en el centro del debate

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo contempla la objeción de conciencia individual pero no lo tiene en cuenta para las instituciones. Los celestes se amparan en la "libertad médica" y los verdes creen que "obstaculiza los derechos sexuales y reproductivos".

Mujeres de la Campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito en la puerta del Congreso. Foto: Twitter
miércoles 2 diciembre, 2020

Al igual que en 2018, cuando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo quedó frenado por el rechazo en el Senado, la discusión sobre la inclusión o no de una cláusula sobre la objeción de conciencia médica volvió a ser hoy eje del debate en la Cámara de Diputados. 

El texto original que promueve la Campaña Nacional a favor del Aborto, Legal, Seguro y Gratuito no incluye ninguna mención a esa cláusula porque considera que "la experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países donde está permitida en su legislación", explica un documento interno al que tuvo acceso PERFIL. 

Según argumentan, no respaldan esa alternativa "por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos". 

Sin embargo, en su artículo 10 el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo establece que "el o la profesional de salud que deba intervenir de manea directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia" y para ello deberá "mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica". 

Este último punto es el que genera ruido en el ámbito de los detractores del proyecto de ley porque "el objetor debe dejar a la mujer a otros profesional y adoptar todas las medidas para garantizar el acceso a la práctica, lo que neutraliza la objeción de conciencia", argumentó durante el debate la abogada especialista en Sociología Jurídica María Angélica Gelli. 

Marcha de pañuelos celestes

 

Gelli afirmó que debería "considerarse expresamente la objeción de conciencia institucional. El médico es el que decide qué hace frente al paciente. No podemos obligar al médico a lo que dice la ley sin más”.

En la misma línea se expresó el doctor en ciencias jurídicas Nicolás Laferriere quien cuestionó además que "el proyecto propone crear un nuevo delito para quien dilatare injustificadamente o se negara a practicar un aborto". 

El abogado lamentó que "el Estado lo único que propone es ofrecer el aborto, pero no se atienden las problemáticas de fondo, solo menciona un desdibujado proyecto de los Mil Días, que recién comenzará a pagar una asignación en la semana 12". También utilizó un argumento que ya había llevado ayer el padre "Pepe" Di Paola, y lamentó que "el aborto sistemático de personas con discapacidad es una consecuencia lamentable e ineludible de la sanción de esta ley". 

El texto que se está trabajando en la Cámara de Diputados indica que "el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable". 

"No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a la atención sanitaria post aborto", dice el proyecto enviado por Alberto Fernández al Congreso.

 

Entre los puntos a favor que menciona la Campaña verde, figura que la iniciativa del Poder Ejecutivo no plantea la objeción de conciencia institucional, es decir que un hospital, sanatorio o cualquier centro de salud no puede negarse en su conjunto a llevar adelante la práctica de un aborto. 

En esa línea argumentativa, la abogada y mágister en Género, Sociedad y Jurídica Soledad Deza recordó el caso de la joven tucumana Lucía, de 11 años, que fue violada y no se le permitió realizar el aborto legal sino que fue obligada a tener el bebé a través de una cesárea.

"El caso Lucia demostró en Tucumán que no hubo ni una institución que preservara los derechos de la Niña, refiriéndose a la objeción de conciencia", se quejó Deza, oriunda de la misma provincia.

Los argumentos forman parte de la segunda jornada de discusiones en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Salud y Mujeres que prevén dar dictamen al proyecto el próximo viernes para llevarlo al recinto la semana que viene y dar media sanción, con la mira puesta en el Senado, donde aún no están los votos necesarios para su aprobación.

DM/FeL


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