La herencia naranja. Un informe que llegó a manos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, alerta sobre irregularidades, falta de inversión y graves inconvenientes en el servicio de agua potable de la empresa estatal ABSA, que presta servicios en 91 localidades de la Provincia.
El documento forma parte de una serie de auditorías que encargó Vidal sobre la gestión de Daniel Scioli. En este caso, se traza un panorama sombrío y se anticipa que, durante 2016, se podrían producir serios inconvenientes en el servicio de agua si no se produce un proceso de inversión.
ABSA fue creada en 2002 y le otorgó el contrato de concesión a la empresa francesa Azurix. Tiene 2.293 empleados para cubrir 50 mil kilómetros cuadrados y 3,7 millones personas.
Entre las principales irregularidades se detectó falta de inversiones a largo plazo, un déficit operativo superior a los $ 1.000 millones anuales y plantas potabilizadoras con sesenta años de antigüedad, cuadrillas desmanteladas o cañerías con más de cien años de uso.
De las 11 regiones en las que está dividida la empresa, el informe las separó por problemas: salinización, presencia de arsénico, falta de redes y nitratos, presencia de hierro y manganeso y desertificación.
En gran parte de la concesión, ABSA trabaja con perforaciones subterráneas. Según el informe, esta “electrodependencia” generó que, “ante la crisis eléctrica o baja tensión, la empresa no puede operar correctamente”, y, por otro lado, “los pozos tienen una vida útil de pocos años por la sequía de las napas o la falta de presión de los acueductos”.
En uno de los apartados del informe se detalla que la falta de mantenimiento alcanza a las 18 plantas potabilizadoras (la de Punta Lara, “Donato Gerardi”, cumplió sesenta años y estaba pensada para treinta) y las 77 plantas depuradoras cloacales. “Hay un gasto extraordinario por rotura de bombas, andamiajes en deterioro y mayor consumo de potabilizantes”, explica el documento. Hay ciudades, como La Plata, donde las cañerías cumplieron cien años sin ser renovadas. La gobernación tiene más de 40 mil reclamos irresueltos por “baja presión, pérdidas y conexiones irregulares”.
Otro tema acuciante son los desbordes cloacales. Según el informe, generan problemas de sanidad y ambientales, además de malestar por el fuerte olor. “Los desbordes se reiteran en toda la concesión”, agrega. Ante esto, en la gobernación preparan un plan de inversiones por más de $ 5.400 millones, en parte financiadas por la Corporación Andina de Fomento.
