En pleno debate parlamentario de la boleta única proliferaron los argumentos a favor y en contra para implementarlo como instrumento de votación en el país. En ese marco, hay un aspecto poco difundido que tiene que ver con la cantidad de sellos que en cada elección se benefician con aportes del Estado para imprimir boletas y que luego su control se vuelve difuso. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2021, por ejemplo, se giraron cerca de $ 500 millones para partidos que no pasaron el filtro y no llegaron a la elección general.
Uno de los argumentos que repiten aquellos que resisten al proyecto impulsado por la oposición es que es necesaria una reforma integral, que, entre otras cosas, reduzca la cantidad de partidos políticos que existen en la Argentina. Una de las formas sería elevando los requisitos (avales o afiliaciones) necesarios para constituir un nuevo partido. Pero otro camino también es reducir los incentivos económicos que hoy existen.
En la legislación actual, cada frente debe encargarse de imprimir las boletas electorales y entregarlas a la Justicia para que estén en cada urna que es enviada a las escuelas de votación. Para eso, el Estado dispone de fondos para que todos puedan tener igual representación. El monto alcanza para cubrir a todo el padrón del distrito.
Después, las fuerzas con más peso imprimen dos o tres veces esa cantidad para hacer campaña primero y, el día de la elección, garantizarse que sus fiscales puedan reponer en caso de faltantes (principal argumento esbozado para cambiar el instrumento).
El problema, reconocen desde la Justicia y también las organizaciones civiles expertas en la materia, es que es difícil comprobar que los pagos a las imprentas fueron realmente por la cantidad de boletas necesarias.
Más allá de esas sospechas, lo que en los hechos termina sucediendo es que hay partidos que reciben millones de pesos y luego terminan teniendo un magro desempeño electoral. En la última elección en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Moral y Progreso recibió los correspondientes $ 16.897.008,94 para garantizarse su presencia en los cuartos oscuros. El padrón era de 12.735.785 electores habilitados para votar. En su informe de rendición de gastos de campaña ante la Justicia Electoral, los apoderados de Moral y Progreso declararon que gastaron $ 17.200.000 en impresión de boletas (también recibió $ 1.300.507,42 del Estado como aporte proporcional que recibe cada fuerza). La boleta que encabezaba Jorge Alberto Paz consiguió apenas 2.474 votos (el 0,03%), lo que significa que recibió $ 6.829,80 por cada papeleta que entró en una urna. Para la mayoría de los partidos chicos que no pasaron las PASO, ese cálculo da menos de mil pesos.
Pero no es la primera vez que Moral y Progreso recibe cuantiosos fondos para competir en una elección con magros resultados. En las PASO de 2019 también presentaron una boleta de diputados –con lo llamativo que sus candidatos son todos distintos a los de dos años después–, y consiguieron apenas el 0,02% de los votos. Recibieron los $ 6.836.744,28 correspondientes para imprimir sus boletas.
El caso de Moral y Progreso es uno más entre una larga lista de partidos que en caso de implementarse la boleta única también conseguirían estar en el cuarto oscuro, pero sin recibir fondos para boletas que, en el mejor de los casos, terminarían apiladas en las mesas de las escuelas.
En las PASO 2021 hubo 53 listas, en 13 distritos, que no pudieron pasar el filtro de 1,5% de los votos que fija la ley para poder competir en la elección general. Sumados, recibieron $ 477 millones para imprimir sus boletas.
Algunos partidos son nuevos, otros acumulan participación en elecciones sin pasar el piso electoral. Hay algunos con presencia nacional, como el Movimiento al Socialismo, que tuvo presencia en 13 distritos en las últimas PASO. En ocho no llegó a pasar el 1,5%. Si se suman los aportes del Estado para imprimir sus boletas allí se llega a los $ 39 millones.
