La creciente cantidad de denuncias de magistrados por maniobras de suplantación de identidad para la tramitación o intervención de líneas de telefonía celular, así como también con fines de hackeo de los dispositivos para espiar sus comunicaciones, puso al Poder Judicial en estado de alerta.
En un mes cuatro jueces de Comodoro Py denunciaron que fueron víctimas de la intervención ilegal de sus dispositivos móviles mediante un mecanismo que a primera vista reviste de complejidad pero que con diversos datos personales de las víctimas puede realizarse de manera muy ágil.
Ante esto, no se descarta que el expediente que encabeza el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi pueda convertirse en una megacausa con miras a determinar si se trata de un accionar sistematizado con fines de persecución contra jueces que intervienen en causas sensibles a la política.
En los últimos días se sumó la presentación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien aseguró que al menos dos personas recibieron llamadas desde un abonado haciendo uso de su nombre.
Con Lorenzetti son tres los ministros de la Corte perjudicados por este ilícito. El primero en denunciarlo en Comodoro Py fue el propio titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien dijo que se gestionaron por lo menos cuatro abonados bajo su nombre a principio de este año.
Según un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que recibió el juez Martínez de Giorgi, el trámite por las líneas a nombre de Rosatti (el cual no había solicitado), no solo se concretó en la provincia de Misiones sino que también se gestionó un quinto abonado bajo la titularidad del vice de la Corte Carlos Rozenkrantz.
Martínez de Giorgi también trabaja en las denuncias de dos de los jueces del Tribunal Oral Federal Número 2: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu –quienes intervinieron en el juicio de la causa conocida como “Vialidad”, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión–, quienes adujeron que a lo largo de varias horas no podían acceder a comunicación de datos o de llamados de sus teléfonos.
Mismo caso ocurrió con dos jueces de la Cámara Federal de Casación: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes también fueron víctimas de esa modalidad conocida como SIM SWAP. Los magistrados de la sala IV de ese tribunal son quienes tendrán que revisar las apelaciones presentadas esta semana por las defensas en el expediente Vialidad y por el Ministerio Público Fiscal.
Paralelamente, la Justicia de la Ciudad lleva adelante la investigación del hackeo al teléfono del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Tras diversas averiguaciones, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, Daniela Dupuy, dio con el principal responsable del “SIM SWAP”.
Se trata de Ezequiel Nunes Pinheiro, de 22 años, quien más allá de admitir haber intervenido ilegalmente el celular de D’Alessandro, lo hizo también con los de los jueces Basso, Giménez Uriburu y Hornos pero a pedido de una persona que lo contactó por Telegram y le pagó a través de una billetera virtual.
Lo llamativo es que Nuñes Pinheiro es oriundo de la localidad misionera de Eldorado, misma provincia donde se gestionaron las cuatro líneas a nombre de Rosatti, con lo cual no se descarta que sea quien ordenó la pinchadura.
