El procesamiento ordenado por el juez Ariel Lijo contra el vicepresidente Amado Boudou, por la supuesta adquisición para si de la imprenta Ciccone Calcográfica, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, no sólo es un hecho histórico sino que además abre la posibilidad a un juicio oral durante en un año electoral como el 2015.
El procesamiento recayó también sobre el socio y amigo del vice, José María Núñez Carmona, al señalado como testaferro del funcionario Alejandro Vandenbroele, al jefe de abogados de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, suegro del primero.
El viernes, el abogado de Boudou, Diego Pirota, solicitó la ampliación de la declaración indagatoria para el próximo 4 de julio pero analiza recurrir la resolución ante la Cámara Federal quien deberá analizar si avala o no la decisión de Lijo.
Pero el vice no será el único que apelará la decisión, sino también el resto de los procesados según pudo reconstruir Perfil.com.
En tanto Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, ya habían planteado hace unos días la nulidad del llamado a indagatoria que ordenó el juez, lo que también deberá resolver la Cámara.
Esto y las supuestas dilaciones que tendrían como estrategia otros de los indagados como José María Núñez Carmona que pidió prórroga por no haber podido leer su nuevo abogado los 27 cuerpos del expediente, o el último pedido del ex asesor del Ministerio de Economía, Guido Forcieri, que alegó no poder presentarse a la indagatoria por sus “responsabilidades laborales ante la causa de los fondos buitres”, habrían sido la razón, por la que el juez decidió “apresurar el procesamiento de Boudou”.
El magistrado habría sentido que quisieron marcarle el ritmo del proceso, explicó una voz cercana al magistrado, y tomó el timón.
Los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, son delitos “excarcelables”, razón por la que el magistrado habría omitido resolver la “prisión preventiva de Boudou”, explican especialistas.
Las mismas voces expertas, explican que de la lectura de las más de 300 fojas del procesamiento, las pruebas que para Lijo serían contundentes, como el nexo y la relación entre los procesados ameritaría que se contemple un delito de mayor gravedad como el de asociación ilícita, que permitiría la prisión preventiva.
En tanto, Ariel Lijo podría desdoblar la causa y elevar a juicio la investigación “completa” sobre los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública previo a un año electoral.
Sin embargo, debería seguir investigando el supuesto delito de lavado de dinero que encubriría la “inyección de fondos” para levantar la quiebra de la empresa, como se lo indicó la Cámara Federal, según explicaron fuentes judiciales.
Sin embargo, para elevar la causa a juicio oral, el juez requeriría del aval del fiscal federal Jorge Di Lello, quien ha mostrado discrepancias con el magistrado.
(*) Especial para Perfil.com
