El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, firmó un memorando de entendimiento con Amazon Web Services (AWS), perteneciente a la empresa estadounidense Amazon, que propone un marco de colaboración recíproca. Las ONGs Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Fundación Vía Libre presentaron pedidos de acceso a la información pública para conocer los detalles del acuerdo.
Según el acuerdo, AWS proveerá de capacitación y asistencia para aprender a utilizar e implementar sus servicios en la nube. A cambio, el Gobierno argentino tendrá disponible durante un año un espacio allí para alojar lo que considere pertinente. Aun se desconoce dónde estarán emplazados los servidores.
"Lo primero que hay que mencionar es que la nube no existe. Es una estrategia de marketing. Lo que llamamos nube son, en realidad, computadoras ajenas sobre las que no se tiene control ni jurisdicción, por estar físicamente en otro territorio", advierte Beatriz Busaniche, presidente de Fundación Vía Libre.
Por su parte, Valeria Milanes, directora de las áreas de Privacidad y Libertad de Expresión de ADC, explica que “ante un anuncio como este nos pareció prudente pedir información". EPresentamos siete preguntas básicas, que buscan tomar conocimiento sobre las bases de datos que se cederán. No todas corresponden a datos personales, por eso es que necesitamos precisiones. En base a la respuesta que obtengamos, haremos nuevas consultas”, anticipa.
Desde Modernización aclaran que, si bien aun no está definida la información a subirse, todo lo que se aloje allí será informado. Precisan que no colocarán datos sensibles, que provoquen un perjuicio para el Estado o el país, ya que Argentina cuenta con el datacenter de ARSAT para esos casos. Y confirman que, por el momento, Precios Claros, del Ministerio de Producción, corre en los servidores de AWS.
“Con la información que tenemos hasta el momento, consideramos que el Gobierno argentino no recibirá nada bueno de esto. Hay una pérdida de capacidades. Si los datos son el petróleo del siglo XXI, colocarlos en servidores extranjeros es resignarlos y, en consecuencia, resignar soberanía”, sentencia Busaniche.
Ambas ONGs señalan, como aspecto importante a considerar, el contexto en el que se produce el acuerdo. “Desde ADC advertimos que Argentina tiene una política de apertura y adquisión de herramientas tecnológicas para uso del Estado y la economía. Esto es parte la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya cumbre será en diciembre en nuestro país. Allí se discutirá el comercio electrónico, es decir, la transferencia internacional de enormes cantidades de datos”, apunta Milanes.
“No podemos desconocer que el convenio permite una alineación con los intereses de la OMC y del lobby empresario”, indica Busaniche. Y agrega que “en el ámbito local, responde a la agenda marcada por el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones del Congreso en marzo, en cuanto a una reforma en la ley de protección de datos personales”.
“La implementación de tecnologías no es mala per se. Pero no se puede perder de vista al individuo. El dato es una definición de la persona, que no se limita al número de documento sino que incluye, por ejemplo, su historial de búsqueda en internet e información de geolocalización. Como ONG nos toca preguntar cómo se piensa todo esto”, concluye Milanes.
