Desde hace un tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene denunciando una profunda crisis financiera, quizá la peor de su historia. Esta debacle no es nueva, ni tomó de sorpresa, puesto que es producto de años en los cuales de manera sistemática se financió inadecuadamente. A pesar de los compromisos asumidos en el pasado por parte de los Estados, de “financiar de manera adecuada el organismo”, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)- del que forma parte la CIDH- es el sistema con peor financiación en el mundo. La gravedad de esta situación demuestra que existe una falta de voluntad política expresa por parte de algunos estados de financiar y promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
Es por esa razón que cobra relevancia el comunicado librado esta semana por la CIDH agradeciendo al gobierno argentino por el aporte extraordinario con el fin de contribuir a superar la actual crisis financiera que enfrenta la Comisión. Con un total de USD 400.000 a ser aportados en 2016, Argentina se convierte en el principal donante latinoamericano a la Comisión, y da pasos sólidos para apuntalar compromisos asumidos por este gobierno, entendiendo la defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como una política de Estado. Para el país- especialmente para nosotros, sus ciudadanos- la importancia que reviste la CIDH no debe ser dejada de lado: el sistema interamericano es una de las principales garantías que tenemos ante los problemas estructurales de nuestro país, pero principalmente ante las violaciones graves a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, vale aclarar que el comunicado se publicó días antes de la llegada de James Cavallaro, Presidente de la CIDH, al país en el marco de una visita con una agenda que incluye la visita a centros de detención- a raíz de medidas cautelares ya interpuestas-, reuniones con autoridades nacionales y un conversatorio con participación de altos funcionarios de los tres poderes y miembros de la sociedad civil, para debatir sobre prisión preventiva y medidas dirigidas a su reducción.
El aporte argentino a la sustentabilidad de la CIDH no es un hecho aislado- De hecho, Cavallaro en declaraciones a la prensa aseguró que "evidentemente, la contribución que ha hecho Argentina lo coloca como el país latinoamericano que más ha apoyado el trabajo en términos financieros de la Comisión". Cabe destacar que no fue la única contribución que ha hecho Argentina en la agenda internacional en materia de derechos humanos. Ejemplo de ello fue la postura ante la crisis política y social en Venezuela, cuando en campaña presidencial Macri se comprometió con la defensa de los derechos humanos en el país caribeño, postura a la que se le ha dado continuidad a través de comunicados oficiales, conferencias de prensa, exposiciones ante organismos internacionales y el accionar diplomático argentino en instancias como la OEA.
Ante el proceso de paz en Colombia, Argentina también busca contribuir. Se considera que los procesos de desarme, desmovilización y reintegración; justicia transicional; y reforma de sector seguridad son pilares centrales para la creación de condiciones idóneas para la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos. Es así que Argentina ya se ha comprometido a desplegar 75 observadores militares que acompañaran tareas de desarme y desmovilización de combatientes de las FARC. En un futuro cercano más contribuciones podrían provenir desde Argentina, sean vinculadas a cuestiones más teóricas y políticas del proceso post-conflicto, o de índole más operativa como aquellas funciones vinculadas al desminado humanitario.
En un aporte más global, el compromiso argentino para recibir a tres mil refugiados sirios no debe pasarse por alto. En la actualidad la severa crisis humanitaria afecta a más de 60 millones de personas en el mundo, por lo cual la cifra de tres mil refugiados puede parecer un número casi simbólico, pero es un primer paso para demostrar a los gobiernos de la región y del mundo que sus políticas migratorias y de refugiados están relacionadas a su responsabilidad de proteger a las poblaciones de conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.
A pesar de los avances, todavía quedan muchos desafíos por delante en cuanto a política externa y derechos humanos. Pero también son muchos los aportes que Argentina puede realizar en este ámbito. La fuerte defensa que el país, siguiendo una política de Estado, le brinda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no debe ser dejada de lado, por lo cual se hace particularmente importante la ratificación de las Enmiendas de Kampala (que amplía la definición de crímenes de guerra y tipifica el crimen de agresión) en el Congreso de la Nación.
Nuestra resiliencia como sociedad ante los horrores de nuestro pasado nos ha nutrido de experiencia, herramientas y capacidades que hoy se pueden capitalizar, sea para continuar con el fortalecimiento de políticas de Estado en materia de derechos humanos o para contribuir en el ámbito internacional a proteger a aquellos que más riesgos corren. Es así que el apoyo a la CIDH, el compromiso con los DDHH en Venezuela, la recepción de refugiados sirios y nuestro aporte a la paz colombiana se convierten en importantes hitos que marcan la continuidad en la defensa de los derechos humanos, sea dentro o fuera de nuestras fronteras.
