La fuerza del poder de veto con el que cuenta el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura con los siete votos propios, logró blindar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas de corrupción en su contra que llegarán a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Con el apartamiento “intempestivo” del camarista del tribunal Luis Cabral, haciendo uso del último paquete de leyes que aprobó el Congreso el 17 de Junio pasado, entre ellas la de las subrogancias, el kirchnerismo embistió a la justicia con el objetivo de “impunidad”, sostienen allegados al juez removido.
La Casación es la tercera instancia revisora “clave” que servirá al oficialismo de dique de contención en causas sensibles y evitará su arribo a la Corte donde ya no cuenta con mayorías propias. Sin embargo, ha sido un tribunal afín al kirchnerismo desde que arribó al poder y el operador que maniobró cada resolución ha sido el Secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini, actual candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial oficialista junto a Daniel Scioli, deslizan fuentes internas.
Dos camaristas respondieron a Zanini de manera leal y efectiva. La actual presidenta del cuerpo, Ana María Figueroa, discípula del funcionario y Alejandro Slokar, amigo y coautor de libros con el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaronni.
Sin embargo no fueron los únicos, según las resoluciones que se emitieron durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner como de la actual, Cristina Fernández de Kirchner, los camaristas Angela Ledesma, Eduardo Riggi como Mariano Borinsky, inclinaron la balanza al oficialismo.
Gustavo Hornos, ha sido un nexo entre la Corte Suprema y los intereses del Gobierno y en la última causa sensible en la que se cuestionaba la responsabilidad penal del ministro de planificación Julio De Vido y su esposa por enriquecimiento ilícito, su voto que tomó ritmo de “cambiante” durante el proceso de análisis, finalmente se inclinó por la revocación del sobreseimiento y la causa se reabrió.
Presión. Casación tiene cuatro Salas de las cuales dos presentan cargos vacantes. La I mantiene tres vacancias y la Sala II, una. Pero hasta la fecha, ninguno de los conejeros ni magistrados denunció esa irregularidad.
Bastó la orden de Zanini para que Figueroa mandara un oficio el día martes, y ayer jueves el kirchnerismo en 10 minutos sacara a Cabral de su cargo, sin dar explicaciones y sólo con el uso de la norma que tampoco nadie cuestionó, explican secretarios letrados.
La subrogancia que se dio hasta la fecha entre los jueces titulares logró una madeja de internas y pujas en la resolución de causas de envergadura. Ahora, con la imposición de los conjueces alineados al Gobierno Roberto Boico, Norberto Frontini, y Claudio Vázquez la agrupación de funcionarios judiciales alineada al Gobierno, Justicia Legítima, sienta sus bases en el tribunal penal más trascendente del país.
Como lo es el ministro Carlos Fayt en la Corte Suprema, en la Casación, el camarista Juan Carlos Gemignani, ha sido el único de los nueve anteriores integrantes, que se enfrentó al poder en sus fallos con duros términos en sus fundamentos, explican entendidos en la materia. Pero está solo, sus compañeros no lo acompañan y pese a haber querido impulsar cambios Cabral, el ahora removido ha sido su rival, según detallaron los funcionarios que trabajan con ellos día a día.
El último enfrentamiento se dio en relación al Memorandum con Irán ya que Gemignani solicitaba rapidez en la resolución y Cabral se negó desde diciembre del año pasado. Luego, la muerte del fiscal Alberto Nisman paralizó aún más la voluntad de los otros colegas de Gemignani, Figueroa y Cabral quienes convalidaron la dilación del fallo.
En los últimos días, Cabral advirtió a sus colaboradores que armaba su voto por el Memorandum por la inconstitucionalidad pero ya el kirchnerismo no le dio tiempo y lo sacaron.
Jueces afines. Vázquez, abogado penalista es amigo personal del Secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien puso en marcha la estrategia de Zanini. Roberto Boico es miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y socio del constitucionalista alineado al Gobierno, Eduardo Barcesat. Aunque se desempeñó como abogado de Madres de Plaza de Mayo.
En tanto Frontini, fue magistrado ante el Tribunal criminal 5, asesor de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. También es amigo de Alvarez. Para varios constitucionalistas consultados, la cuestión se abrirá a debate ya que la Corte Suprema declaró en Abril de este año la “nulidad” e “inconstitucionalidad” de la lista de conjueces designados para suplir ante el Alto Tribunal.
Ahora la cuestión se judicializará con la presentación de amparos en la justicia nacional que deberá dar una respuesta a la cuestión de fondo y con buenas intenciones, la arremetida del gobierno debería volver atrás, como si nunca hubiera existido ya que para la Corte Suprema, sería “nulo” según su jurisprudencia. “Nulo” es sinónimo de inexistente en relación a los efectos y consecuencias que acarrea, explica a Perfil.com el constitucionalista Félix Lön.
