Amnistía Internacional presentó un nuevo informe sobre Venezuela donde documenta una serie de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2019 y los ubica como parte de un mismo patrón represivo que se remonta a 2014, en el inicio del gobierno de Nicolás Maduro. Como resultado, exhorta a los gobiernos “genuinamente preocupados” por la situación en el país sudamericano a tomar cartas en el asunto a la par de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar desde comienzo de 2018. Le habla, entre otros, al de Argentina y a su Poder Judicial.
“Hacemos un llamado a los gobiernos de la región para que activen sus mecanismos de jurisdicción universal, es decir, que permitan que sus tribunales nacionales puedan conocer de estos crímenes de derecho internacional de modo que se pueda traer a los perpetradores ante la justicia”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Hacemos un llamado a los gobiernos de la región para que activen sus mecanismos de jurisdicción universal"
Bajo el título “Hambre de Justicia. Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, el reporte da cuenta de la detención de referentes identificados con la protesta social —provenientes, en su mayoría, de zonas humildes—, su tortura y presunta ejecución en manos de la Guardia Nacional Bolivariana y su cuerpo militarizado, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). El relevamiento estuvo a cargo de un equipo de la organización, entre el 31 de enero y el 17 de febrero de este año, y registró un total de seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de uso excesivo de la fuerza, y seis detenciones arbitrarias, así como el encubrimiento y falta de investigación de varias de ellas.
“Países como Argentina y los que conforman el Grupo de Lima deben encontrar mecanismos para asegurar los derechos de las personas en Venezuela y también de los venezolanos y venezolanas que hoy día buscan protección internacional en sus países a través del carácter de refugiados porque son personas que escapan de un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos”, explicó Guevara Rosas a este medio. En Argentina, solo de 2017 a 2018, se octuplicó el número de solicitantes de asilo de origen venezolano ante la Comisión Nacional para Refugiados (Conare): pasó de 135, en 2017, a 883 en 2018.
Amnistía sigue el recrudecimiento del escenario venezolano desde 2014, cuando estallaron las primeras manifestaciones contra el gobierno de Maduro. Desde entonces a la fecha, ha contabilizado más de 200 víctimas fatales y un patrón que pareciera repetirse en toda la geografía con una virulencia en crecimiento sobre la población civil conforme pasaron los años, a juzgar por los delitos que se le endilgan a los uniformados.
Desde 2014, Amnistía ha contabilizado más de 200 muertes y un patrón que se repite en toda la geografía venezolana
El informe habla de 43 fallecidos en febrero de 2014, entre ellas diez funcionarios públicos, y una serie de denuncias contra las autoridades por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por motivos políticos. Tres años después, el número de fatalidades se triplicó hasta superar los 120 casos, en manos del Estado y de los denominados “colectivos chavistas”. Y este año, en apenas cinco días, al menos 47 personas fallecieron en el marco de las protestas en 12 de los 23 estados venezolanos. Al menos 39 de ellos, perecieron en manos de fuerzas del Estado (33) o terceros actuando bajo su venia (6). Amnistía reporta, además, que once de aquellas muertes tendrían características de ejecuciones extrajudiciales selectivas.
En el contexto de una crisis que ha obligado a irse del país a unos 3,4 millones de personas, la protesta social se volvió “la principal y más visible respuesta dela población para canalizar su descontento”, subraya el reporte. De ahí que las movilizaciones por la escasez y falta de alimentos, medicinas, una salud cada vez más precaria y apagones regulares pasaron a describir el día a día de millones de venezolanos.
AS CP
