El juez Claudio Bonadio allanó las oficinas del Ministerio de Planificación, ENARSA e YPF a fin de encontrar material que sirva para analizar la denuncia por corrupción en la importación de gas licuado que realiza ENARSA –con dinero que administra Planificación, y con asesoramiento de YPF– y cuya cifra superó los US$ 4.000 millones en 2014.
El magistrado analiza las compras hechas por el Estado a través de estos organismos en los últimos 7 años en base a la denuncia por sospechas de corrupción que hicieron los diputados del PRO, Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, basados en reportajes dados a diarios por el ex ministro del menemismo, Roberto Dromi y en un comunicado de la petrolera de mayoría estatal.
La investigación de Bonadio recae sobre el ministerio de Planificación, YPF, ENARSA, Transener y varias empresas y particulares que figuran como asesores o intermediarios en las operaciones de provisión de Gas Natural Licuado (GNL).
En esas declaraciones periodísticas, Dromi expresaba como asesor del ministro de Planificación, Julio De Vido que "YPF actuaba en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la Ley", según indica DyN.
Los legisladores denunciantes recordaron en su escrito que "en el año 2008, la Argentina compró 7 barcos y en 2012, 80, a un costo que se estima en 50 dólares millones por barco" y al respecto se señaló que por esas compras, "en YPF critican a gritos la contratación de barcos que hacía ENARSA por mandato de De Vido".
Denuncia. En la denuncia que llegó a Bonadio, los legisladores también presentaron un comunicado oficial de YPF, en el que la petrolera de mayoría estatal señalaba que la compañía "no" iba a "permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra, con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país".
Todos estos datos, reproducidos en el escrito de los legisladores, los impulsan a sacar una "conclusión preliminar" en la que basan el pedido de investigación: "de lo expuesto surge que un asesor del ministro a cargo de ENARSA afirma que YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley, mientras que YPF afirma que antes de 2012 se actuaba sin transparencia, con intermediaciones y pago de comisiones innecesarias "'en perjuicio del país'". La denuncia dice que "ambos declarantes" (Dromi e YPF), participaron "directamente en la operatoria de compra de gas licuado para la Argentina, en representación del Estado".
Ante esto, solicitan investigar "cómo es que el asesor del ministro de Vido y la empresa estatal ENARSA en la adquisición litigiosa de la mitad de Transener, pasó a representar a un vendedor de gas a la misma ENARSA en contratos cuyo contenido y procedimientos de selección de contrapartes hasta ahora se ignoran" y se preguntan "¿Hubo negociaciones incompatibles con la función pública por parte de los funcionarios intervinientes?".
También solicitan investigar "Qué comisiones se pagaban y a quién en la compra de gas, incluyendo detalles de intermediaciones, consultoría y honorarios" y si "¿Hubo dádivas o sobornos de los particulares beneficiados o/y negociaciones incompatibles con la función pública por parte de quienes aceptaron la operatoria desde el Estado?".
En tercer término, se preguntan "qué función cumple YPF desde 2012, que intermedia entre los proveedores de gas y ENARSA, comprando por cuenta de ENARSA lo que ENARSA antes compraba directamente y con qué pautas de transparencia y resultados económicos (comparados con los previos) lo hace". Al respecto, los diputados añaden si "¿Hubo incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos o abuso de poder?".
Como cuarto pedido de investigación abren otro interrogante, preguntándose "si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles o incompatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operatorias y si lo han hecho sin conflicto de intereses y en beneficio del interés público, lo que la petrolera controlada por el Estado, YPF, niega".
Por último, solicitan que se cite "a todas las personas y periodistas mencionados en esta denuncia, además de proveer el resto de las medidas de prueba que correspondieran".
