Por orden judicial, la Policía Federal allana este jueves cinco dependencias de las empresas concesionarias Autopistas del Sol (AUSOL) y de Grupo Concesionarios del Oeste (de Acceso Oeste). Los procedimientos son en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades detrás de los acuerdos que las empresas firmaron con el gobierno de Mauricio Macri, cuando se renegociaba de la deuda que el Estado mantenía con ellas.
El expediente comenzó tras una denuncia de los legisladores Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, y es instruido por el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. Los procedimientos se realizaron entre la ciudad de Buenos Aires, San Isidro e Ituzaingó. En la causa están imputados, entre otros, Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne.
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El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía española Abertis y sus socias y reconocerles deudas millonaria. El conflicto con las concesionarias de autopistas nació con la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Con dos de las concesionarias, el Estado llegó a un arreglo durante el kirchnerismo, pero tanto Autopistas del Sol SA (Ausol, acceso norte) como el Grupo Concesionarios del Oeste SA (acceso oeste) rechazaron las propuestas del Estado en aquel entonces.
En 2019, se presentó ante la justicia la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana (FpV) que, con documentos públicos apuntó a demostrar que recién cuando Macri se perfilaba como posible presidente, tras las PASO de agosto de 2015, y más tarde cuando estaba por asumir, la principal accionista de Ausol (Abertis) presentó una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal en el que varias empresas con capitales extranjeros han demandado al Estado argentino cuando sus reclamos no son atendidos en el país o directamente son rechazados. Esa demanda fue tomada poco después como argumento por el gobierno de Macri para cerrar un acuerdo con las concesionarias y pagarles una deuda de US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones para Concesionarios del Oeste.
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El Grupo Macri, además, había vendido su parte en Ausol a Abertis, previo a este acuerdo.
El 17 de julio del año pasado, el fiscal Stornelli requirió la apertura del expediente ante el juzgado de Canicoba Corral. Solicitó copia de todas las intervenciones de los distintos organismos del Gobierno que participaron del acuerdo con las concesionarias.
CD/MC
